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Carabineros y particulares asaltan comunidad Mapuche Temucuicui
DECLARACION PÚBLICA: Comunidad Temucuicui Presentará Querella por Robo de Ganado
La Comunidad Mapuche de TEMUCUICUI, nuevamente da a conocer a la opinión Publica Nacional e Internacional lo siguiente
1.- Como lo hemos venido Denunciando del robo de vacuno que fuimos objeto de parte carabineo, los familiares dueños de los vacunos acompañado de la comunidad, el día Miércoles 06 de Junio de 2007, Presentaremos una Querella en contra Carabinero y de todos los que resulten responsable del Robos de los vacunos, a demás un recurso de protección en favor de la comunidad.
2.- Cabe Recordar que el día de ayer domingo 03 de Junio de 2007, después que víctor Hugo Queipul y Manuel Queipul, dueños de los animales, llegaran hasta el reten de Quilquen, comuna de Traiguien, donde efectivamente se encontraban a minutos de ser comercializado los animales, una cantidad de 8 vacunos, faltando el restos, por lo que Carabinero en un comienzo negó toda responsabilidad del robo, pero una ves que los dueños exhibieron la documentación de los animales se vieron en la obligación de entregarlo y reconocer que eran de propiedad de familias de la comunidad Mapuche de TEMUCUICUI.
3.- Efectivamente carabinero hizo entrega de 8 vacuno, por lo que aun restan 6 animales, donde el jefe del reten de Quilquen, se comprometió verbalmente hacer entrega en un corto plazo del resto de los animales (bueyes), que ya habían sido vendido, pidiendo que esta situación no sea publicada.
4. Debido al grave hecho provocado por carabinero, en donde la comunidad posee las filmaciones de la entrega de los animales y e reconocimiento del delito de parte de carabinero, es que la comunidad espera contar con el apoyo de las autoridades, especialmente del Gobernador Rubén Quilapi, quien comanda el plan Anti Abigeato en la provincia de Malleco, a que presente una querella en contra de Carabinero y por do los sucedidos y que agilice la entrega del resto de los animales.
5.- Las Familias de la comunidad Mapuche de Temucuicui, debido a las condiciones geográficas de los suelos del fundo restituido, hace que la única actividad de subsistencia sea la crianza pequeñas de ganados, en donde con esta practica de carabinero afecta directamente la situación económicas de las familias.
6.- Hacemos un llamado también a que el ministerio público pueda desarrollar las investigaciones pertinentes y con suma urgencia para que se condenen estos cuatreros y la querella tenga un efecto positivo para las familias de la comunidad de Temucuicui.
Víctor Hugo Queipul
Manuel Queipul
Comunidad TEMUCUICUI
Temucuicui 04 de Junio de 2007
Información Relacionada
http://www.mapuexpress.net/?act=news&id=1723
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Bachelet asegura que mapuches no son “presos políticos”
“Los presos mapuches son personas que buscaron la manera de solucionar las cosas de una manera que no es la democrática ni la pacífica. Cometieron delitos, incendiaron propiedades”, argumentó la Mandataria en la segunda jornada de su primera visita de Estado a Suiza, durante una conferencia de prensa junto a la presidenta helvética, Micheline Calmy-Rey. A través de cartas, organismos sociales europeos emplazaron a la primer mandataria por la situación mapuche.
SUIZA / La Presidenta Michelle Bachelet aseguró el pasado fin de semana en Suiza que “en Europa hay una mirada equivocada” sobre la situación de los numerosos presos mapuches que en hay en la zona centro-sur de Chile, señalando que “no son prisioneros políticos” sino personas que han “cometido delitos”. “Yo he sido una presa política y sé lo que es eso”, subrayó la Presidenta, al remarcar que “nosotros no tenemos prisioneros políticos en Chile”.
“Los presos mapuches son personas que buscaron la manera de solucionar las cosas de una manera que no es la democrática ni la pacífica. Cometieron delitos, incendiaron propiedades”, argumentó la Mandataria en la segunda jornada de su primera visita de Estado a Suiza, durante una conferencia de prensa junto a la presidenta helvética, Micheline Calmy-Rey.
