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Las tribus amazónicas luchan por mantener vivo al río Xingu
Glenn Switkes
Durante cinco días este mayo de 2008, cientos de grupos tribales de los sitios más remotos de la cuenca amazónica se reunieron a protestar contra el plan de construir grandes presas en el río Xingu, tributario más grande del Amazonas.
Era como estar en las Naciones Unidas de los pueblos indígenas. Representantes de Kayapó, Parakanã, Assurini y otros grupos indígenas llegaron luciendo la pintura ceremonial de genipapo (negro) y urucum (rojo) con adornos de plumas. Algunos viajaron distancias de hasta mil millas para asistir a la reunión.
Los pueblos indígenas de la región vieron en esta reunión con los oficiales de Altamira el momento crítico de presentar su posición respecto de los planes de gobierno de inundar sus territorios y de describir la importancia de la red fluvial del Xingu en su forma de vida.
El encuentro, cargado de emociones, estuvo lleno de momentos de gran fuerza. Cada día, los grupos indígenas entraron y se fueron danzando y cantando. Guerreros, armados con palos, arcos y flechas, realizaron rituales que rara vez son vistos fuera de las ceremonias de sus comunidades.
Un jefe Kayapó le dijo a un abogado público federal, “Queremos que ustedes, en tanto que autoridad de gobierno, le digan al presidente Lula que va a haber una guerra mundial en la Amazonía si intentan construir estos diques.”
Otro jefe Kayapó tomó a su hijo en brazos al tiempo que decía “Queremos proteger el Xingu - por nuestros hijos y nietos.” Mujeres Kayapó bañaron a sus recién nacidos en las aguas del río Xingu, mientras decían a los espectadores de los medios y del gobierno, “Por esto nos oponemos a los diques. Necesitamos agua limpia para beber y para bañarnos. Necesitamos al río Xingu para tener vida.”
Dos décadas más tarde, los moradores del Amazonas enfrentan una nueva ofensiva
Las cristalinas aguas del río Xingu fluyen desde el centro de Brasil, a través de planicies desmontadas para el cultivo de soya, al interior de la sabana brasileña y, finalmente, se vacían en la majestuosidad del prístino bosque tropical. El bosque se mantiene aún por ser territorio indígena y porque los guerreros autóctonos han repelido a los invasores por siglos.
Más de 800 pueblos indígenas de 26 grupos étnicos y representantes de los movimientos sociales de toda la cuenca se congregaron en el poblado amazónico de Altamira para lo que fue la reunión más grande del Amazonas en cerca de 20 años. La reunión marcó la continuidad de una oposición firme a los diques, luego del ya histórico encuentro de Altamira, en 1989, entre los Kayapó y otros grupos indígenas, ambientalistas y gobierno brasileño.
En ese otro encuentro, Tuira, una mujer guerrera Kayapó, pasó el filo de su machete por la mejilla a José Muñiz Lopes, quien hoy es presidente de Electrobrás , la compañía estatal de electricidad. Resultado de esa resistencia indígena, el Banco Mundial canceló un préstamo al sector eléctrico brasileño, retrasando los planes del gobierno con respecto a la presa del Amazonas por más de una década.
Hoy, el gobierno brasileño presiona para que se continúen las presas en el bosque tropical, incluyendo la gigantesca represa de Belo Monte. De ser construida, la de Belo Monte sería la tercera presa más grande del mundo. Los indígenas están de nuevo haciendo sonar la alarma y formando un frente unido contra la contención del Xingu. A pesar de que el gobierno intenta mostrar Belo Monte como la mejor de las alternativas respecto de los planes pasados para la construcción de una serie de diques en el río, los representantes indígenas se pronunciaron con firmeza en contra de cualquier intervención que afecte a la fauna ribereña de la que ellos dependen para sobrevivir.
