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San Cristobal de las Casas, Chis., 27 de junio. De manera que pareciera “azarosa”, rebrotan los controles militares como los hongos en esta temporada de lluvia tenaz. Policías de la Agencia Federal de Investigación (AFI) van por delante en los nuevos puestos de revisión, si bien en los retenes se presentan como militares. Las tropas federales ya no se molestan en decir el reglamentario “estamos aplicando la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos”; ni siquiera se les requiere por parte de los agentes de la AFI para bajar a los pasajeros de los vehículos e interrogarlos.
Serán calenturas prelectorales (que como tales no pasan de febrícula); será que, vaya novedad, hay “conflictos intercomunitarios y religiosos”; será que los “ilegales” se cuelan por todas partes. Será que, como dicen los soldados recientemente establecidos en las afueras de Amatenango, “son revisiones de rutina”, aunque hasta hace pocas semanas no lo eran. Recordemos que uno de los objetivos de la estrategia contrainsurgente es volver “rutina” la guerra, por aquello de la baja intensidad.
En el control carretero entre Ocosingo y Chilón, que estos días “brota” no lejos de Temhó, además de la AFI y el Ejército federal, participan la Policía Federal Preventiva, agentes de Migración, de la policía estatal y hasta forestales. Idénticos retenes brotan entre Comitán y Amatenango, y a lo largo de la carretera fronteriza Montebello-Montes Azules. Como quien no quiere la cosa, rondan precisamente un buen número de municipios autónomos zapatistas. (Esto sin contar la ocupación militar dentro de todos los territorios rebeldes.)
Agréguense los patrullajes restablecidos en el norte de la selva lacandona, en las inmediaciones de San Javier y Nueva Palestina. Y el puesto de control del Ejército federal en Chancalá, que después de prolongado y foxista receso, se reactivó en días pasados, y se amplió hacia los accesos a Santo Domingo en la selva, y de la cuenca del río Chancalá, vecina de Tabasco.
Simultáneamente, los patrullajes militares y policiacos se multiplican en los Altos distantes de la selva. Hay nuevos retenes en caminos vecinales de Chenalhó, como es el caso de Yaxjemel, donde la organización Las Abejas denunció la presencia del Ejército federal en los campos, a la vez que reiteró que los paramilitares siguen armados y hostiles. ¿Otra “rutina”?
Los nuevos movimientos de control policiaco-militar, de carácter federal, de hecho rodean o atraviesan los municipios autónomos Olga Isabel, Primero de Enero, Miguel Hidalgo, Tierra y Libertad, Libertad de los Pueblos Mayas, San Pedro de Michoacán, El Trabajo, Ricardo Flores Magón, Vicente Guerrero (norte) y San Pedro Polhó, cuando menos.
A falta de paz, se gestionan promesas
A una semana de elecciones federales, oficialmente impera la tranquilidad en Chiapas. Y para que no piensen que el gobierno foxista se desentiende, el comisionado presidencial Luis H. Álvarez realiza en estos días una más de sus publicitadas giras por la zona de conflicto. “La paz se fortalece no sólo con la ausencia de enfrentamientos armados, sino también con la plena vigencia de la justicia social que con razón exigen las comunidades indígenas”, declaró ayer en Altamirano ante autoridades municipales oficiales, ejidatarios priístas y perredistas, y ganaderos (pequeños propietarios).
Las vueltas de Alvarez lo llevaron a Ocosingo, Acteal, Tumbalá, Tila, las cañadas de la selva, como si hubieran el diálogo y la negociación que titulan su cargo. Su oficina de prensa informa en cambio que el comisionado trae “respuesta puntual a cada una de las peticiones que le fueron formuladas durante anteriores recorridos por autoridades y dirigentes comunitarios”. Las peticiones “fueron gestionadas por la oficina a su cargo ante diferentes dependencias del gobierno federal, y ahora se traducen en acciones de desarrollo comunitario”. (O de cómo el comisionado de paz se volvió mero gestor de peticiones de autoridades, dirigentes y comunidades oficialistas.)
No obstante la “tranquilidad” que se dice impera, las autoridades electorales señalan “focos rojos” dentro y fuera de la denominada zona de conflicto, donde existen “riesgos latentes”. La representación chiapaneca del Instituto Federal Electoral comunicó ayer que “las zonas consideradas de riesgo abarcan principalmente la zona norte, Altos y región de las cañadas… en virtud de los problemas sociales y políticos que predominan”. Para el IFE al menos, estos “son puntos de tensión que pudieran volverse a activar con más fuerza”.
Además de diversos conflictos regionales en otras zonas del estado, el diagnóstico del IFE agrega tres localidades donde organizaciones y poblados anuncian que no permitirán la instalación de casillas: Nicolás Ruiz, Villa de las Rosas y Comitán.
Nueva militarización
Cambio de estrategia gubernamental (sin revelar aún) para el problema de las comunidades en Montes Azules. Elecciones a la vuelta de la esquina, un tanto incoloras, pero plagadas de “riesgos”. Agudización constante de las diferencias sociales y económicas entre las comunidades en rebeldía y las que no, mediante la repartición de programas que dividen a los pueblos y pretenden suplir el cumplimiento de compromisos y la verdadera negociación.
Mientras todo esto ocurre en tierras indígenas, un curioso consenso parece existir entre observadores independientes, académicos y periodistas: “No importa quién gane estas elecciones, el que gana es Pablo Salazar Mendiguchía”. Argumentan que, además de encabezar, al menos nominalmente, una alianza del PAN y el PRD, se ha rodeado de expriístas como él, miembros de la clase política de siempre; todo indica que estos últimos ya controlan el gabinete. Incluso el PRI, principal “oposición” en Chiapas, se ha dividido entre los leales al partido, y los leales al poder bajo influencia del salazarismo.
Así, resulta que hasta sus enemigos más jurados (las organizaciones independientes que lo impugnan, y el sector priísta opuesto a los grupos del mismo partido que se habría “entendido” con el Ejecutivo estatal) le atribuyen a Salazar Mendiguchía un poder de gobernador-con-todo-bajo-control, que al menos en el territorio indígena brilla por su ausencia, pues se subordina al mando militar y las decisiones federales, en una falta de paz que oficialmente nadie llama guerra.