Luego de haber iniciado su gira presidencial el martes en Helsinki, Finlandia, Bachelet se dirigió a Oslo, Noruega y este viernes a Suiza, en un recorrido que “responde a invitaciones de los respectivos presidentes o primeros ministros, pero también a las excelentes relaciones históricas que hemos tenido con los tres países y a las perspectivas comunes que compartimos en distintas áreas”, asentó la presidenta chilena antes de iniciar un periplo europeo no exento de contra manifestaciones y emplazamientos por la situación mapuche.
Denuncian control policial
En el Hotel Intercontinental de Ginebra y mientras sostenía una reunión con un grupo de chilenos invitados por la Embajada en Suiza, la primer mandataria recibió formalmente una carta firmada por la Defensoría Internacional de los Derechos de los Pueblos (DIDEPU), la Asociación Tierra y Libertad para Arauco, la Asociación Pueblo y la Federación Sindical Mundial - Región América, entre otras instancias sociales europeas y sudamericanas, “concientes de los graves problemas de violación de los derechos humanos que existen en Chile y de la represión sistemática del Estado chileno contra el Pueblo Mapuche”, según manifestaron en la misiva.
“Su visita a Suiza con la cual se pretende demostrar y vanagloriar los avances del Estado chileno en materia de derechos humanos, nos conlleva a una reacción de preocupación, decepción e indignación”, señalaron las organizaciones, esto debido a que “la represión y la persecución política contra cualquier organización social que se oponga al modelo neoliberal, es práctica cotidiana por parte de la policía chilena y los aparatos de seguridad del Estado, quienes utilizan sofisticados métodos y tecnología cuyos costos, paradójicamente, son solventados gracias al pago de tributos de quienes el Estado reprime y persigue”.
“Durante su gestión la represión, hostigamiento y persecución política contra las comunidades mapuche, sus comuneros y dirigentes se ha intensificado con el objetivo de desarticular y dividir el movimiento que lucha por la recuperación de sus tierras ancestrales y por ejercer el derecho a la autonomía y libre determinación. Derecho ampliamente reconocido en tratados y pactos internacionales que el Estado chileno ha firmado y ratificado”, subrayaron los firmantes. “En la actualidad -agregaron- su gobierno ha incrementado el control policial en territorio mapuche a través de personal de Carabineros de Malleco y de organismos de inteligencia provenientes de la capital”.
A juicio de las organizaciones, que protagonizaron una contra manifestación con lienzos y gritos de consignas en contra de la primer mandataria en la “Place de Nations”, frente a la sede central de Naciones Unidas (ONU), innumerables podrían ser los atropellos contra comunidades que podrían ser mencionados y que sustentan las denuncias en Europa, hechos sobre los cuales Bachelet tendría cabal conocimiento. “Las promesas electorales no quedaron sólo en promesas, sino que se han transformado en nuevos engaños a los cuales el pueblo mapuche ya está acostumbrado por parte de los diferentes gobiernos de la alianza denominada Concertación de Partidos por la Democracia”, señalaron.
Carta de INCOMINDIOS
Ya el pasado viernes, el Comité Internacional para los Indios de las Américas (INCOMINDIOS Suiza) se dirigió a la presidenta también por medio de una carta donde, entre otras cosas, le recuerdan que “Chile es el único país latinoamericano, con importante presencia de pueblos indígenas, que no reconoce, constitucionalmente, la existencia física y cultural de dichos pueblos”. La misiva hizo también referencia a la ratificación del Convenio N°169 de la Organización Internacional del Trabajo, una promesa hecha a los pueblos indígenas de Chile desde 1989 y de acuerdo al organismo “utilizada como consigna política para elecciones presidenciales, parlamentarias e incluso municipales”.
La organización denuncia, a partir de una acuciosa revisión de la prensa chilena, que la promesa de ratificación de este importante instrumento de derechos humanos se hace con una regularidad media de cada 68 días, mientras que diplomáticos chilenos la han, formalmente, comprometido en 11 ocasiones ante organismos internacionales desde el año 1992. La última promesa en este sentido la hizo la propia presidenta, cuando anunció en acto público en La Moneda el pasado 31 de marzo los cinco ejes de su política indígena, donde se considera dar urgencia al proyecto de ratificación que se encuentra estancado en el Congreso.
