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EFE
BUENOS AIRES.- Decenas de miles de argentinos repudiaron con huelgas y manifestaciones la muerte de un maestro el pasado jueves causada por el impacto de una granada de gas lacrimógeno lanzada por la policía en la provincia de Neuquén. Argentina ha vivido así la mayor protesta social de los cuatro años de gobierno de Néstor Kirchner.

Las marchas más masivas se celebraron en Buenos Aires y Neuquén, la provincia sureña donde el profesor de química Carlos Fuentealba, de 42 años, falleció el pasado jueves tras la represión policial de una protesta de maestros que reclamaban mejoras salariales.

Los docentes llevaron a cabo una huelga nacional de 24 horas que contó con una gran adhesión en el sector educativo, aunque también pararon de forma temporal los servicios de transporte público y la actividad bancaria, judicial y sanitaria.

Las manifestaciones y protestas contaron con la adhesión de las dos mayores organizaciones sindicales del país, la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores Argentinos (CTA).

El origen de la jornada de protesta fue la muerte de Fuentealba, quien falleció tras un día de agonía al impactar en su cabeza una granada de gas lacrimógeno disparada por un policía en Neuquén. El deceso del docente ocurrió en medio de una oleada de huelgas de maestros que abarcaba a cuatro provincias argentinas.

Los únicos incidentes en las protestas de hoy ocurrieron en el norteño distrito de Salta, donde las fuerzas de seguridad dispersaron con gases lacrimógenos y balas de goma a grupos de maestros que intentaban entrar en la sede de la Legislatura local.

En la capital argentina, otros 40.000 manifestantes, entre maestros, estudiantes, miembros de organismos de derechos humanos y militantes de fuerzas políticas de izquierda, se movilizaron hacia la sede de la Casa de Neuquén en Buenos Aires.

CORREPI - BOLETÍN INFORMATIVO
Número 422 - 9 de abril de 2007

NO ES UN POLICÍA…
El policía José Damián Poblete que fusiló a Carlos Fuentealba tenía dos condenas por tortura, esa práctica sistemática estatal que jueces y fiscales maquillan llamándola “apremios ilegales” o “vejaciones”. No sólo estaba en libertad, sino que seguía en funciones como policía a pesar de que junto con las penas en suspenso lo habían inhabilitado. Además de las dos condenas (una firme, la otra apelada en la Cámara de Casación) registra una serie de denuncias por cuestiones personales como amenazas a su pareja, y más importante todavía, es uno de los policías acusados por “abuso de armas” en la jornada del 12 de abril de 1997 en Cutral-Co. Más claro: es uno de los policías que disparó contra los manifestantes el día que mataron a Teresa Rodríguez.

Como en tantos otros casos que nos cansamos de denunciar sin que se conmueva la opinión pública -como sí ha ocurrido en este caso-, el asesino es de carrera. Como el bonaerense Héctor Eusebio Sosa, que mató en la Navidad pasada a dos jóvenes por la espalda cuando debía estar exonerado por el homicidio en 1999 de Víctor “Frente” Vital; como el federal Justo José Luquet, que fusiló a Marcelo Báez en 2002 pese a que estaba procesado por una causa fraguada en la que fue luego condenado; como Lorenzo Colman, uno de los asesinos del Puente Pueyrredón, que un año antes había fusilado al adolescente Oscar Maidana en la Isla Maciel. Como Edgardo Russo, vinculado por casamiento y amistades con la gran familia judicial, que siendo subcomisario mató al inmigrante peruano José Llancari Núñez en 2000, dos años más tarde fue encubridor en el homicidio de Luis Guzmán y terminó su carrera ascendido a comisario. Como el comisario Espósito, asesino de Walter Bulacio, que nunca fue echado de la policía, ni siquiera después de retirado por propia voluntad, cuando ya hubiera sido meramente simbólico. O como el fusilador del 20 de diciembre Ernesto Weber, también ascendido a comisario como premio por los homicidios de Plaza de Mayo en 2001 y por la represión a la Legislatura en 2004.

Muchos se rasgan las vestiduras preguntándose cómo puede ser posible que esos antecedentes pasen inadvertidos o se les escapen a los jefes del aparato represivo, con lo que reducen la cuestión a una incomprensible serie de torpezas, descuidos y negligencias que se resolverían con “mecanismos de control” más aceitados o funcionarios más atentos y diligentes. El argumento exculpatorio del poder político se cae por su propio peso: no es que ignoren esos antecedentes, sino que es el perfil de policía que necesitan para reprimir. Lejos de ser una traba para el ascenso, haber estado en la represión de Cutral Co, de Plaza de Mayo, o tener uno o dos gatillos impunes en su haber es parte del necesario curriculum para avanzar en la carrera policial, por lo menos hasta que la cosa se hace pública. Entonces, le sueltan la mano al ejecutor de su política y lo señalan con el dedo como si las órdenes se las hubiera dado otro.