Belo Monte secaría, también, más de 100 kilómetros del “gran delta” del río Xingu, dejando a sus comunidades sin peces, transporte o abasto de agua limpia. Proveería a la vez de un criadero de insectos que facilitarían la propagación de la malaria, la fiebre amarilla y otras enfermedades. Por lo menos 16.000 personas tendrían que ser reubicadas si los planes de la presa de Belo Monte procediesen.
El gobierno brasileño lanzó recientemente un nuevo “inventario hidroeléctrico” para el Xingu que sugiere que la presa de Belo Monte es viable por ser única, al no requerir de diques adicionales río arriba. De basarse en esta valoración, el estudio concluye que la construcción de Belo Monte eliminaría la necesidad de anegar los territorios indígenas de río arriba.
Sin embargo, la corriente baja del río Xingu durante la seca hace que expertos y moradores cuestionen la capacidad de la hidroeléctrica de Belo Monte sin que se tenga que construir más diques río arriba para poder almacenar el agua y reencauzarla hacia Belo Monte durante los períodos en que el agua baja. Río arriba los diques inundarían miles de kilómetros cuadrados de bosque tropical, incluyendo los territorios indígenas. Los pueblos indígenas reunidos en Altamira claramente han puesto en duda la credibilidad de las afirmaciones del gobierno.
Los Kayapó aclararon que se opondrán a los planes de contención del río Xingu. El momento más dramático y aterrador de la reunión fue cuando los Kayapó se indignaron ante la defensa arrogante de las presas del Xingu por parte de un oficial de Electrobrás; sus discursos simplistas, que afectan las necesidades de la gente, resuenan en la Fundación Nacional Indígena, agencia que ha hecho poco por resolver los problemas causados por los pasados proyectos de desarrollo y que hoy se ve enlodada por la corrupción.
Su discurso propició la respuesta de enojo por parte de Tuira, quien blandió su machete. La prensa brasileña utilizó la sangre del funcionario para salpicar impresos y pantallas de Televisión en todo el país. Más tarde Tuira explicó, “Estamos defendiendo los árboles, los pájaros y todo lo que vive en el río y en los bosques. Vamos a continuar defendiéndolos y a llevar el mensaje a toda la gente de Brasil.”
La agresión generó una reacción de horror entre las 3.000 personas que asistieron y el público brasileño. Pero las repercusiones habrían podido ir más allá del revés propinado por los medios al agravar el tono de la ya frágil relación entre el sector eléctrico brasileño y los innumerables grupos indígenas que se verían afectados por los planes del gobierno de levantar diques sobre los principales tributarios del Amazonas. Recientemente el director de planeación de energía de Brasil Mauricio Tolmasquim, se quejó de que los planes hidroeléctricos ya están sufriendo retrasos porque los pueblos indígenas no permiten a los ingenieros entrar a las tierras para valorar la potencialidad de los diques.
Después de la reunión de Altamira, era seguro que los conflictos en torno a los diques del Amazonas se intensificaran. La política energética de largo alcance de Brasil, contempla en las enormes presas la alternativa que de manera aplastante incrementaría el abasto de energía en el país. La agencia Tolmasquim aconseja que Brasil deberá construir una capacidad hidroeléctrica generadora de 100.000 megawatts (MW) adicionales para el año 2030, doblando a grandes rasgos su actual capacidad instalada. El trazo de nuevas presas en la Amazonía contempla proveer 80.000 MW de esa energía. La agencia calcula que dos tercios del potencial hidroeléctrico restante del país se localiza en el Amazonas.
Lo que esto significa es que 60 a 70 enormes presas serían construidas en el bosque tropical durante las próximas dos décadas en ríos como Xingu, Madeira, Araguaia, Tocantins, Tapajón y Trombetas. En el estimado del gobierno, 40% de estas presas interferirán con las reservas indígenas o áreas protegidas.
