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Violeta R. Núñez
San Miguel Chiptik.
Del acasillamiento a la autonomía
Tomado de Revista Chiapas No. 16
Durante el periodo presidencial de Lázaro Cárdenas se realizaron algunas modificaciones legales que fueron el detonador y el punto de partida de un largo y complejo proceso de lucha por la tierra en algunas comunidades del estado de Chiapas. Una de estas reformas fue la que se realizó al Código Agrario de 1934, a partir de la cual se reconocía por primera vez a los peones acasillados como sujetos de derechos agrarios, lo que implicaba que todos aquellos hombres y mujeres que se encontraban en calidad de acasillados (”viviendo” en las fincas como propiedad de los patrones) podían ser solicitantes de tierras.
Para el estado de Chiapas esta modificación legal fue de gran trascendencia, ya que una parte considerable de la población agrícola se encontraba acasillada. A partir de esta nueva disposición, pueblos enteros que se encontraban en esta situación iniciaron una profunda lucha por el territorio sobre el que durante años habían recreado su cultura (en donde se encontraban sus antepasados, sus lugares sagrados, su “madre” tierra, su historia).
Una de estas intensas luchas, como veremos a lo largo de este escrito,[1] fue protagonizada por un pueblo maya tojolabal (que oficialmente pertenece al municipio de Altamirano) que vivió un largo y tormentoso acasillamiento en una finca “monumental”. Este pueblo llamado San Miguel Chiptik enfrentó una lucha incansable que se extendió por más de cuarenta años, lo que en parte explica el porqué estos mayas tojolabales optaron por el camino de la resistencia y la autonomía.
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El poblado San Miguel solicitó una dotación de ejido al gobernador constitucional del estado de Chiapas el día 12 de febrero de 1937.[2] Los solicitantes, todos indígenas tojolabales, vivían como peones acasillados en una finca que llegó a concentrar 7 mil hectáreas. Al interior de esta finca vivieron la Etapa del Baldío (conocida con este nombre porque todo el trabajo que hacían los indígenas no se les pagaba, es decir, para ellos se hacía en balde). Cabe aclarar que muchas comunidades, para el inicio de este proceso, tuvieron que caminar largas distancias hasta la capital del estado, Tuxtla Gutiérrez.[3] San Miguel no quedó exenta de esto, ya que no fue sino hasta 1994 cuando se construyó, con fines militares, una carretera pavimentada que comunica a la cabecera municipal de Altamirano con Comitán; sin embargo, para llegar hasta la comunidad de Chiptik hoy todavía no existe carretera pavimentada, sino que es necesario transitar un largo trecho por terracería. Así, es posible imaginar los malabares realizados para llegar hasta la capital en la década de los treinta del siglo pasado.
El 15 de marzo de 1937, el gobierno del estado turnó la demanda referida a la Comisión Agraria Mixta la que, con fecha 26 del mismo mes y año, instauró el expediente respectivo y solicitó su publicación en el Periódico Oficial del Estado el 21 de abril de 1937. Sin embargo, seis años más tarde, en 1943, los ejidatarios del poblado de San Miguel solicitaron la intervención del presidente de la República para lograr que se activara el trámite y la resolución en primera instancia del expediente de dotación de ejidos.[4] Estos hechos implicaban para la comunidad tener que enfrentarse a los trabajadores de la Comisión Agraria Mixta, quienes los intentaban extorsionar, además del racismo y el desprecio siempre presentes.
En 1951, habiendo pasado catorce años de la solicitud, el presidente de la Comisión Agraria Mixta, Vicente Quintanilla Roel, giró instrucciones para realizar trabajos topográficos y con ello recabar los datos técnicos e informativos necesarios para “sustanciar” el expediente de dotación.[5] Pero no fue sino hasta un año después cuando rindió un informe que sería catastrófico para el poblado, ya que se afirmaba que la Comisión no había realizado su trabajo debido a que el poblado no existía.
Para ratificar tal resolución, el presidente de la Comisión Agraria Mixta emitió el siguiente comunicado el 30 de septiembre de 1952:
Tengo el honor de comunicar a usted, que previo dictamen emitido por esta Comisión Agraria Mixta, fue resuelto por el C. Gobernador del Estado, con esta fecha, el expediente de dotación de ejidos, número 980, correspondiente al poblado “San Miguel” del Municipio de Altamirano, ex-distrito de Álvaro Obregón de este Estado, negándose en virtud de haberse comprobado la inexistencia del poblado, según acta levantada por el ingeniero comisionado, no llenándose en consecuencia los requisitos […] en vigor.[6]
Esta resolución negativa de dotación de ejidos a San Miguel por “inexistencia” también fue firmada por el gobernador constitucional del estado de Chiapas, Francisco J. Grajales, y más tarde fue publicada el 28 de enero de 1953 en el Periódico Oficial, dando así en definitiva el cierre del caso.