Las irregularidades en los procesos seguidos en contra de personas mapuche y la invocación y aplicación de disposiciones antiterroristas en el marco de sus legítimas reivindicaciones territoriales, fueron otros de los aspectos abordados por INCOMINDIOS Suiza, así como los constantes allanamientos a sus comunidades. La misiva fue remitida también a la oficina de la Ministra de los Asuntos Exteriores de Suiza, Micheline Calmy-Rey, y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ginebra, Louise Harbour, ambas personeras con quienes Bachelet se reunió este sábado en Berna.
Ley Antiterrorista
A juicio de diversos organismos, las declaraciones de Bachelet en Suiza revisten mayor gravedad al considerar que se desentiende de las conclusiones y recomendaciones del Comité de Derechos Humanos que vigila el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El Comité en su sesión 89, de 15 de marzo de 2007, expresó su “preocupación ante la definición de terrorismo comprendida en la Ley Antiterrorista 18.314, que podría resultar demasiado amplia. Preocupa también al Comité que esta definición ha permitido que miembros de la comunidad mapuche hayan sido acusados de terrorismo por actos de protesta o demanda social”.
“El Estado parte -agrega el Comité- debería adoptar una definición mas precisa de los delitos de terrorismo de tal manera que se asegure que individuos no sean señalados por motivos políticos, religiosos o ideológicos. Tal definición debe limitarse a crímenes que ameriten ser equiparados a las consecuencias graves asociadas con el terrorismo y asegurar que las garantías procesales establecidas en el Pacto sean respectadas”. Para ello, el Comité de Naciones Unidas dio plazo de un año al Estado de Chile para que informe del cumplimiento de ésta y otras recomendaciones.
Cabe recordar que hace un año atrás, en otra gira europea de la Presidenta, el Premio Nóbel portugués, José Saramago, invitó a Bachelet en un acto cultural celebrado en la ciudad de Madrid a “mirar a los mapuches, los primeros habitantes de Chile”, en directa alusión a la situación de los dirigentes encarcelados por demandas territoriales no resueltas. Tras su regreso a Chile y como consecuencia de tales emplazamientos, la primer mandataria anunció que bajo su administración no sería aplicada la polémica Ley Antiterrorista 18.314, precisamente la legislación que permitió condenar a gran parte de los comuneros hoy recluidos.
La propia presidenta Bachelet reconocido el año pasado que la Ley 18.314 define de modo demasiado amplio los tipos penales de “terrorismo”, no correspondiendo incluir bajo ese rótulo los actos contra la propiedad, principales delitos investigados por los tribunales en el caso de las movilizaciones mapuches. Por este motivo envió al Congreso un proyecto de Ley (Boletín 4298, de 5-07-2006) para reformar la Ley 18.314 y así ajustarla a las normas de derechos humanos y debido proceso, dejando fuera de la calificación terrorista aquellos actos que afectan cosas y no a vidas. En su mensaje del proyecto de ley Bachelet reconocía que:
“La ley N°18.314, como antes se señalara, protege variados bienes jurídicos, entre los cuales hoy se encuentra el de propiedad. Dicha protección a través de esta legislación especial no aparece adecuada”. El proyecto proponía que “sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos precedentes, sólo constituirán delitos terroristas aquellos que afecten la vida, la integridad física, la libertad y la salud pública”. El proyecto de ley Boletín 4298, presentado con la firma de la presidenta Bachelet el 5 de julio de 2006, quedó sin embargo abandonado en el Congreso Nacional / Azkintuwe
Por Pedro Cayuqueo
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Pueblos indígenas refutan declaraciones de Bachelet sobre presos políticos
lanacion.cl
El Consejo de Todas las Tierras refutó las declaraciones de la Presidenta Michelle Bachelet sobre el pueblo mapuche, específicamente con respecto a los detenidos procesados por la Ley Antiterrorista.
La Mandataria afirmó que “nosotros no tenemos prisioneros políticos. Yo fui una prisionera política” agregando que “son personas que fueron juzgadas conforme al Estado de Derecho, tuvieron un proceso justo, puede haber sido mejor o peor, pero justo. Tuvieron un proceso, tuvieron abogados que los defendieron y luego la justicia definió una cierta sanción”.
