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Independentzia eta Sozialismorantz
EUSKAL HERRIA, PASO A PASO
Servicio informativo de ASKAPENA, Nº 177
ABERRACIONES JURIDICAS PARA JUSTIFICAR UN GENOCIDIO POLITICO
El PSOE ha perdido los papeles. En su fantasmal “proceso de negociación” no ha conseguido forzar a la izquierda vasca para que renunciara a sus exigencias soberanistas. Semejante actitud desafiante de un reducto de vascones libertarios es intolerable. El Estado tiene que acabar con ellos y liquidarlos políticamente. Como estamos en un pretendido Estado de derecho y no resulta factible el genocidio físico, no queda más remedio que recurrir al genocidio político: privar a la izquierda vasca de sus derechos fundamentales civiles y políticos.
Mientras se sucedían las conversaciones supuestamente negociadoras, el PSOE ha mantenido activada la Ley de Partidos como una amenaza disuasoria para condicionar las conversaciones. Las elecciones municipales y provinciales de Mayo marcaban el punto clave: o la izquierda vasca se rendía o se aplicaría contra ella la Ley en todo su rigor para impedir el ejercicio de sus derechos ciudadanos.
La estrategia del PSOE era criminal pero no exenta de dificultades: por un lado la Ley, a pesar de su obscenidad fascista, tiene sus limitaciones. Por otro lado, la izquierda vasca ha puesto sobre la mesa una serie de opciones: la inscripción de un nuevo partido, ASB, la presentación de 260 listas con la denominación de origen de “sozialista abertzaleak” (patriotas socialistas); todas estas candidaturas eran plataformas electorales, no vinculadas a ningún partido, definidamente de izquierdas y promovidas por 85.000 ciudadanas y ciudadanos que habían respaldado con su firma la presentación de tales plataformas locales. En tercer lugar, un partido legal desde hace 30 años -Acción Nacionalista Vasca- presentaba otras 252 candidaturas. ¿Qué hacer ante esta avalancha de ofertas electorales?
El primer paso dado por el PSOE ha sido el de rechazar la inscripción y registro del nuevo partido -ASB- por entenderlo una continuidad de Batasuna. La Fiscalía del Estado impugnó esta nueva sigla y la sala 61 del Tribunal Supremo aceptó la demanda de ilegalización. La defensa de ASB presentó sus alegaciones y reclamó la celebración de una vista oral. El Tribunal Supremo aceptó la propuesta pero situándola en una fecha -16 de mayo- casi coincidente con las elecciones que se celebrarán el día 27 de mayo. Los abogados de la defensa impugnaron el retraso en la celebración de la vista ya que una cuestión aparentemente baladí, como es la de calendario, invalidaba de hecho al nuevo partido para participar en la campaña en el supuesto (nada probable) de que fuera legalizado.
En la madrugada del día 5 de mayo, el Tribunal Supremo ha ilegalizado, las 260 plataformas populares que avalaban 85.000 ciudadanos, supuestamente libres, y las 130 candidaturas de ANV que el Gobierno había impugnado.
La inquisición cabalga de nuevo
En la recta final de esta nueva caza de brujas, ha vuelto a quedar al descubierto la burda utilización de la justicia por parte del Estado español. A una estrategia política previamente asumida se le intenta dar forma jurídica. Todo este escándalo, viciado en su raíz, sólo ha podido llevarse adelante manipulando el derecho en función de intereses políticos fascistas. Estas son algunas de las manipulaciones más evidentes:
*Utilización de los abusos de un Estado policial. En un tiempo record, la Fiscalía del Estado ha dispuesto de los informes que le han aportado tanto la policía nacional como la guardia civil y la policía vascongada, relativos a 12.000 ciudadanos que desarrollan una actividad normal. Estas personas, y muchas otras más, están fichadas, sus datos clasificados, sus movimientos registrados por el mero hecho de pertenecer a una sensibilidad política de izquierda. Llama la atención el celo especial que ha desplegado la policía vascongada: en los cuatro tomos de datos que ha aportado al Fiscal del Estado, incluía, además de los datos objetivos, elementos subjetivos como es “la ideología” de cada uno de los sospechosos.
*La socialización del concepto herético-delictivo- esperpéntico de “contaminado”. Retomando los viejos autos de fe inquisitoriales, quien es considero impuro, no puede formar parte de la sociedad; no le queda otra opción que ser purificado por el fuego. El criterio determinante de esta contaminación es el no hacer renuncia explicita de la violencia (de ETA). Quienes han apoyado otras muchas violencias son puros: (el PP y su responsabilidad en la guerra de Irak; el PSOE y su responsabilidad en el terrorismo de Estado del GAL). Quienes han hecho arrepentimiento público de haber justificado anteriormente la violencia de ETA (candidatos del PSOE, de Aralar…) también están purificados. Como en la iglesia, aunque fuera grande su pecado, todo queda redimido si el pecador se arrepiente y se confiesa culpable a los pies del poder.
Se da la circunstancia de que todo el proceso ilegalizador se basa en una exigencia ajena a los textos legales: el criterio determinante de “pureza democrática” es que se condene la violencia. Al margen de lo ya referido en cuanto a las muchas complicidades con la violencia, el criterio impuesto como exigencia definitoria va mucho más allá de la Ley de Partidos. Esta, no exige en ninguno de sus apartados la renuncia explícita de la violencia sino la apuesta por métodos políticos y democráticos. Exigencia que ya cumple el nuevo partido ASB.
*Interpretación fraudulenta de la Ley. ANV es un partido legal desde hace 30 años. Para más datos, demuestra su desacuerdo con los métodos violentos; es decir, que cumple todos los requisitos que se pudiera exigir a un partido para que participe en las elecciones, incluso desbordando lo que señala la Ley de Partidos. La Audiencia Nacional no ha tenido más remedio que reconocer que ANV es un partido legal. Partiendo de ese dato, todas sus candidaturas son legales. Ni la Ley de Partidos ni la Ley Electoral española contemplan la posibilidad de impugnar unas listas y aceptar otras, si todas ellas corresponden a una misma formación legal. El PP ha reiterado este dato jurídico para que se ilegalicen todas las candidaturas de ANV. El Fiscal General, al hacer la impugnación, admite la peculiaridad de una medida que no esta contemplada en la Ley. El mismo Tribunal Supremo reconoce en una parte de la sentencia que no tendría competencias para admitir las impugnaciones. Da igual, el Tribunal Supremo no ha tenido ningún inconveniente en ignorar la legislación vigente para privar de derechos civiles y políticos a la izquierda vasca. Había que forzar el texto legal para dar forma al atropello político.
*Uso de la represión, torturas y detenciones para buscar indicios en los que sustentar sus tesis represivas e ilegalizadoras.
*Irregularidades en el procedimiento. La defensa de las candidaturas recurridas ha denunciado una indefensión sin parangón. Han conocido las demandas unas pocas horas antes del plazo límite. Han tenido que presentar sus alegaciones casi a ciegas
Mientras tanto, la base social de la izquierda vasca (el resto de fuerzas políticas guarda un silencio miserable) están sacando a la calle sus reclamaciones y su justa indignación.
Euskal Herria, 7 de Mayo de 2007.
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