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El presidente de Bolivia, Evo Morales, se presentó en la entrada de la estancia Caraparicito, en Alto Parapetí, para entregar a la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) títulos notariales por 36 mil hectáreas a comunidades indígenas de la zona.
La mayoría de las tierras correspondían a ocho estancias del chaco cruceño revertidas a cinco terratenientes que tenían 50 familias guaraníes en servidumbre, un sistema de esclavitud de familias guaraníes proveniente desde generaciones atrás.
Esa situación fue comprobada por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) en los saneamientos que pudo realizar durante los últimos meses con apoyo de la Policía Nacional, ya que los hacendados habían organizado grupos armados para oponerse violentamente a la intervención del Estado, como se informa en un documento del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) de Bolivia.
Para que las tierras pertenezcan definitivamente a los guaraníes debe esperarse las resoluciones del Tribunal Agrario Nacional sobre las impugnaciones que las cinco familias latifundistas presentaran al procedimiento del INRA.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en las haciendas de Alto Parapetí hay 800 familias en “servidumbre análoga a la esclavitud”.
El viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, detalló que los títulos notariales se entregaron como resultado del saneamiento de dos polígonos de Alto Parapetí, que suman 88 mil hectáreas, por lo que a la entrega de los mencionados 34 títulos ejecutoriales “es un adelanto”, pues próximamente habrá otras entregas de títulos. En los próximos meses se sanearán otros tres polígonos, que completan las 157 mil hectáreas de Alto Parapetí.
“Es la primera superficie de territorio que se les dotará para su bienestar y el desarrollo de pueblo. Hay que entenderlo sólo como un adelanto. En poco tiempo más la superficie del Territorio Comunitario de Origen (TCO) tendrá las dimensiones de necesidad de este pueblo para desarrollarse, ser próspero y plenamente libre” afirmó Alejandro Almaraz.
Almaraz ofreció una importante explicación al fundamentar la reversión de esas tierras. Dijo que “Al no cumplir la Función Económica Social (FES) se anulan títulos ejecutoriales viciados, se declaran ‘fiscales’ a las tierras para entregarlas en propiedad comunitaria al pueblo Guaraní, su verdadero dueño”
Agregó que “no obedece a improductividad, porque en estas estancias hay ciertamente ganado, cultivos, pero no hay un respeto indispensable -característico de la FES- por el interés público. No puede haber FES si esa producción se hace merced a la violación de derechos laborales y humanos. No puede reconocerse esa producción si se ha hecho con trabajo esclavo de generaciones de guaraníes, o con el trabajo gratuito, remunerado apenas en especie, peor con conculcación de voluntad y de libertad de guaraníes. Si ese trabajo ha sido hecho por familias a las que, por ejemplo, se les ha prohibido organizarse, a las cuales se les impone la voluntad patronal de manera violenta, brutalmente violenta, no será más reconocido por el Estado como FES. Y por muchas vacas que haya, esa tierra se redistribuirá a favor de las comunidades que las trabajan”.
El hecho de que Alto Parapetí albergue varios yacimientos gasíferos sirvió para que los empresarios que se oponen al saneamiento dijeran que en realidad el pueblo Guaraní lo que persigue es “quedarse con el gas”, pero en la Nueva Constitución, aprobada en el referéndum de enero, se declara que los recursos naturales no renovables son propiedad del pueblo boliviano.+ (PE)
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09/03/19 - PreNot 8032
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