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ANTECEDENTES
La Misión civil de Observación a “La Parota”, colectivo conformado por 36 personas de 16 organizaciones y redes nacionales e internacionales, estuvo presente en la zona afectada por la construcción de la presa “La Parota” los días 5 y 6 de mayo, desea expresarle a la opinión pública algunos aspectos observados durante la Asamblea:
La Asamblea agraria convocada para este seis de mayo en San Juan Grande, Municipio de Acapulco, tenía según el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Parota (CECOP), el objetivo legitimar la expropiación de tierras a los Comuneros para poder iniciar la construcción del megaproyecto hidroeléctrico La Parota. Con esta Asamblea se intentó reponer la que se llevó a cabo en San Marcos del 23 de agosto de 2005 que fue recientemente anulada (27 de marzo de 2007) por el Tribunal Unitario Agrario a favor de los opositores.
Frente a esta nueva Asamblea y ante una posible represión o provocaciones por parte de las autoridades realizamos una misión civil de observación con el objetivo de verificar el procedimiento de la Asamblea agraria. La misión se da como respuesta a la alerta nacional e internacional lanzada por el CECOP y fue impulsada por 47 organizaciones de la sociedad civil, redes nacionales e internacionales.
OBSERVACIONES
La misión civil observó lo siguiente.
1. En primer lugar interesa señalar que se trató de una Asamblea cuya convocatoria es irregular por las siguientes razones:
Por una parte, a través de los diversos testimonios recogidos de diferentes comuneros tuvimos noticia de que la convocatoria a la Asamblea no fue pegada en los lugares más visibles de los Bienes comunales como exige el artículo 25 de Ley Agraria.
Por otro lado, que la Asamblea se convocó en un sitio diferente al reconocido por los usos y costumbres de los Comuneros. Tradicionalmente éstas se llevan a cabo en la cabecera de los Bienes Comunales de Cacahuatepec.
2. Por lo que se refiere a la realización de la Asamblea constatamos lo siguiente:
No se instaló la mesa debido a que el Comisariado no llevaba consigo el Padrón oficial de comuneros, contrario a lo que señala la Ley Agraria.
Aún así la autoridad agraria solicitó que se iniciara el registro y sólo dos personas se inscribieron sin ninguna identificación o documento que los acreditara como Comuneros.
Inmediatamente después, el Comisariado, sin haber pasado lista, dio por suspendida la Asamblea señalando que no había el quórum suficiente, expresando que sólo había 543 comuneros. Cifra que no era posible corroborar puesto que nunca se pasó lista.
Quince minutos después de haber llegado al lugar, los funcionarios se retiraron y en el camino firmaron y pegaron una Convocatoria para la 2ª Asamblea, a todas luces realizada con anterioridad. La prueba de ello es que en dicha convocatoria se justifica la anulación de la 1ª Asamblea en virtud de “hechos violentos”. Aquí interesa destacar que en todo el proceso no existió violencia alguna ni conatos de agresión física por parte de los grupos presentes, como consta en los materiales fotográficos, videográficos y testimoniales recogidos por la Misión Civil de Observación. Ello representa una contradicción con los argumentos expuestos por el Comisariado para declarar nula la Asamblea.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1. La misión considera que este tipo de asambleas no constituye un mecanismo de consulta adecuado en términos de lo dispuesto por el convenio 169 de la OIT, ya que de acuerdo a la información con la que contamos de los bienes comunales de Cacahuatepec existen 43 mil habitantes y el padrón solo registra a 7, 280 comuneros; por lo tanto es claro que estas asambleas excluyen a la mayoría de la población que podría ser afectada.
2. Se constata que la Asamblea fue irregular por las razones anteriormente expuestas.
3. La Misión Civil de Observación expresa su preocupación que la Asamblea no fue organizada de buena fe y que puede tener el objetivo de desgastar al movimiento opositor a la presa, criminalizarlo y de esta forma justificar el posible uso de violencia y represión. Además con ello justificar la presencia de la fuerza pública en futuras asambleas para imponer el proyecto.
4. Nos preocupa que con la anulación de la Asamblea comunal, las siguientes asambleas requieren menor quórum para ser validadas, lo que podría ser usado como estrategia por parte de las autoridades para facilitar la imposición del proyecto.
5. Constatamos que no hubo violencia por parte de ninguno de los grupos que participaron y que le movimiento opositor ha seguido con su lucha pacífica y legal en la defensa de sus derechos como pueblos.
6. Vemos con preocupación que bajo el falso argumento de violencia por parte de los opositores se justifiquen actos de hostigamiento, amenazas y represión por parte de las autoridades.
7. Pedimos que se garantice a las comunidades afectadas por la construcción del proyecto hidroeléctrico de la presa “La Parota” que dispongan de información completa, exacta e imparcial sobre el proyecto y sobre las indemnizaciones disponibles, así como que los opositores no sufran amenazas o intimidaciones y puedan realizar sus protestas legítimas contra la construcción de la presa. El cumplimiento de los Tratados y Convenios Internacionales de Derechos Humanos firmados y ratificados por México.
8. Recomendamos que las próximas Asambleas sean públicas, como lo prevé la Ley agraria, permitiendo la observación de la sociedad civil nacional e internacional de los procedimientos.
9. La Misión de Observación ve con preocupación que las Asambleas comunales realizadas de esta forma pueden ser un factor que se profundice en las próximas la confrontación y la violencia intercomunitaria entre los opositores al proyecto y la gente a favor.
10. La Misión Civil se compromete a darle seguimiento a la siguiente asamblea del 20 de mayo y hace un fuerte llamado a la opinión pública y a la sociedad civil en general, a mantenerse alerta y pendientes de los acontecimientos que surjan frente a la imposición del proyecto hidroeléctrico La Parota.
Misión Civil de Observación: Espacio por los derechos Económicos, Sociales y Culturales, Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ), Amnistía Internacional – Sección Canada, Servicio Internacional para la Paz (SIPAZ), Red de organismos civiles de Derechos humanos “Todos los derechos para Todos y Todas”, Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH), Centro Ollin Mexica, Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos (CAM), ADHEM, Food First International Action network ofna. México (FIAN), RADAR, Red Género y Comercio (REDGE), Calpulli Tlatoani, Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ), Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Victimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM), Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul, Álvaro Urreta (comunero de Tlanepantla, Morelos), Paulina Fernández (Investigadora y académica de la UNAM).