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Conflictos sociales calientan el país
• Trabajo declaró ilegal la huelga minera y dijo que solo trabajadores de diez empresas de este sector informaron del inicio de su paro.
La República
Plaza tomada. Ahora los cocaleros de la Conpaccp que lidera Nelson Palomino son los que podrían sumarse a las marchas de protesta. Ya existe consenso en las bases cocaleras para realizar un paro nacional, pero esperarán el acuerdo final de la dirigencia el 2 de mayo en Lima.Mientras que los mineros aseguran que van a la huelga desde el 30 de abril. (Foto: EFE)
El escenario social está cada vez más cerca de parecerse al tráfico de Lima. Caótico. Las demandas sociales se han convertido en un cuello de botella para el gobierno ante la movilización de sectores convulsos como la organización cocalera y otros de influencia decisiva para la economía del país como el frente de trabajadores mineros.
Las protestas cocaleras encabezadas por los productores del valle El Monzón llevan 11 días en Huánuco y amenazan con trasladarse a la capital. Y este 2 de mayo, el sector cocalero de Nelson Palomino, secretario general de la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios de la Cuencas Cocaleras del Perú (Conpaccp), se reunirá en Lima para definir las medidas de fuerza que se realizarán al no concretarse la elaboración del empadronamiento nacional de productores, como se comprometió el Ejecutivo en el acta de Tocache. “Ya existe consenso en las bases cocaleras para realizar un paro nacional, pero van a esperar lo que digan los dirigentes en Lima”, dijo el presidente de la Asociación de Productores de la Hoja de Coca del Alto Huallaga y Padre Abad, Héctor García Lujerio.
Huelga MInera
El paro minero indefinido programado para el lunes 30 de abril contaría con la participación de los trabajadores de las mineras más importantes como Yanacocha, según aseguran los dirigentes. Algunos mineros se adelantarán como es el caso de los que laboran en la refinería de cobre de Southern Copper, en Ilo.
Ayer el Ministerio de Trabajo declaró ilegal esta movilización y la titular de este sector, Susana Pinilla, dijo que solo mineros de 10 empresas presentaron su solicitud de huelga. En tanto, los representantes de las empresas mineras calificaron de injustificada la huelga.
Los conflictos entre las empresas mineras y las comunidades siguen latentes sobre todo en Cajamarca, en donde pobladores de San Andrés de Negritos han bloqueado la carretera que conduce a la zona de Chanta Alta: exigen a la minera Yanacocha que cumpla con el compromiso de realizar labores de mantenimiento de la carretera dos veces al año y dar trabajo a los pobladores. Para el 3 de mayo se ha anunciado la movilización de la comunidad de Chugur (Hualgayoc), con apoyo de rondas campesinas y autoridades locales en contra de la minera Santahuatay del grupo Buenaventura y el proyecto de Misty Gold.
El caso de Majaz
Evalúan paro. Sector de Nelson Palomino define posición próxima semana. (Foto: Víctor Calderón)
La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) informó a La República que comunidades nativas originarias del pueblo Awajun, en la provincia de San Ignacio (Cajamarca) evalúan medidas rechazando los trabajos de exploración, que aseguran, realiza la minera Majaz. “Tienen miedo que se empiece a explotar el mineral y contaminen las aguas”, dijo el vocal de educación y comunicación de Aidesep, Saúl Puertas. En San Ignacio se encuentra el río Chinchipe que desemboca en el Marañón, fuente de vida de varias comunidades nativas. Los analistas aseguran que los conflictos se les puede ir de las manos al Ejecutivo.
Datos
ORIENTE. En Loreto, las autoridades regionales han anunciado un paro para el 3 y 4 de mayo solicitando que el gobierno central les otorgue más recursos para la contratación de maestros.
CIFRAS. En un reciente informe, la Defensoría del Pueblo señaló que hasta el 31 de marzo se registraron 79 conflictos, de los cuales 23 se encuentran activos (29%), 46 en estado latente (58%) y 10 resueltos (13%). Los conflictos medioambientales encabezan la lista.
“Alan se aleja de organizaciones sociales”
El analista político Carlos Reyna opinó que a estas alturas del gobierno de Alan García ya se puede hablar de “la responsabilidad del régimen en el origen de conflictos ya sea por acción u omisión”.
Reyna resaltó que las organizaciones sociales solo le están exigiendo al Jefe de Estado que cumpla con lo que se comprometió durante la campaña electoral como la fiscalización de las denominadas services que sirven como pantalla para ignorar los derechos laborales como el de los trabajadores mineros. El 80% de los 100 mil mineros trabajan mediante esta modalidad y solo el 20% figura en la planilla de las compañías mineras.
“Veo un gabinete que se lleva muy bien con el sector empresarial, pero mal con los sectores sociales del país. En este campo, este gabinete no va para más”, enfatizó Reyna. En su opinión adoptar la ley de “mano dura”, como la que ahora el Ejecutivo anuncia que impondrá en el paro cocalero, resulta “aun más dañino porque agrava la polarización del conflicto”.
El especialista en conflictos medioambientales, Marco Arana, señaló que el gobierno debe poner atención al apoyo que las autoridades locales y regionales puedan brindar a las organizaciones sociales en sus justas demandas ante la inacción del Estado. “¿Qué va a pasar cuando los alcaldes sintonicen con estas protestas, se junten las organizaciones sociales y regionales? Ingobernabilidad”, aseguró.
“Alan prometió gobernar para la gente más pobre y la percepción es que más bien ha optado por establecer una alianza con los sectores más conservadores y los empresarios mineros”, dijo.