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Acuerdan formar alianza contra la criminalización de las luchas sociales
La Jornada
En respuesta a la “criminalización de las luchas sociales por el gobierno espurio de Felipe Calderón, como el caso de Ignacio del Valle, líder del movimiento de Atenco”, los pueblos campesinos e indígenas, integrados en cientos de organizaciones sociales del país, se reunirán este 19 de mayo en Oaxaca para acordar estrategias “en defensa de sus territorios, recursos naturales y estratégicos”.
Dicha alianza a escala nacional busca echar abajo los proyectos integrados al Plan Puebla-Panamá (PPP), retomado por Calderón, y frenar la militarización en regiones indígenas, donde las autoridades favorecen la construcción de megaproyectos concesionados a firmas trasnacionales, informaron Martín Velázquez, de la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos, y Omar Esparza, del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Juntos.
En rueda de prensa citaron diversos casos en los que, por defender sus tierras, los líderes sociales son reprimidos y encarcelados.
Rodolfo Chávez, por ejemplo, “fue detenido el 22 de abril pasado, por su participación en el movimiento social contra la construcción de la presa La Parota, en Guerrero. “Su ilegal detención es una estrategia de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de la Confederación Nacional Campesina para amedrentar a indígenas y campesinos de Agua Caliente, Guerrero, que se oponen a la construcción de esa presa”.
Martín Velásquez precisó que aun cuando el Tribunal Agrario Permanente falló en favor de las comunidades ejidales hace unos meses, en el sentido de que “tienen el derecho a no ser despojados de sus tierras, la CFE se amparó y ahora busca realizar una asamblea para dividir a los ejidatarios. Sin embargo, con que un campesino esté en contra de vender sus tierras, se les va a caer la asamblea”.
También hablaron de la construcción de la planta eólica La Venta II, en Juchitán, Oaxaca, por las trasnacionales españolas Iberdrola y Gamesa. En este caso, dijeron, “la CFE -concesionaria del proyecto- suscribió con los ejidatarios contratos leoninos donde no les dan por el uso de sus terrenos ni dos salarios mínimos (96 pesos) al mes”.
Recordaron que cuando en marzo pasado estuvo Felipe Calderón en La Venta II, resguardado por cientos de elementos de las policías estatal, Federal Preventiva y Bancaria e Industrial, fueron “reprimidos más de mil campesinos e indígenas que denunciaron violaciones a los acuerdos” que en materia de derechos humanos suscribieron México y la Unión Europea.
Ese proyecto de energía eólica, aseguraron, forma parte del PPP, impulsado por Vicente Fox, y “avanza silenciosamente a lo largo de Mesoamérica; hoy se extiende a Colombia. Calderón -añadieron- lo resucita y advierte que avanzarán esos megaproyectos, lo que implica privatizar las tierras y el sector energético en beneficio de inversionistas extranjeros”.
Los dirigentes sociales adelantaron que en el Encuentro Nacional de Resistencia, del 19 al 20 de mayo en la comunidad mixteca de Guadalupe Xonostle, municipio de San Miguel Amatitla, Oaxaca, “abordaremos las luchas y experiencias de nuestros pueblos y organizaciones en defensa de nuestro patrimonio territorial y buscaremos crear un plan de acción conjunto”.