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Nota de Clajadep:
Los trabajadores mineros se niegan a definir la actividad como “toma” o como de “rehenes”, no sólo para evadir represión o poner paños tibios en la lucha social, sino porque así lo han entendido. Por ejemplo eso de “emblemática historia revolucionaria” de la agencia econoticias huele a izquierda rancia y obrerismo obsoleto.
Nosotros vemos que el protagonismo social desde abajo se extiende por el país y gradualmente se instala en diferentes regiones la confianza de que la autoorganización social de barrios urbanos y trabajadores junto a las comunidades campesinas y originarias son el sujeto histórico de las transformaciones.
Veamos la noticia haciendo una lectura de los protagonistas y no de la agencia:
econoticiasbolivia
Recuperando su emblemática historia revolucionaria, cerca de tres centenas de mineros bolivianos tomaron por siete días la mina San Vicente en el norte andino de Bolivia, ocuparon sus instalaciones y convirtieron a los empresarios y directivos en sus virtuales rehenes, antes de lograr arrancar de la transnacional canadiense Panamerican Silver el compromiso de echar a sus gerentes, cesar con los abusos y mejorar las condiciones de trabajo.
La madrugada del pasado 29 de abril, los trabajadores mineros de San Vicente, muchos de ellos muy jóvenes y con escasa experiencia sindical y política, tomaron la mina de plata, zinc y cobre, el campamento, las plantas y las oficinas administrativas de la empresa en esa localidad, situada a 120 kilómetros de Uyuni, en Potosí.
Además de ocupar el yacimiento y las instalaciones de Pan American Silver, los trabajadores, pertrechados con dinamita, cerraron todas las vías de acceso a la zona e impidieron la salida de los ejecutivos, administrativos, técnicos y contratistas que se encontraban en San Vicente. