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Inédito paro de 24 horas del poder judicial en Bolivia
Milenio.com
Los mandamientos de aprehensión que emitió el comité de la policía judicial de la Cámara de Diputados contra miembros del Tribunal Constitucional, provocó la huelga, por su parte el gobierno la calificó como ilegal.
La Paz.- Los funcionarios de Justicia de Bolivia declararon hoy un paro de 24 horas, el primero de este tipo en el país andino, convocado como respuesta a las constantes críticas y ataques del presidente del país, Evo Morales.
El paro fue convocado por la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Constitucional, el Consejo de la Judicatura, el Tribunal Agrario Nacional, las Cortes Superiores de distrito y nueve colegios de abogados de Bolivia.
“Este es un movimiento institucional en defensa de las garantías ciudadanas, denunciando ante la opinión pública nacional y los organismos internacionales la pretensión del Gobierno de defenestrar el sistema judicial boliviano e implantar un régimen totalitario”, señala el documento de los funcionarios de Justicia.
El gobierno calificó el paro como ilegal, mientras los litigantes expresaron su enfado por la suspensión de audiencias y otras actividades comunes en los estrados judiciales.
“La huelga del poder judicial es política y no jurídica. Día no trabajado será día no pagado y el gobierno lamenta que el Poder Judicial se haya convertido en un poder perjudicial para el país”, dijo el portavoz del gobierno, Alex Contreras.
El presidente Evo Morales sostuvo en varias concentraciones públicas que la corrupción se apoderó del sistema judicial.
Dijo que cada año existen 1.500 casos de corrupción sin procesos judiciales y sostuvo que unos 300 millones de dólares de la ayuda estadounidense para reformas fueron dilapidados por el poder judicial.
Pero los mandamientos de aprehensión que emitió la semana pasada el comité de la policía judicial de la Cámara de Diputados contra Wálter Alfredo Raña, Artemio Arias, Elizabeth Iñiguez de Salinas y Martha Rojas µlvarez, miembros del Tribunal Constitucional, provocó la declaración de un paro de 24 horas.
El Tribunal Constitucional, por su parte, determinó el 10 de mayo mediante sentencia la suspensión de sus cargos de Zacarías Valeriano, Bernardo Bernal, Carlos Jaime Villarroel y Wilfredo Ovando, que juraron el 30 de diciembre de 2006 después que Evo Morales los designara tras promulgar el decreto supremo 28993.
Ante la suspensión de los cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Evo Morales decidió enviar notas a Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA) para denunciar presuntos actos de corrupción de miembros del Tribunal Constitucional.
Morales también pidió al Congreso boliviano que se inicie un juicio de responsabilidades a cuatro de los cinco magistrados del Tribunal Constitucional.
El pedido del mandatario tendrá que ser considerado inicialmente por la Cámara de Diputados que deberá emitir un requerimiento - que necesita la aprobación de dos tercios - que puede dar pie a un juicio para que el proceso legal prosiga en la Corte Suprema de Justicia.
El Congreso boliviano tiene facultad legal para la nominación definitiva de miembros del Poder Judicial y sus órganos, como el Consejo de la Judicatura, el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y otros.
La elección de cuatro nuevos miembros de la Corte Suprema fracasó hasta ahora en tres ocasiones en el Congreso boliviano. También tendrá que designar al nuevo fiscal general de la república.
Poder Judicial de Bolivia inicia inédita huelga contra los ataques de Morales
05-06-2007 - 10:50 h.
Los Tiempos
La Paz | EFE
Los magistrados, jueces y abogados de Bolivia comenzaron hoy una inédita huelga contra los ataques del presidente del país, Evo Morales, a quien acusan de menoscabar la independencia de los poderes y pretender un “régimen totalitario”.
El decano de la Corte Suprema, Jaime Ampuero, declaró hoy al canal de televisión ATB que, “lamentablemente, el Poder Judicial ha llegado a la extrema medida de declarar un paro de 24 horas, el primero y el único en la historia de la justicia, en defensa de la independencia del poder judicial”.
La huelga, respaldada por el Colegio Nacional de Abogados, paralizó completamente las nueve cortes regionales, la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Agrario.
La Fiscalía General, que tiene una organización autónoma, no se plegó al cese de actividades, ni tampoco los funcionarios encargados de labores administrativas y judiciales menores en las cortes de distrito.
Durante las últimas semanas, Morales ha lanzado frecuentes ataques a los magistrados, afirmando que son un “poder perjudicial”, el más corrupto del país, que sólo benefician a los ricos con sus fallos, o que favorecen a las empresas en contra del interés del Estado.
Para los magistrados, lo más grave ha sido la reciente decisión de una comisión de la Cámara de Diputados controlada por el partido de Morales, el Movimiento al Socialismo (MAS), de ordenar la detención de cuatro de los cinco miembros del Tribunal Constitucional (TC).
Esa orden, que los magistrados afectados calificaron de ilegal, fue dictada por diputados oficialistas para obligarlos a declarar para abrir un juicio que demandó Morales.
El mandatario acusa al TC de emitir un fallo “político” cuando cesó a cuatro magistrados de la Corte Suprema que Morales designó por decreto en diciembre pasado, y por perjudicar, según dice, el enjuiciamiento del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003).
El decano de la Corte Suprema insistió en que las denuncias del mandatario son “calumniosas” y calificó el juicio de los miembros del TC de “intromisión del Poder Ejecutivo para amedrentar a uno de los órganos de Poder Judicial”.
La magistrada Rosario Canedo, a su vez, rechazó las acusaciones de Morales de corrupción en el Poder Judicial y de que solo beneficia a los ricos en sus fallos.
“Yo quisiera preguntarle si cuando se le hizo justicia, cuando lo restituyeron al Parlamento Nacional, fue uno de los corruptores que pagó”, le reclamó Canedo, en alusión a un fallo judicial que devolvió a Morales el escaño de diputado luego de ser expulsado del Congreso en 2002.
El presidente ha criticado la huelga con el argumento de que causará perjuicios a miles de litigantes, lo cual niegan los jueces y magistrados, y anunció que a los huelguistas no se les pagará por este día no trabajado.