Lo vimos en acción cuando el subsecretario de seguridad de Neuquén, Raúl Pascuarelli, salió a hacerle de abogado defensor a Poblete, anticipando que “se trató de un error policial, pudo haber tropezado, lo pueden haber empujado o puede haber recibido un proyectil”. Lo ratificó Sobisch al hacerse cargo de las órdenes, pero “no de los excesos”. Obligado por las circunstancias a abandonar al sicario, bienvenida la tesis del exceso. “Excesos” que han matado 660 personas desde mayo de 2003 en todo el país, dicho sea de paso.

…TAMPOCO SÓLO UN GOBERNADOR
El repudio al asesinato de Carlos Fuentealba ha sido unánime, desde todos los colores políticos e incluyendo al gobierno nacional, que no va a perder la oportunidad, por sí o por sus personeros, de pintarse la cara de defensor de los DDHH mientras de paso saca de carrera un contendiente electoral. Con el incondicional apoyo de la CTERA y la CTA, la primera respuesta oficial fue la conferencia de prensa encabezada por Hugo Yasky y Horacio Verbisky, con el objetivo de absorber y cooptar el conflicto neuquino para sí, ocultando que las bases docentes neuquinas no responden a la entreguista dirigencia nacional. Con la “pequeña ayudita de los amigos”, como los organismos de derechos humanos kirchneristas, Yasky ocultó también que la pelea docente se extiende a Salta, La Rioja y Santa Cruz, donde la política de K no es muy diferente de la de Sobisch a la hora de represaliar la protesta.

Así como pretenden nacionalizar bajo la dirección de la burocracia de CTERA y CTA la lucha de los trabajadores, pretenden provincializar la responsabilidad por la represión. Jugando de federalistas, usaron cualquier argumento para sostener que la asesina es la policía Neuquén, y que la represión la ordenó el gobernador. Quieren hacer creer que hay un método represivo “malo”, y uno disuasivo “bueno”, que es el de ellos.

También la derecha más franca entró en crisis. El menemista Puerta y Macri tuvieron que romper el romance con Sobisch, del mismo modo que el segundo se sacó de encima a Di Zeo, y tuvieron que repudiar, haciendo eje en su caso en la calidad de la víctima, al que pronto empezaron a mencionar como el “inocente maestro asesinado” mientras se iba pacíficamente del corte. Nuevamente la idea de “víctima inocente”, que parte del presupuesto de que hay otras “culpables”. Si en lugar de un profesor de química luchando por una mejora salarial, hubiera sido un piquetero, el “pecado original”, el corte de ruta, hubiera sido elevado a la categoría de justificación plena de la represión. Quedó sólo Blumberg, más fiel, insistiendo en que “lo grave es que se corten las rutas”.

Pero, argumenten por derecha o por izquierda, todos los que limitan la responsabilidad al poder político provincial, a Sobisch y su “policía brava”, al “fascismo” encarnado en el neuquino y sus símiles Macri, López Murphy o Blumberg, o variantes por el estilo, lo que hacen -lo digan o lo disimulen- es defender al gobierno nacional con argumentos reduccionistas como “no son lo mismo”, intentando esconder que en definitiva, más allá de los matices y de sus internas, Kirchner y Sobich representan y defienden los mismos intereses, los de los explotadores.

No sólo Sobisch es el autor intelectual del homicidio. El poder ejecutivo nacional, que se ha cansado de reprimir a lo largo y ancho del país, y sólo por casualidad no produjo desde 2003 más que una muerte en una movilización popular (Luis Marcelo Cuéllar, en Jujuy), también salió a bancar la represión en las rutas neuquinas. El ministro-candidato Filmus justificó la represión diciendo que la lucha de los docentes no domesticados por la kirchnerista CTERA fue una “provocación” impulsada por un “grupo de troskistas” que decidieron cortar la ruta justo un fin de semana largo. Hugo Yasky, bien calificado por una docente neuquina como “ministro sin cartera” del gobierno nacional, habló del “método del garrote de la dictadura”, cuando el policía Poblete, nacido en 1972, no había terminado la primaria en 1983. Aníbal Fernández confesó que “en dos provincias (Salta y Neuquén) se nos dificulta el control de la protesta”. Se olvidó de Santa Cruz, donde la gendarmería controla las escuelas, y de los centenares de protestas reprimidas en todo el país que los medios silencian a cambio de publicidad oficial.