Parece irrisorio, si no fuera trágico, que quince años después de la solicitud de dotación, la Comisión Agraria Mixta señalara que el poblado no existía; no obstante, es necesario indicar que una de las estrategias seguidas para frenar el reparto agrario en el estado fue ésta. Es decir, los terratenientes, en colusión con las autoridades, acordaban la “desaparición” de los poblados solicitantes. Esto permitía dar tiempo a que los finqueros dividieran entre sus familiares o prestanombres la tierra, a que vendieran lo que excedía los límites legales, o que se ampararan.
A pesar de ello, diversos poblados cercanos y vecinos fueron dotados; sólo al parecer Chiptik quedó excluido e incluso borrado y “desaparecido” por las autoridades gubernamentales. Ejemplo de esto es que el ejido Rusia fue dotado en abril de 1951 y un año después recibió la superficie total ejecutada; por su parte el ejido La Florida fue dotado en marzo de 1953 y en ese mismo año se llevó a cabo la ejecución completa de su superficie; de igual forma el ejido Puerto Rico recibió dotación en marzo de 1953, y la entrega total se realizó en junio del mismo año; asimismo, al ejido Puebla se le dotó en marzo de 1954 y en junio de ese año recibió la superficie ejecutada.[7] Esto muestra que con los pobladores de Chiptik existía conflicto sobre la tierra [véase mapa].
¿Pero cuál era la razón por la que no sólo se les negaba la tierra sino que incluso se les desaparecía? La respuesta a esta interrogante se encuentra en la lucha por la tierra que se estableció entre el finquero José L. Castellanos y los expeones. Es decir, desde un inicio hubo diversos enfrentamientos con el dueño de la finca de San Miguel, quien llegó a poseer 7 mil hectáreas. Incluso el delegado del Departamento Agrario de Chiapas, en un escrito de mayo de 1953, deja ver que existían serias objeciones por parte del finquero, dueño de algunas de las tierras que demandaban los solicitantes,[8] que daban sustento a la negativa a entregar tierras a Chiptik y que confirmaban que la “desaparición” del poblado estuvo orquestada e instrumentada por esta familia terrateniente en alianza con la familia política chiapaneca. Esto puede ser entendido perfectamente cuando todavía hoy, a más de ciento diez años de la construcción de la finca, se puede uno asombrar del inmenso casco, que rompe de una manera impresionante con el paisaje en la zona tojolabal cercana a Chiptik, evidencia del gran auge y esplendor que vivió aquella monumental finca y con ello del gran poder que llegaron a tener los dueños del lugar.
La desaparición y el carpetazo dado a los solicitantes de tierra de San Miguel requirió una nueva solicitud y la continuación de la lucha no sólo con el terrateniente, sino también contra las autoridades agrarias. Una nueva solicitud fue presentada el 18 de febrero de 1959 a la Comisión Agraria Mixta[9] y publicada en el Periódico Oficial el 13 de mayo de 1959:
Los que suscribimos, originarios y vecinos del poblado anexo a la finca de San Miguel Chiptic […] comparecemos y exponemos: Desde hace muchos años hemos venido cultivando tierras de las demasías de la finca de Chiptic, en cuya zona urbana hemos venido viviendo a la cual prestamos nuestros servicios, cuando hemos terminado nuestros trabajos propios […].
Nos hemos dado cuenta que la posesión que tenemos no está garantizada por ninguna ley en nuestro favor […] visto lo anterior venimos a solicitar la dotación de ejidos, señalando para ello, las 962 hectáreas que poseemos de las que remitimos el plano, con las que creemos solucionar nuestro problema agrícola, ya que no existe más tierra dentro del radio legal, debido a que la propia finca de Chiptic, tiene promovido expediente de inafectabilidad ganadera […]. Respetuosamente, Tierra y Libertad.[10]
Esta demanda de tierras que se volvió a presentar después de más de ¡veinte años! de la primera solicitud y de la trágica “desaparición” de la comunidad de Chiptik se enfrentó por segunda ocasión a las estructuras burocráticas y corruptas de las autoridades agrarias, quienes al parecer estaban en las instituciones de gobierno para defender los intereses no de los campesinos sino de los terratenientes de la entidad.
Al año siguiente, debido a que no se había dado ninguna respuesta por parte de las autoridades agrarias del estado, los pobladores de Chiptik recurrieron a pedir apoyo a la Confederación Nacional Campesina, como consta en el Registro Agrario Nacional, donde se encuentran varios escritos requiriendo la reactivación de los trámites de esta segunda solicitud de tierra de San Miguel. Pero después de la amarga experiencia que habían sufrido en años anteriores, algunos chiptikeros -con desesperación- decidieron recurrir hasta la ciudad de México a las oficinas de la presidencia de la República, con el objetivo de pedir que se les diera una respuesta ante su demanda de tierra.
