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Comunidades salvadoreñas se organizan frente a las amenazas de desalojos
Cilia Hernández / El Salvador
Las comunidades indígenas y campesinas hacen frente a la ofensiva del Gobierno salvadoreño, que quiere expropiar sus tierras, objeto de intereses especulativos y megaproyectos del Plan Puebla Panamá y del TLC.
El pasado 5 y 6 de octubre de 2007 tuvo lugar en Santa Marta, municipio de Victoria, en el departamento de Cabañas, un encuentro nacional en el que estuvieron presentes 270 representantes de diversas comunidades salvadoreñas pertenecientes a nueve de los 14 departamentos de El Salvador y todas amenazadas de desalojo en sus respectivos territorios.
Al encuentro acudieron desde las comunidades de Conchagua y Costa del Sol de La Unión, Intibucá, Soyapango y Zona Metropolitana de San Salvador, La Maraña de Sensuntepeque, Juacuarán de Usulután, Guacotecti y Santa Marta de Cabañas, San Antonio del Mosco de San Miguel, Comunidad la Cuchilla de La Libertad, Santa Ana, Zacatecoluca, Tonacatepeque, Cantón Cangrejera, El Carmen de Cuscatlan, San Pedro Perulapan y San Luis la Herradura. Dicho acto coincidió con el 20º aniversario del retorno de refugiados procedentes del campo de Mesa Grande (Honduras), donde miles de salvadoreños se vieron obligados al exilio forzado debido a las actuaciones indiscriminadas de las Fuerzas Armadas, durante la cruenta guerra civil que azotó el país entre los años 1980 y 1992.
En dicho evento se constituyó el Movimiento Nacional por el Derecho a la Propiedad de la Tierra de las Comunidades Indígenas, Campesinas y Urbanas, como herramienta aglutinadora de las comunidades afectadas y con el fin de hacer frente al Gobierno y a sus políticas neoliberales. Según denuncia a DIAGONAL Rosa Laínez, una de las líderes comunitarias de Santa Marta: “El objetivo del encuentro fue identificar las causas que originan la violación a los derechos de propiedad de las tierras de las comunidades y construir una estrategia conjunta de articulación para enfrentar esta problemática de ámbito nacional”.
Abusos del Gobierno
Las comunidades presentes en el acto identificaron como principal responsable del atropello al actual Gobierno salvadoreño: lejos de asegurar las condiciones de miles de familias campesinas e indígenas a una vivienda digna y por ende a la posesión de sus tierras, aprobó el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y apoya el proyecto Plan Puebla Panamá (PPP). Para las comunidades afectadas, el presidente Antonio Elías Saca (del partido ultraderechista ARENA) se ha erigido en el responsable de facilitar y garantizar el acceso a las tierras a las grandes empresas transnacionales, violando así el derecho de las comunidades a la propiedad. Todo ello a través del sistema judicial y el resto de instituciones del Estado (alcaldías, Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria y la Comisión ejecutiva Portuaria de El Salvador principalmente), que están utilizando diferentes mecanismos, incluida la estafa, para desalojar a los habitantes de sus tierras.
“Esta política dejará sin tierras a miles de personas en nuestro país, lo cual no es el único problema. Estas comunidades serán despojadas de sus viviendas, de sus cultivos, sus animales y su identidad; ya hay deserción escolar y problemas psicológicos en la niñez y las personas ancianas, porque estas familias piensan las 24 horas en cuándo las desalojarán. Además está en juego el derecho al acceso al agua, la vivienda digna y una alimentación adecuada”, declara a DIAGONAL Miguel López, líder comunitario y presidente de la organización local ADES Santa Marta.
Causas del conflicto
El problema de la tenencia de las tierras se extiende en todo el país, según indica a DIAGONAL María Silvia Guillén, directora de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD): “En este momento El Salvador se encuentra en venta, toda la campaña de turismo es una apuesta al incentivo de inversiones, favoreciendo al gran capital y la acumulación”. Las comunidades enfrentan la misma problemática, pero el Gobierno está utilizando diferentes mecanismos para desalojar a las poblaciones, ignorando a las comunidades cuando éstas piden el diálogo.
Portavoces del recién creado Movimiento Nacional por el Derecho a la Propiedad de la Tierra de las Comunidades Indígenas, Campesinas y Urbanas, indican que muchas otras comunidades que no denuncian aún su situación por miedo y desconocimiento también están siendo amenazadas de desalojo en aras del crecimiento económico y la inversión extranjera.
En este sentido, prosigue María Silvia Guillén: “La propiedad privada capitalista sobre la tierra no es más que la forma de legitimar el despojo de las comunidades indígenas, rurales y urbanas. Daría la impresión de que en este Estado de derecho que estamos sólo tienen derecho los que tienen dinero, excluyendo a las mayorías”.