La organización asegura que la Presidenta, con sus declaraciones, desconoce las conclusiones de organismos de derechos humanos, como por ejemplo, el del Comité Internacional del Pacto de Derechos Civiles, el cual establece que “preocupa que esta definición ha permitido que miembros de la comunidad Mapuche hayan sido acusados de terrorismo por actos de protesta o demanda social, relacionado con la defensa de los derechos sobre sus tierras”.
El Consejo de Todas las Tierras aclara también que “las afirmaciones de la presidente elude cuestiones fundamentales que se refieren a la ley Antiterrorista aplicada a los Mapuche. Este régimen legal fue adoptado por la dictadura militar del ex general Pinochet, para atacar a sus enemigos”.
Además denuncia la participación de “testigos sin rostro” en los procesos judiciales. “Se tuvo que recurrir a este mecanismo, en vista que las veces que se utilizaron los mecanismos normales de un debido proceso los mapuches fueron absueltos. (Es por eso que) para conseguir una sentencia, participaron policías civiles y personas vinculados a las propias empresas trasnacionales como Testigos sin Rostros”
La Presidenta también manifestó que “puede haber posiciones críticas sobre el trato que recibió el pueblo mapuche en cuanto a la posesión de tierras, pero en democracia eso no es una justificación para utilizar la violencia”. “Alguien podrá decir ‘bueno, hace 200 años ellos sufrieron usurpación de lo que eran sus territorios’. Eso puede ser un concepto, pero en democracia y en una vida normal, uno no resuelve sus problemas por la violencia”.
Ante estas declaraciones, el organismo afirma que la Jefa de Estado “se olvidó que parte importante de las tierras Mapuche fueron usurpadas durante la dictadura militar y esas tierras fueron entregadas a las empresas forestales trasnacionales con quienes subsisten las controversias”
Además, se mostraron “sorprendidos” por los dichos de Bachelet al afirmar que se trata de “personas que han buscado una manera de resolver problemas efectivos que tienen, pero de una manera que no nos parece la manera democrática y pacífica que debe existir”.
“Nos sorprende profundamente estas declaraciones, porque son muy similares a las declaraciones que se utilizaron durante todo el régimen militar con las personas que luchaban por el retorno a la democracia. Además, la democracia debería ser un proceso incluyente y particularmente con los pueblos indígenas que hemos sido victimas de reiteradas políticas de despojos territoriales, racismos, exclusión social y política, pobreza y conculcación de los derechos más elementales. Estas declaraciones devela una desprotección institucional del Estado Chileno con el Pueblo Mapuche y sus derechos, lo que da cabida a la confrontación y la controversia”.
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Declaración Pública: La COM termina diálogo con el Gobierno chileno
Coordinación de Oragnizaciónes Mapuche rompe con el Gobierno de Bachelet.
DECLARACIÓN PÚBLICA MAPUCHE
Miércoles 30 de Mayo de 2007
Ante los últimos anuncios y el nuevo escenario planteado en materia indígena por el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, la Coordinación de Organizaciones Mapuche (COM), entidad de representación autonomista de la Nación Mapuche, declara a la opinión pública, nacional e internacional lo siguiente:
- Desde mediados del año 2006, la COM ha forjado un proceso de participación política que fue validado por las organizaciones y territorios del Wallmapu en el Futa Trawün de Kepe. Fruto de este proceso surgió un documento que fue entregado a principios de este año al gobierno chileno y que tenía por objeto sentar las bases para establecer una nueva relación entre nuestro pueblo y el Estado chileno.
Desde el Trawün de Kepe, a partir de los planteamientos contenidos en el documento mencionado, la COM ha mantenido disposición al diálogo serio y responsable, basado en un piso elemental de confianzas que permitan establecer un proceso de negociación a largo plazo entre las organizaciones mapuche y el Estado. Para ello ha planteado desde el principio algunas condiciones mínimas que permitan avanzar en este proceso.