La llegada de los chiptikeros a la capital sirvió para que desde la oficina de quejas de la presidencia de la República se mandara un escrito a las autoridades agrarias de Chiapas, mediante el cual se les solicitaba activar los trámites de dotación.[11]
Pero a pesar de esta carta los chiptikeros no tuvieron una buena respuesta por parte de las autoridades agrarias estatales, por lo que en una visita realizada al estado de Chiapas por parte del presidente de la República decidieron entregarle un escrito que refleja una profunda desesperación e indignación, y que retomo a continuación:
Aprovechando la visita de usted a nuestro Estado, deseamos exponerle que: en virtud de que empleados venales enviados por la Delegación del Depto. Agrario en el Estado, que se han vendido con el patrón, no ha sido posible hasta la fecha que se envíe un empleado honesto y honrado a hacer los trabajos informativos […] o preliminares a efecto que pueda resolverse nuestra solicitud de ejidos que tenemos presentada desde hace varios años.
Lo anterior nos obligó […] a dirigirnos a la Presidencia de la República y después, a hacer un viaje a la Capital con el fin de buscar el apoyo y ayuda necesaria […], pero desgraciadamente envió la Mixta Agraria a un Ingeniero que ya una vez se había vendido con el patrón y llegó a informar que “nuestro poblado solicitante no existía”.
Seguimos insistiendo ante la Delegación […] y envió a otro empleado que lejos de ir con nosotros a nuestro poblado nos quiso obligar a llegar para la “diligencia” a la casa del patrón señor José Castellanos a lo cual nos negamos en vista de que cuantas veces este patrón nos ve llegar, nos insulta llamándonos “ladrones de tierras”.
Ante tanto daño que recibimos nos vemos precisados a ocurrir ante usted, para suplicarle su intervención […] a efecto de que comisione a un empleado honrado e imparcial.[12]
Estas acciones hicieron “aparentemente” posible que se tuviera un “gran avance” en el trámite agrario. Así, en agosto de 1962 el gobernador del estado de Chiapas dictó un mandamiento dotando al poblado de San Miguel con una superficie de 1 773 hectáreas.[13] Del total de la superficie que aparentemente sería entregada se podía deducir que casi 79% de la tierra correspondía a terrenos nacionales y sólo el resto pertenecía a tierras que serían afectadas de dos fincas, lo que evidenciaba que en efecto existían verdaderas pugnas entre los finqueros y los solicitantes, ya que la solución que se daba a la demanda de tierra de Chiptik no se resolvía mediante afectación considerable a los terratenientes. Por el contrario, del total de tierras que incluía la dotación, sólo se entregaban 282 hectáreas de la finca en la que los solicitantes habían sido peones acasillados, que representaba la afectación de 4% de las 7 mil hectáreas que había tenido la finca en posesión.
Pero esta “entrega” provisional realizada en agosto de 1962 se quedó tan sólo en el papel, ya que “la posesión provisional se ejecutó en forma parcial el 20 de octubre de 1962, entregándose únicamente -aunque parezca una broma de muy mal gusto- 90 Hs. de agostadero con 40% laborable que corresponden al predio El Nantze”.[14] Este hecho significaba que de las 1 773 hectáreas sólo se entregaron 90, o sea 5% del total pactado, y además la escasa tierra ejecutada no correspondía a la finca de los Castellanos. Este incidente mostraba que aún faltaba un largo camino de lucha por parte de los chiptikeros para conquistar sus tierras. Además, por estas fechas se mantenía latente la amenaza realizada por los Castellanos[15] hacia los integrantes de Chiptik, quienes habían indicado que “procederían judicialmente en contra de los campesinos peticionarios de ejidos acusándolos de paracaidistas, invasores y de destrucción de cosas ajenas”.[16]
Pero la lucha continuó, no sólo contra los terratenientes, sino también contra las autoridades agrarias, y durante cinco años estuvieron peleando por que se les entregara el total de las tierras que ya habían sido pactadas. Durante estos años se presentaron diversos escritos de denuncia ante la Delegación de Asuntos Agrarios y Colonización del estado, donde se comunicaba que “esta Delegación no atiende las gestiones de los interesados del expediente Chiptic del municipio de Altamirano”.[17]
Estas denuncias persistieron, hasta que en mayo de 1967 en el municipio de Jiquipilas, Chiapas, se realizó “aparentemente” la ejecución de la resolución presidencial. En el acto protocolario, se mencionó:
En nombre del C. Presidente de la República […] doy posesión definitiva de las tierras mencionadas [1 773 hectáreas], cuyo deslinde será hecho en su oportunidad por la Delegación del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización en este Estado y hago formal entrega de ellas a este poblado, San Miguel Chiptic, por el conducto de su Comisariado Ejidal.[18]
Así, en 1967, con rúbrica del presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz, se confirmó la entrega de tierras de labor a 20 ejidatarios, quedando para esta fecha 11 más en condiciones de derechos a salvo. Dicha entrega se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 1967. No obstante, habiendo transcurrido treinta años de la primera solicitud de tierra, la problemática en San Miguel continuaba porque esta tierra todavía no había sido dotada físicamente, sólo se había “realizado” en el papel, el cual engrosaba la lista de dotaciones que en apariencia entregaba el Ejecutivo. Es decir, aún faltaba el deslinde definitivo del terreno, que como veremos no sería nada sencillo debido a la política agraria y de confrontación instrumentada en el estado.