Según la dirigente del FESPAD: “La tierra es una mercancía con la que se especula, no es más un bien productivo, ni sirve para garantizar los derechos de las comunidades, ni para producir su alimento, ni para garantizar su seguridad a la vivienda, pues la apuesta neoliberal del Gobierno fue la erradicación de la producción agrícola y fomentar únicamente los servicios y la exclusión social para generar la inmigración y atraer remesas. En ese sentido hay en el país una producción legislativa ajena al espíritu y a la letra de la Constitución, se está legislando en total violencia a la Constitución de la república y a los intereses de la mayoría. Está por medio la vida de las presentes y futuras generaciones”.
Silvia Margarita Callejas, representante de la Estructura Territorial de la Línea Férrea de la zona metropolitana de San Salvador, declaró a DIAGONAL: “El Estado está dando un trato inhumano a las poblaciones de la línea férrea, es un irrespeto al derecho a la vida, al derecho a una vivienda adecuada, al derecho que tenemos las personas de estar dentro de los terrenos que pertenecen al Estado, porque sabemos que es parte de nosotros, al igual que nosotros también somos parte del Estado”.
Por su parte, el Gobierno presidido por Tony Saca justifica los desalojos por la necesidad de construir megaproyectos como el del puerto el Cutuco, la vía rápida Longitudinal del Norte, nuevos planes urbanísticos especulativos (algunos ubicados en zonas de interés medioambiental), complejos turísticos en zonas costeras, reactivación de líneas férreas, incremento de la explotación minera (en manos fundamentalmente de transnacionales canadienses) y el cuestionado incremento en la construcción de represas.
DECLARACIÓN DE SANTA MARTA
Las Comunidades indígenas, campesinas y urbanas, de todo el territorio nacional:
ASUMIENDO:
I. Que somos mujeres y hombres con dignidad, sujetos y sujetas de derechos humanos integrales: civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.
II. Que es obligación del Estado, garantizar a la población, sin distinción alguna, el goce de una vida digna.
III. Que es obligación del Estado organizarse para la consecución de la justicia, la seguridad jurídica y el bien común.
IV. Que es nuestra responsabilidad, trascender del trabajo aislado y descoordinado, haciéndose impostergable el trabajo articulado entre todas las comunidades, organizaciones y movimientos sociales del país.
CONSIDERANDO:
1. Que el modelo neoliberal y la vigencia de los tratados de libre comercio, han sobre puesto los criterios mercantilistas y los intereses de las empresas, a los derechos de los pueblos.
2. Que la vigencia de los tratados de libre comercio, se han sobrepuesto a la Constitución y a los Tratados de Derechos Humanos; como consecuencia, la institucionalidad del Estado funciona al servicio del poder económico y político.
3. Que el sistema de justicia está plegado a intereses ajenos al mandato constitucional, al aplicar leyes sin buscar justicia.
4. Que privilegiando intereses mercantiles de una minoría nacional y transnacional, se tiene amenazadas a comunidades con el desalojo de la tierra que por generaciones han tenido en propiedad o posesión. Ahora se les desaloja por turismo, por ferrocarril, puertos, minas, longitudinal del norte, represas hidroeléctricas, geotérmicas, termoeléctricas, urbanizaciones, centros comerciales, negociaciones fraudulentas o por la resolución de procesos judiciales donde se les ha negado la justicia a las comunidades.
Todo el territorio nacional está invadido de conflictos por la posesión o propiedad de la tierra, en contra de los derechos legítimos de las comunidades.
5. Que el deterioro de las condiciones de vida de la población se agrava por la aplicación de políticas gubernamentales que benefician a una minoría y por el retroceso autoritario en materia de derechos civiles y políticos, que niega la vigencia de los derechos humanos en El Salvador.
POR TODO LO ANTERIOR, NOS COMPROMETEMOS:
A. A juntar esfuerzos en defensa de nuestro derecho y el de nuestras hijas e hijos, a una vida digna.
B. A construir una estrategia conjunta y sostenida, para enfrentar la sistemática violación a nuestros derechos humanos.
C. A estudiar la Constitución como herramienta fundamental de nuestras luchas por la vida digna; a exigir su cumplimiento y a hacerla valer.
D. A asumir con esperanza y energía, la posibilidad real de hacer valer nuestros derechos, como niñas, niños, mujeres y hombres, que somos la mayoría de nuestro pueblo.
E. A contribuir a construir una sociedad justa: Respetuosa de la vida, democrática, libre de exclusión, marginación y explotación, sustentable y en armonía con la naturaleza.
CONCIENTES DE NUESTRA RESPONSABILIDAD, CONSTITUIMOS EL
MOVIMIENTO NACIONAL POR EL DERECHO A LA PROPIEDAD DE LA TIERRA DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS, CAMPESINAS Y URBANAS.
En Santa Marta, Victoria, Cabañas, a los seis días de octubre de dos mil siete.