Pero dichos estimados se quedan cortos ya que sólo consideran las tierras que serían inundadas por los diques. En realidad, casi todas las nuevas presas presentan serias implicaciones para los pueblos indígenas de Amazonía. Las proyecciones y la experiencia pasadas indican que los planes de contención podrían diezmar la fauna ribereña, el producto básico de su dieta. Los megaproyectos requerirían, también, de construir caminos hacia áreas antes remotas, llevando a la deforestación y a un flujo mayor de miles de trabajadores migrantes, en busca de empleo.
El calentamiento global y la energía barata
Todo esto incrementa la presión, de por sí intensa, sobre la flora y la fauna, y crea incentivos para la formación de nuevos centros de desarrollo industrial. Los servicios públicos en las ciudades y pueblos de la Amazonía se volverían escasos en la medida en que nuevos inmigrantes aumentasen la demanda de hospitales, agua y servicios de drenaje. Los bares, la prostitución y el uso de las drogas se incrementarían. Este ha sido el patrón característico de los megaproyectos como el del dique de Tucuruí o de la mina de hierro de Carajás.
Las presas hidroeléctricas del Amazonas emitirían también cantidades significativas de gases de invernadero, principalmente metano, contribuyendo al calentamiento global. Philip Fearnside, del Instituto Nacional de Brasil para la investigación del Amazonas publicó un estudio que muestra que el efecto invernadero de las emisiones del dique Curuá-Una, en Pará, Brasil, en 1990, era más de 3,5 veces lo que habría debido producirse al generar la misma cantidad de electricidad por petróleo. Estudios en otras presas tropicales muestran que la emisión de gases de invernadero frecuentemente excede a la de plantas de gas natural de ciclos combinados.
No obstante el impacto social y ecológico, hay signos claros de que el gobierno intenta arremeter con sus planes de construcción de diques en la Amazonía, no importa a qué precio. Los diques de Santo Antonio y Jirau, en el río Madeira, obtuvieron licencia ecológica, a pesar de las objeciones de los expertos técnicos en la agencia de protección ambiental Ibama. El dique de Marabá, en el río Tocantins, actualmente en trámites de obtener licencia, requeriría de la reubicación involuntaria de más de 40.000 personas –la expulsión más grande de brasileños desde los días de la dictadura militar de 1970. Marabá inundaría a los indígenas de la reserva de Gaviao y otro dique al que el gobierno ha dado prioridad, el de Serra Quebrada, anegaría las tierras más fértiles del grupo indígena del Apinajé.
Estos y otros proyectos pueden prever ser cuestionados en las cortes, principalmente por los abogados del Ministerio Público Federal, un cruce entre la oficina del Abogado General de Estados Unidos y los abogados del interés público. Los abogados federales son una espina en el costado del sector eléctrico, tanto que fueron criticados recientemente por un estudio del Banco Mundial en relación a la problemática del licenciamiento de diques hidroeléctricos del Amazonas, por ser demasiado autónomos, al detener proyectos para los cuales el Banco aceleró sus trámites de aprobación.
El desplazamiento de comunidades enteras, la falta de consulta de los pueblos indígenas y la destrucción ambiental en nombre del progreso, ocurren bajo un gobierno “popular” que ha evitado cuidadosamente cualquier debate público acerca del futuro de la energía en Brasil. Ya no se trata de una cuestión de si Brasil debe o no construir diques o plantas nucleares o de carbón; Lula ha dejado en claro que, cual si fuese gestor del interés comercial y político de un grupo de jefes, asociados por décadas con la corrupción en proyectos de infraestructura gigantescos, intenta construir diques, cabezas nucleares y plantas de carbón contaminantes.
El gobierno ha decidido que la construcción del dique debe avanzar, ya que, tomando el argumento del antiguo presidente de la compañía de estado Electrobrás, no se puede permitir a los ambientalistas “detener a Brasil”. La energía hidroeléctrica, a gran escala, es considerada todavía “la más barata” para las necesidades energéticas de Brasil y continuará siéndolo si el gobierno sigue permitiendo que fluyan los subsidios hacia la construcción de grandes represas. El Banco Nacional de Desarrollo Social y Económico de Brasil (BNDES) recientemente bajó sus tazas de interés y extendió sus plazos de pago para los diques al interior del Plan de Aceleración del Crecimiento de Lula, o PAC. El dinero procede del Fondo de Desempleo de los Trabajadores y de los fondos de pensión pública y es canalizado a empresas privadas interesadas en construir diques en el Amazonas. Compañías transnacionales como Suez acarician los términos liberales para empréstitos y expanden sus planes de construcción de diques en la Amazonía.