Después de esta “acción agraria” realizada únicamente en el papel, los chiptikeros se enfrentaron de nuevo a todo el aparato burocrático para que sus tierras se deslindaran y fueran entregadas. Pero la negativa de las autoridades fue tan grande, que los obligó a volver a trasladarse a la ciudad de México, donde al parecer tampoco tuvieron una respuesta del todo favorable, como se observa en el siguiente escrito:
[…] esperando un tiempo razonable, empezamos a hacer gestiones ante esta Delegación a efecto de conseguir que se comisionara personal que viniera a nuestro poblado a ejecutar la Resolución Presidencial, deslindando las tierras que nos fueron concedidas.
Casi siempre a nuestras gestiones, se nos decía que “por falta de personal no era posible llevar a cabo esos trabajos”.
Recientemente nos trasladamos a México y ocurrimos ante el señor Oficial Mayor del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización y le expusimos lo anterior […] Nos indicó que recurriéramos nuevamente ante ustedes.
En vista de lo anterior señor Delegado, estamos ocurriendo a usted para suplicarle se sirva indicarnos, si ya podemos ser atendidos para ejecutar la resolución presidencial, pues nosotros constantemente tenemos dificultades con los propietarios afectados.[19]
La problemática agraria ya existente se complicaba, debido a que parte de los terrenos que habían sido dotados a los integrantes de Chiptik fueron entregados también a otro grupo de ejidatarios. Este hecho es documentado en el siguiente pasaje retomado de un acta presentada por el poblado de San Miguel Chiptik al Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización en octubre de 1970:
[…] nos dirigimos a usted nuevamente, para hacer de su superior conocimiento, que día a día, va siendo mayor el número de INVASIONES en los terrenos, que de acuerdo con la Resolución Presidencial, nos fue conferida a nosotros.
Ya en muchas ocasiones, nos hemos dirigido a ese Departamento, al igual que a la Delegación de Tuxtla Gutiérrez, haciéndoles saber, el procedimiento seguido que iniciaron desde varios meses esos compañeros que pertenecen al Ejido “Santo Domingo Corona”, que según ellos cuentan con el apoyo de la Mixta Agraria del Estado.
Nosotros como ya le hemos explicado en esas ocasiones […] no queremos provocar una dificultad que traería serias consecuencias, si en defensa de nuestros intereses, nos disponemos a lanzarlos a estos invasores por la fuerza, pues no queremos presentar a ese Departamento problema alguno, que tiene su origen, como ya hemos explicado, en que la Delegación de Asuntos Agrarios de Tuxtla Gutiérrez, a pesar de nuestras gestiones, hasta hoy no ha designado personal, que viniendo a este nuestro Ejido, verifique el Deslinde y la entrega de esas tierras en definitiva a nosotros de acuerdo con la Resolución Presidencial respectiva, la cual desde hace tanto tiempo fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, basándose la citada Delegación (por venganza o castigo para nosotros) en que el Presidente del Comité Ejecutivo Agrario, cuando vino un Ing. a ejecutar dicha Resolución, se negó a recibir las tierras que pretendía entregarnos, porque el citado Ing. en forma parcial a los intereses del Propietario afectado y valiéndose de que nosotros somos Analfabetos, trataba de darnos tierras, de la peor calidad e impropia para el cultivo […]. Desde ese momento, la Delegación, convertida en enemiga nuestra, se ha negado a escucharnos, cuando hemos acudido personalmente a solicitar que se envíe personal a verificar el citado deslinde y entrega de las tierras señaladas en el Plano de Ejecución y Resolución Presidencial respectiva, pero ajustándose a la verdad y la justicia […] Por esta última vez, con todo respeto estamos ocurriendo ante usted para suplicarle, girar las respetables órdenes a la Delegación de Tuxtla Gutiérrez, para que a la mayor brevedad posible, designe personal que venga a efectuar el deslinde y entrega de dichas tierras a nuestro grupo, lanzando de las mismas a ese grupo de Santo Domingo Corona, del Municipio de Las Margaritas, que nos viene provocando con su actitud, que según ellos respalda la Mixta Agraria del Estado.[20]