Estas dicen relación, en primer lugar, con la definición de un Interlocutor Válido al más alto nivel, que constituya el nexo oficial entre el gobierno, el Estado chileno y las organizaciones mapuche representadas en la COM; la constitución de una mesa político-técnica que involucre a los 3 poderes del Estado; el reconocimiento de una institucionalidad mapuche autónoma como contraparte del Estado; la implementación de medidas a corto plazo en torno a las leyes sectoriales, la libertad de los presos políticos mapuche y el reconocimiento formal de nuestros derechos colectivos.
Se planteó además que habría una respuesta oficial del gobierno en torno a estos planteamientos y esta respuesta debía ser entregada en territorio mapuche. El objetivo central de la COM es avanzar hacia la conquista de los derechos políticos, económicos, sociales y culturales, que nos corresponden como Pueblo; los cuales se traducen en nuestro derecho a la Libredeterminación, el control sobre nuestro Territorio y la Participación Política basada en la autonomía de nuestros sistemas de representación. Bajo estos principios se enmarcan nuestras demandas en torno al desarrollo material, la salud, la educación y la justicia social como derechos colectivos.
El gobierno ha persistido en negar y desconocer las legítimas aspiraciones de la Nación Mapuche planteadas por la COM, centrándose una vez más en su concepción de participación burocrática institucional y su legislación represiva y antidemocrática, que no hacen más que reproducir el esquema asistencial y colonialista, aplicado a lo largo de la historia para desmovilizar o reprimir a las comunidades y los principales referentes del movimiento mapuche. La historia reciente nos muestra que desde 1989, cuando se inicia la administración concertacionista, hasta el presente, se han mantenido los mismos anuncios y las mismas estrategias de la política indigenista.
A partir del Acuerdo de Nueva Imperial, firmado entre las organizaciones mapuche y la Concertación de Partidos por la Democracia, y que no fue respetado por la coalición oficialista; los diferentes gobiernos han utilizado e instrumentalizado las propuestas mapuche, manipulando a su antojo el desarrollo de estos procesos y tergiversando su contenido, hasta despojarlo completamente de sus elementos políticamente relevantes.
Prueba de ello es lo acontecido con el Convenio 169 de la OIT, instrumento que establece un standard internacional para los derechos de los Pueblos Indígenas, el cual nunca ha sido aprobado, pero es constantemente enarbolado por el gobierno de turno, distrayendo las expectativas del pueblo mapuche y obstruyendo los procesos de empoderamiento autónomo de sus organizaciones. Situación similar ocurre con el Reconocimiento Constitucional, con el agravante que este, en última instancia, queda subordinado al sistema político chileno, representante de los grandes intereses económicos, en cuanto a la definición de su contenido e implementación.
Es así como los 4 gobiernos de la Concertación han implementado políticas indigenistas que no han significado mayor avance en el reconocimiento de nuestros derechos. La ley indígena 19.253, en el articulado de protección de tierras, se ve subordinada, por ejemplo, a las normas sobre proyectos energéticos, mineros o de infraestructura. La participación mapuche a través de CONADI, no existe, ya que ahí se mantiene un Consejo Indígena con funcionarios, pagados por el Estado y designados por los partidos políticos, validados en un proceso eleccionario absolutamente irregular.
El vacío, en cuanto a política indígena del gobierno de Eduardo Frei, sólo evidenció los intereses económicos defendidos por su administración, los cuales alcanzan su punto cúlmine con la grotesca imposición de la represa Ralko en las comunidades Pewenche del Alto Bio Bio, seguidas por la implementación de sistemas de represión y espionaje en Wallmapu. Durante el gobierno de Ricardo Lagos se anunciaron 16 medidas que pretendían erguirse como “la solución a los problemas que aquejan a los pueblos indígenas”. En la práctica nada de eso se ha cumplido y, por el contrario, su administración pasará a la historia como aquella que profundizó el modelo de despojo neoliberal en nuestras comunidades y continuó con la represión hacia nuestras organizaciones, producto de lo cual fue asesinado el joven mapuche Alex Lemun.
El discurso que la presidenta Michelle Bachelet hiciera el pasado 30 de abril del presente año, anunciando 5 Ejes de Política Indígena, no considera en absoluto los elementos centrales contenidos en la Propuesta Mapuche de Kepe. La Comisión de Seguimiento de anuncios presidenciales en materia indígena, propuesta también por el gobierno, constituye solamente un instrumento de validación de las políticas hoy existentes, las que tienden a fortalecer la burocracia indígena en vez de nuestra participación autónoma, incrementando a su vez el asistencialismo estatal a través de MIDEPLAN, ministerio que no aborda el carácter político de nuestras demandas.
