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Comunicado del pueblo Naso-Teribe
Las familias indígenas desalojadas de la región oeste de Panamá, emitieron un documento en reclamo de la restitución de sus tierras.
Las personas y organizaciones abajo firmantes quieren mostrar públicamente su apoyo solidario al Pueblo Naso de las comunidades de San San y San San Drui, que desde el pasado 30 de marzo sufre el atropello de sus derechos humanos, territoriales y culturales.
La propia Defensoría del Pueblo de Panamá ha confirmado que en el operativo de desalojo de 17 familias Naso se ha cometido “abuso de poder” y no se ha garantizado el “debido proceso”. Además, los testimonios directos y las pruebas documentales muestran el uso arbitrario y excesivo de la fuerza, destruyendo unas 30 viviendas y construcciones de la comunidad, afectando la salud de menores y dejando a la intemperie a, al menos, 150 personas adultas y a 65 niños y niñas.
Una vez más los intereses de una empresa, Ganadera Bocas, han estado por encima de los derechos de los pueblos originarios.
Por todo lo anterior pedimos…
Al Gobierno Nacional de Panamá:
Que garantice los derechos humanos de los habitantes de estas comunidades
Que mantenga a las fuerzas policiales fuera de la zona
Que evite que el personal armado de Ganadera Bocas ingrese en el área de San San
Que abra un proceso de negociación que incluya garantes nacionales e internacionales y en el que además de este problema concreto se aborde la urgente constitución de la Comarca Naso.
Que deslinde responsabilidades entre los funcionarios públicos implicados en el operativo policial.
A la Procuraduría General de la Nación:
Que abra de oficio una investigación por abuso de poder a las y los funcionarios locales involucrados en esta irregular acción
A las partes:
Abstenerse de realizar unilateralmente acciones que posteriormente puedan desembocar en actos violentos.
Participar en proceso de diálogo para encontrar una solución pacífica a la controversia.
Al pueblo de Panamá:
Que se solidarice con estos conciudadanos y exija respuestas al Gobierno nacional que garanticen el libre ejercicio de los derechos humanos, territoriales y culturales.