Este escrito, presentado en 1970, muestra otra de las estrategias aplicadas en Chiapas por las autoridades para frenar el proceso agrario, como fue la entrega intencional de las mismas tierras, o parte de ellas, a uno o a varios poblados, lo que ocasionaba el enfrentamiento entre los diferentes núcleos de campesinos solicitantes. El escrito claramente responsabilizaba a las autoridades agrarias y además señalaba que estos actos eran impulsados por la Comisión Agraria Mixta, es decir, los chiptikeros eran conscientes de que los integrantes de Santo Domingo,[21] quienes también necesitaban tierra, eran impulsados por las autoridades. Un testimonio de Conrado, habitante de Chiptik, apunta que “nuestros abuelos no quisieron pelear con nuestros mismos hermanos que tenían ocupado el terreno que mencionaba la resolución presidencial”.[22]
Esta entrega intencional de las tierras de Chiptik a otro poblado indígena, que también carecía de ellas, provocó la cancelación por casi tres años de los trabajos de deslinde.[23]
En 1971, la Comisión Agraria se presentó en la zona de Chiptik e intentó entregarles menos tierra de la que había sido acordada; además respetaba la invasión del ejido Santo Domingo sobre los terrenos que habían sido entregados a la comunidad. La superficie que se pretendía dotar correspondía a la extensión que antes había sido entregada de manera parcial, es decir, se pretendía una dotación definitiva de sólo 90 hectáreas. Estos hechos se constatan en las próximas líneas retomadas de un memorando elaborado por el Comité Ejecutivo Agrario de San Miguel Chiptik, en el que se establece:
Como […] algunos malos elementos de la Agraria Mixta, estaban aconsejando a los compañeros vecinos nuestros, para que formaran un Ejido, éstos presentaron solicitud de tierras, designando a su poblado con el nombre de Santo Domingo Corona. La Mixta Agraria, ignorando nosotros el motivo, procedió a substanciar el expediente de estos compañeros, que señalaban como terrenos susceptibles de afectación, unos Terrenos Nacionales que estaban comprendidos entre los que se nos dotaban a nosotros en Definitiva. No fue sino el día 20 de septiembre de 1969, en que logramos, se comisionara personal de la Delegación Agraria para que viniera a Ejecutar en forma efectiva el deslinde de las tierras con que se nos había dotado, para tal objeto se comisionó al Ing. Jesús Ortega Ruiz, quien al llegar a nuestro Ejido a proceder ejecutando sus órdenes, se encontró con que los compañeros de Santo Domingo Corona, ya la Mixta Agraria les había dado en Posesión Provisional parte de los terrenos asignados en la Resolución Presidencial, en favor nuestro, por lo cual y al saber nosotros que el Ing. comisionado quería respetar la Provisional dada a los compañeros de Santo Domingo Corona, solamente nos pretendía entregar 90 hectáreas, y nosotros sabedores del derecho que nos asistía, puesto que la Mixta Agraria, no debería haber susbstanciado el expediente de dichos compañeros, sin antes haber ejecutado el Deslinde de lo concedido a nosotros, nos negamos a recibir esa superficie.[24]
Pero estos acontecimientos expresados por los integrantes de Chiptik, que evidenciaban que las mismas autoridades habían alentado a que otro poblado solicitara tierras ya dotadas, y además el intento de burla hacia la comunidad al quererles entregar una ínfima cantidad de tierras, alentaron a que en el año 1971 se enviaran diversos escritos al entonces presidente de la República, Luis Echeverría. En uno de ellos, que fue mandado por medio de un telegrama, su sentir era el siguiente:
[…] Sesenta y dos familias campesinas indígenas que integramos ejido San Miguel Chiptic, estamos ocurriendo usted demanda justicia, solicitándole atención inmediata nuestro caso que podría ocasionar un encuentro entre nosotros y los compañeros del ejido Sto. Domingo Corona […]
Este problema inter-ejidal lo ha creado la Delegación del Depto de Asuntos Agrarios este estado y en varias ocasiones lo hemos dado conocer tanto al citado Departamento como a la consultoría respectiva, sin que ninguno de ellos […] hayan hecho algo por resolver el problema […]
Día tras día regresamos a esa capital entregamos manos de delegado un oficio donde pedimos atender y resolver nuestra situación […] pero este individuo que siempre se ha señalado como un déspota y enemigo del campesino sólo concretóse decirnos que estudiará el caso.