Cuando Víctor Choque y Teresa Rodríguez fueron asesinados en Tierra del Fuego y Neuquén por fuerzas de seguridad provinciales, la relación del presidente Menem y su partido con los gobernadores Estabillo y Sapag no era muy diferente a la que hoy sostiene Sobisch con el presidente Kirchner, como no lo era la relación del gobernador Romero de Salta con el presidente De La Rua cuando cayeron Barrios o Santillán. Kirchner y Sobisch, disputas intestinas aparte, comparten intereses petroleros como han compartido actos y tribunas cuando les conviene, y son corresponsables de la represión que mató a Fuentealba.

CORREPI
Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional
Ciudad de Buenos Aires • Argentina
correpi@fibertel.com.ar http://www.correpi.lahaine.org

AFP

Huelgas y mitines en Argentina por el asesinato de un maestro

Decenas de miles de personas marcharon este lunes por ciudades de Argentina, conmocionadas por el crimen de un profesor cuando reclamaba aumento de salarios, en una jornada de huelgas de las centrales obreras que semiparalizaron el país contra el abuso policial.

Un maestro sostiene una pancarta en buenos aires,
‘¡Nunca más!’, se leía en un gran cartel al frente de una multitudinaria movilización de sindicatos y organizaciones sociales que copó el centro de Buenos Aires, en una de las mayores manifestaciones en el gobierno del presidente Néstor Kirchner, quien termina su mandato este año.

Los mitines en todo el país clamaron por la renuncia del gobernador de la provincia de Neuquén (sur), Jorge Sobisch, en cuyo territorio murió el miércoles pasado el profesor de química Carlos Fuentealba, de 40 años, asesinado por la espalda por un policía de civil con una pistola lanzagases.

‘Mantengo mi candidatura a presidente. Si tuviera que volver a dar la orden de represión, la daría por respeto a la Constitución’, declaró a la TV Sobisch, quien justificó la acción policial en que maestros en huelga de su provincia impedían con piquetes el derecho a circular por las carreteras.

Unos 350.000 educadores de la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) vaciaron las aulas de las escuelas primarias, secundarias y universitarias, con una huelga de 24 horas que tuvo adhesión plena. ‘Las tizas no se manchan de sangre’, ‘Basta de gatillo fácil’, ‘Fuera Sobisch’, ‘Si tocan a uno, nos tocan a todos’, fueron algunas leyendas de los carteles y pancartas exhibidas en las manifestaciones.

Un nuevo hecho de violencia estalló este lunes cuando policías dispararon gases lacrimógenos y balas de goma contra docentes que intentaban entrar a la Legislatura (parlamento provincial) de la provincia de Salta (norte), en una marcha de repudio por el asesinato.

La conmoción por la muerte del docente de un barrio humilde de Neuquén, logró unir por primera vez en seis años a las dos centrales obreras, la mayoritaria CGT (peronista) y la minoritaria CTA (centroizquierdista). ‘A Carlos lo fusilaron’, dijo Sandra Rodríguez, esposa de Fuentealba, en un acto que congregó a unas 20.000 personas en la capital de Neuquén, a unos 1.200 km al sudoeste de Buenos Aires, donde la oposición y los sindicatos reclaman el juicio político y la destitución del mandatario.

Sobisch era un aliado político del magnate industrial Mauricio Macri, pero el presidente de Boca Juniors y candidato a jefe de gobierno de Buenos Aires declaró rotas las relaciones después del crimen del maestro.

Maestros neuquinos pintaron el lunes de negro en señal de luto puertas y ventanas de la gobernación, mientras mantenían piquetes en carreteras de la provincia, de unos 350.000 habitantes.

Masivas marchas de repudio a la represión policial recorrieron los principales centros urbanos, entre ellos Rosario (centro-este), Córdoba (centro), Mendoza (oeste), Salta (norte), Jujuy (norte) y Mar del Plata (sur). Pero en la provincia de Santa Cruz (sur), los docentes en huelga marcharon también en desafío a Kirchner, ex gobernador del distrito y a quien le reclaman un aumento de salarios.

Sindicatos del transporte paralizaron autobuses, trenes y metro durante tres horas y gremios judiciales cesaron la actividad en tribunales.

Las centrales obreras argentinas están en plena negociación con las cámaras empresarias en reclamo de aumentos de sueldos del 20% al 35%, tras registrarse una inflación minorista acumulada del 22,1% en los dos últimos años.