Brasil cuenta con diversas alternativas en lo que respecta a los diques, incluyendo viento, biomasa u opciones solares. Cuenta, también, con el mejoramiento de la eficiencia energética, la retroalimentación de viejos diques y el recorte de pérdidas en líneas de transmisión. Pero estos no generarían lo mismo en contratos para el sector privado, ya sea vía coima o corrupción, que megaproyectos como Belo Monte, que podría acabar costando más de 10 mil millones. Recientemente han surgido escándalos que involucran pagos procedentes de compañías manufactureras de equipo para conseguir tratos lucrativos vía los diques y muchos de los más altos mandos del antiguo sector eléctrico han sido consignados con cargos de chantaje por manipulación de ofertas para los trabajos de infraestructura.
Mientras, la deforestación de la Amazonía continúa aumentando exponencialmente y el gobierno de Lula hace chanchullos al tiempo que se quema el bosque tropical. Plantaciones de soya, campos de caña para etanol, más minas, más fundidoras de aluminio y la planeada red de diques sirven de motor de una mercantilización del bosque tropical y de la destrucción sistemática de uno de los pocos pulmones que le quedan al planeta.
La resistencia a las presas aumenta
En este contexto, la reunión del Xingu proporcionó una importante plataforma con el objeto de formar una base amplia de resistencia contra la destrucción del Amazonas. Idalino Nunes de Assis, de la Unión Rural de Trabajadores en Puerto de Moz, dijo en la clausura de la reunión, “El Xingu es nuestra vida, nuestro país, nuestra casa, nuestro fuente alimenticia, nuestra agua para beber, nuestro modo de vida. Necesitamos unir fuerzas –los habitantes ribereños, los pueblos indígenas, los cazadores del bosque, quilombolas (descendientes de los esclavos Africanos prófugos) y la gente de las ciudades– para que el Xingu no sea condenado a muerte. Ellos quieren contener nuestro Xingu para privatizarlo.”
Dom Edwin Krautler, obispo de Xingu, dijo a la multitud, “Los pueblos indígenas consideran que sus hijos, nietos y bisnietos son puente entre sus ancestros y las generaciones futuras. Los blancos a menudo actúan como si ellos fueran la última generación antes del diluvio. La Amazonía tiene un corazón muy grande y todos caben en él –los pueblos indígenas, las poblaciones tradicionales y los inmigrantes más recientes. Estamos en esta lucha juntos.”
La declaración final de la reunión de Altamira, llamada “La carta del Xingu vivo para siempre”, expresó una voz unida contra los diques, grandes y pequeños, en el Xingu y en sus tributarios.
“Nuestra cultura, nuestra espiritualidad y nuestra supervivencia están enraizadas en el Xingu, y dependemos de él para nuestro sustento … Quienes hemos protegido al río Xingu, no aceptamos la invisibilidad con la que desean imponer sus decisiones sobre nosotros, ni tampoco la manera en que somos tratados, con el desdén de los servidores públicos … Exigimos respeto.”
Lo que se me queda grabado en la memoria es esta reunión notable que imprime un sentido de determinación y un compromiso inflexibles en lo que toca a la protección del Xingu, por parte de los pueblos. Se trata de un sentimiento que no menguan la violencia ni la reacción virulenta de los medios, orquestada por el gobierno.
La esperanza está viva en los rabiosos rápidos del Xingu y el espíritu del bosque tropical se refleja en los ojos de la gente que se gana la vida en sus aguas prodigiosas.