Rogámosle girar superiores instrucciones efecto Delegado comisione personal ejecute resolución presidencial deslindando nuestro ejido.[25]
Estos sucesos que parecieran inciertos fueron crudamente vividos por los pobladores de Chiptik, quienes tuvieron que resistir y soportar una larga lucha que llevaron a cabo en medio de una gran pobreza. Evidencia de esto es otro de los escritos dirigidos al presidente de la República en 1971:
En el mes de octubre del año de 1964, solicitamos y obtuvimos del Banco Nacional de Crédito Agrícola y Ganadero, un préstamo […] mismo que dedicamos en 85%, para la compra de diez becerras y un torito para semental de la raza Cebú; el resto o sea 15%, lo dedicamos a cubrir al señor José Castellanos, una fracción de terreno que adquirimos de la pequeña propiedad de dicho señor, pues los terrenos con que se nos había dotado como ejido provisional eran de pésima calidad y sin agua; elemento indispensable para nuestros cultivos […]
En el año de 1966, a principios, azotó en la zona una enfermedad en el ganado, que acabó no solo con las becerras y el torito fino que habíamos adquirido, sino que se nos murieron 90% de nuestro ganado, acabando por completo el ganado lanar y porcino, que eran nuestras más fuertes fuentes de ingreso. Por ese motivo y habiendo quedado reducidos, nosotros a la más espantosa miseria, no pudimos cubrir, no sólo los intereses devengados y correspondientes a dicho Préstamo, sino que ante la imposibilidad, de ni siquiera abonar algo a la cantidad inicial obtenida, recurrimos al Presidente Díaz Ordaz, solicitando la Condonación de nuestro adeudo que ya nos estaban exigiendo en forma judicial.
Se corrieron algunos trámites tendientes a dictarse la condonación que habíamos solicitado; pero desgraciadamente al empleado a quien se comisionó para venir a nuestro poblado a inspeccionar y darse cuenta de nuestro estado de pobreza en que nos encontrábamos, éste señor se concretó a mandarnos llamar a la cabecera municipal Altamirano y pedirnos que le diéramos diez mil pesos y que él rendiría un informe favorable.
Nosotros analfabetas, pero habiendo recurrido a la Liga de Comunidades Agraria dimos a conocer lo anterior y de inmediato tal cosa y proceder de ese mal empleado se dio a conocer al banco, lo cual trajo como consecuencia el cese de ese mal empleado, quien en venganza había rendido un informe contrario a nuestros intereses y poco faltó para que nos hiciera aparecer como millonarios.
Ciudadano Presidente ahora en su visita de trabajo a este estado, para rogarle, recomendar a la Gerencia General de dicha Institución […] nuestra solicitud de Condonación.[26]
En medio de esta enorme pobreza, los integrantes de Chiptik continuaron solicitando la entrega física de su tierra que se les había dotado por resolución presidencial en 1967. Así, cansados pero no vencidos, siguieron presionando a las autoridades correspondientes, además prosiguieron realizando las denuncias pertinentes donde se expresaba la negligencia absoluta de las autoridades agrarias. Por ejemplo, en noviembre de 1971 expresaban:
Desgraciadamente para nosotros campesinos pobres que vivimos en lugares tan alejados de esa capital y que la afectación para dotársenos de tierras comprendía a personas muy influyentes en el régimen de esa época, cuantas veces recurrimos, el Delegado invariablemente nos daba la misma respuesta: “tan luego se disponga de personal se atenderá su petición”.
Cansados en más de dos años de estar oyendo esta misma respuesta recurrimos en queja al Presidente de la República y al jefe del Depto. Agrario, lo cual trajo como consecuencia que el Ing. De la Cruz, designara a un Ing. (amigo de los propietarios afectados) para que este viniera a nuestro poblado a ejecutar la mencionada resolución presidencial.
Como este Ing., valiéndose de que nosotros somos analfabetas, nos quiso entregar tierras inservibles para nuestros cultivos, la gente se amotinó y obligó al presidente del Comité de la Colonia a no recibir la dotación de esas malas tierras que se trataban de entregar favoreciendo a intereses del propietario afectado.
El caso es señor Delegado que han pasado más de cinco años sin que hasta la fecha se venga a ejecutar esa resolución presidencial.[27]
La respuesta de las autoridades ante la petición de deslinde era que ellos no podían realizar dicho trabajo debido a que otros poblados ocupaban parte del terreno dotado a Chiptik. No obstante, nunca dijeron que ellos mismos habían entregado con toda intención a varios poblados las mismas tierras, con el objetivo de crear una problemática intercomunitaria que propiciaría detener el avance de la “reforma agraria” y con ello frenar la posible afectación de los propietarios susceptibles de ser expropiados.
En noviembre de 1972, un comisionado de la Delegación del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización se presentó en la zona para llevar a cabo los trabajos de deslinde del ejido definitivo de ese poblado. Sin embargo se presentaron serios problemas con los ejidatarios de Santo Domingo Corona, ya que, como hemos señalado, se les había entregado tierra que pertenecía, de acuerdo con la resolución presidencial, a los integrantes de Chiptik. De entrada, todo indicaba que el conflicto entre ambos poblados quedaba resuelto, debido a que San Miguel Chiptik concedería como acuerdo parte de las tierras que se encontraban en conflicto.[28] Pero el ejido de Santo Domingo desconoció este acuerdo y afirmó que no dejaría llevar a cabo el deslinde del terreno.
Aunado a esta seria y profunda problemática se mostró otra de la misma envergadura, ya que los ejidatarios de San Isidro, municipio de Altamirano,[29] también habían sido dotados con terrenos que ya poseían, por resolución presidencial, los pobladores de San Miguel Chiptik. Es decir, que parte de las tierras no sólo había sido entregada a Santo Domingo, sino que ahora otro núcleo de ejidatarios también reclamaba parte de las tierras de San Miguel.