El gobierno, por otro lado, sigue profundizando las políticas neoliberales en Territorio Mapuche. Prueba de lo ello son los gigantescos proyectos de inversión que operan o están destinados a intervenir en nuestro territorio. Junto con ello se continúa ejerciendo la represión sistemática hacia nuestras comunidades y organizaciones, tal como lo han señalado en reiteradas oportunidades diferentes organizamos internacionales de derechos humanos, tales como: el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas; el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en sus observaciones y recomendaciones al 5º informe sobre derechos humanos en Chile; la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA; el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IGWIA); el Foro Permanente sobre cuestiones Indígenas de la ONU; Amnistía internacional y la Federación Internacional de Derechos Humanos en América Latina, entre otros. Todos estos organizamos, a su vez, reconocen la necesidad de que los derechos colectivos del Pueblo Mapuche sean reconocidos de acuerdo al estándar internacional.
Declaramos finalmente que como Coordinación de Organizaciones Mapuche (COM) hemos desempeñado un rol a partir del Futa Trawün de Kepe, dentro del movimiento mapuche, teniendo siempre una disposición favorable al diálogo político, pero considerando los intereses superiores de nuestro pueblo y nuestro movimiento por sobre las concesiones cortoplacistas planteadas por el gobierno.
Por estos motivos, la Coordinación de Organizaciones Mapuche (COM), de acuerdo al mandato soberano de la asamblea representativa de las organizaciones sociales, territoriales y políticas que la componen decide:
- Dar por finalizado el proceso de diálogo con el gobierno de Michelle Bachelet de manera indefinida.
- No participar en las mesas de seguimiento diseñadas por el gobierno, por considerar que nada aportan al reconocimiento de nuestros derechos colectivos como Pueblo.
Ante estos hechos, reafirmamos los puntos centrales de nuestra propuesta y las condiciones mínimas para retomar los acercamientos con el Estado y no sólo con el gobierno de turno: Ratificación de medidas a corto plazo, Interlocutor Válido al más alto nivel, que constituya el nexo oficial entre el gobierno, el Estado chileno y las organizaciones mapuche representadas en la COM; Mesa Político Técnica estatal; fin a la persecución y encarcelamiento de nuestros hermanos de comunidades en conflicto territorial.
Consideramos además que cualquier discusión en torno al Convenio 169 de la OIT y el reconocimiento constitucional realizada a espaldas del movimiento político-social mapuche carece de legitimidad y por lo tanto rechazamos los procedimientos del gobierno en este sentido.
Nuestro objetivo como organizaciones es avanzar hacia la construcción de un Parlamento Autónomo Mapuche, como una instancia de participación política validada por nuestras comunidades y territorios, que sirva de intermediación entre la Nación Mapuche y el Estado chileno en su conjunto.
No al Aeropuerto Regional en Quepe.
Fin a la expansión forestal, las salmoneras, los megaproyectos de inversión privada, las hidroeléctricas, las mineras, los basurales y la expansión urbana en nuestro territorio.
Fin a la privatización de nuestros recursos naturales.
Fin a la persecución política de nuestros hermanos.
Libertad a los presos políticos mapuche.
Justicia para Alex Lemun, Juan Collin Catril, Julio Huentecura y Zenen Díaz Necul.
¡MARRICHIWEU PU PEÑI, PU LAMNGEN¡
Coordinación de Organizaciones Mapuche COM
- Galvarino Reiman, Identidad Territorial Nagche.
- Adolfo Millabur, Movimiento Identidad Lafkenche.
- Gustavo Quilaqueo, organización Wallmapuwen.
- Luís Penchuleo, Movimiento Estudiantil Mapuche.
- Francisco Vera, Comunidad Mapuche Pepiükelen, Pargua.
- Rosendo Huenuman, Asociación Newentuleaiñ de Nueva Imperial.
Contacto de Prensa:
Gabriela Calfucoy
Fono: 9/0046154
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