De nueva cuenta, estos hechos propiciaron que el deslinde no pudiera ser realizado, debido a que
un grupo de Santo Domingo Corona, expuso su inconformidad con los trabajos, diciendo que por ningún motivo dejarían medir nada, y que era preferible quedar muertos todos en la brecha, que permitir que se midiera. [Asimismo], los vecinos del poblado San Isidro se distribuyeron entre los árboles y dijeron que si pasábamos de allí nos iban a esperar con sus armas, porque ese terreno era de ellos y nadie se los iba a quitar.[30]
Aunado a estos hechos, los integrantes de San Isidro interpusieron un amparo, lo que provocó que el delegado agrario girara instrucciones de suspender los trabajos de deslinde del poblado de Chiptik.[31]
En el mismo informe que describe de entrada el conflicto que se presentó entre los tres poblados se enuncia que
el deslinde del ejido definitivo de San Miguel Chiptik, no puede llevarse a cabo de acuerdo con el plano proyecto porque al lado noreste, fue afectado para el ejido del poblado Puerto Rico, y al sureste, para el ejido provisional del poblado Santo Domingo Corona; por otra parte, en el lado sur del mismo proyecto está ocupado por el caserío del poblado San Isidro, y parte de los Nacionales están ocupados por vecinos de ese poblado.[32]
Es decir, como claramente se puede constatar en el Plano Anteproyecto de Dotación Definitiva para el Poblado San Miguel Chibtic, aparte de Santo Domingo Corona y San Isidro, otro poblado denominado Puerto Rico había sido dotado con partes de las tierras que se habían entregado a Chiptik, lo que mostraba que la demanda agraria, después de haber transcurrido cuarenta años de la solicitud original, no había sido resuelta. Por el contrario, las propias autoridades eran las causantes de severos conflictos agrarios entre las comunidades, como lo denuncia un escrito de 1979.[33]
Luego de este proceso sumamente tortuoso para la comunidad, que implicó idas y venidas a Tuxtla Gutiérrez e incluso hasta la capital de la República, además de profundos enfrentamientos con el finquero, las autoridades agrarias y las propias comunidades, en julio de 1975 por fin se llevó a cabo la ejecución de la superficie. Sin embargo no podemos hablar de un triunfo. Primero porque habían transcurrido casi cuarenta años de la solicitud, lo que implicaba que algunos de los solicitantes originales que lucharon toda su vida por la tierra ya habían muerto. Además lo más grave y terrible era que de las 1 773 hectáreas firmadas por el presidente de la República en 1967, sólo se entregaron 772, es decir, más de ¡mil hectáreas menos! y casi ¡cuarenta años después! de la primera solicitud de dotación de tierra presentada en 1937.
En suma, después de una larga historia de lucha, los chiptikeros recibieron nada más 43% de la tierra que originalmente se les había otorgado en la resolución en segunda instancia. Así, quedando pendiente hacer una real y verdadera justicia a los campesinos de Chiptik -y a los otros poblados-, quedó asentado en un primer momento en el acta correspondiente a la posesión y deslinde, que
para dar cumplimiento de la Resolución Presidencial de fecha veintiséis de mayo de mil novecientos sesenta y siete […] se concede a los vecinos solicitantes del poblado denominado “San Miguel Chiptic” […] por concepto de dotación definitiva de ejido, una superficie total de 1 773 hectáreas.[34]
Pero al final del acta (como si fuera una novedad) se indica que una vez haciendo el recorrido del terreno, se encontró que otros poblados ocupaban partes de la superficie concedida por resolución presidencial; por lo que se afirma que
se dejarán de entregar de este predio 67 hectáreas, por estar afectadas por el ejido Santo Domingo Corona […] además de 938 hectáreas por estar repartidas entre los ejidos Santo Domingo Corona del municipio de Las Margaritas y Puerto Rico del municipio de Altamirano […] En nombre del C. Presidente de la República […] doy posesión parcial con 772 hectáreas […] dejando de entregar 1 050 hectáreas por las causas asentadas.[35]
Al dejar pendientes 1 050 hectáreas, las cuales eran necesarias porque había familias que requerían la tierra para sobrevivir, fue solicitada una ampliación el 4 de agosto de 1977.[36] Pero dos años más tarde las autoridades agrarias indicaron que no existían tierras disponibles.[37]
Para esta ampliación se había señalado como una zona susceptible de reparto las fincas de Cananea y San José Quixte, así como la finca denominada Yalchiptic, propiedad de los Castellanos. En estas fincas, dedicadas a la ganadería, se encontraban personas que tenían una gran relación con las estructuras de poder del estado, que habían detenido todo intento profundo de reforma agraria. Muestra de ello era el curso histórico que se le había dado al reparto de tierra en San Miguel Chiptik.
Es probable que el intento de afectación de estas fincas provocara que a comienzos de la década de los ochenta ocurriera otro hecho que no tengo palabras para calificar. Por segunda ocasión en la historia de Chiptik, declararon inexistente al poblado. Esto se verifica en la siguiente notificación:
El Cuerpo Consultivo Agrario, en sesión de Pleno celebrada el día 1° de octubre de 1980, y al ser tratado el caso relacionado con el poblado denominado San Miguel, Municipio de Altamirano, estado de Chiapas, aprobó el siguiente acuerdo:
Primero: -Por inexistencia del poblado solicitante, se declara improcedente la Acción puesta en ejercicio.
Segundo: -Quedan expeditos los derechos de los peticionarios o de cualesquiera otros, que satisfagan los requisitos de Ley para promover la Acción Agraria.
Tercero: -Notifíquese personalmente a los peticionarios por conducto del Comité Particular Ejecutivo y por oficio al encargado del Registro Público de la Propiedad, y en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.[38]
Pese a este hecho indignante, donde al parecer de nueva cuenta desaparecían a Chiptik, en 1983 los integrantes de dicho poblado solicitaron ante el delegado de la Secretaría de la Reforma Agraria se les entregaran las 1 050 hectáreas faltantes, que por resolución presidencial les pertenecían.[39]
A pesar de esto, todavía en 1990, muy cerca ya de 1994, habían solicitado la intervención de algunas autoridades del estado para solucionar conflictos por insuficiencia de tierra. Lo cual se entiende perfectamente, ya que en la comunidad el promedio de superficie por familia es de ¡una hectárea! de donde sobreviven de siete hasta doce hijos.
Este recorrido nos permite -aparte de indignarnos- comprobar que el proceso agrario para muchas de las comunidades de lo que hoy se conoce como la “zona de conflicto” no fue fácil. También nos posibilita entender parte de la historia reciente de la entidad. Es decir, historias como éstas fueron algunas de las múltiples determinaciones que alentaron la formación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Asimismo, evidencian las estrategias seguidas a toda costa en la entidad para tratar de frenar el reparto agrario.
Pero la historia particular de Chiptik también nos permite comprender cómo la autonomía que hoy es una realidad entre los chiptikeros es producto de múltiples determinaciones históricas. Una de ellas es la penosa vida que tuvieron que enfrentar como peones acasillados y otra es la larga lucha por la tierra. Aunadas a estas determinaciones, la reforma al artículo 27 constitucional en 1992 y las políticas neoliberales representaban la continuación y el endurecimiento del olvido, el racismo y la marginación. Por ello, en el marco de la insurrección del EZLN, San Miguel Chiptik y otras comunidades, entre ellas Santo Domingo Corona y San Isidro -poblados que finalmente comprendieron que el gobierno, al entregarles las mismas tierras, pretendía confrontarlos y dividirlos-, decidieron conformar y pertenecer a uno de los municipios autónomos que hoy se encuentran en construcción.[40] Así, los hombres y mujeres de Chiptik por medio de su palabra destacan lo siguiente:
Queríamos una vida mejor, pero las autoridades nunca nos tomaron en cuenta, por eso nosotros queremos determinar nuestra manera de vivir, gobernarnos nosotros mismos, por eso llegamos al acuerdo de ser autónomos.[41]
La autonomía es vista como una estrategia de desarrollo construida desde y para las propias comunidades, lo que rompe con la política de “desarrollo” -o mejor dicho antidesarrollo- que el gobierno ha seguido con las comunidades indígenas. Esta política gubernamental desde arriba, o mejor dicho esta heteronomía, ha tratado de incorporar a los diferentes pueblos a un supuesto desarrollo que no ha respetado la cultura, ya que a toda costa ha intentado asimilarlos e incorporarlos a una aparente identidad nacional, que implica una historia común, una lengua que nos identifique como nación, las mismas costumbres y tradiciones, entre otras. Asimismo han sido descartadas las diferentes concepciones que sobre desarrollo tienen las propias comunidades, que están en función de otras realidades y de otras formas de concebir el mundo. Es decir, hasta la fecha no se ha entendido que el mundo indígena campesino tiene otra lógica, la cual está en conflicto y contradicción con la lógica del sistema económico capitalista, que busca a toda costa la máxima ganancia y que concibe el desarrollo en función del crecimiento económico.
Por ello la autonomía es en parte una real alternativa y estrategia de desarrollo para estas comunidades, que tienen entre sus objetivos ir construyendo un nuevo camino que posibilite mejorar sus condiciones de vida, terminar con la penosa pobreza, respetar sus costumbres, sus tradiciones, sus formas de concebir y de entender el mundo, sus sistemas normativos. En suma, la autonomía busca que se reconozcan y se respeten otras formas de vida, otros pensamientos, otras cosmovisiones y otras culturas que han sido históricamente negadas.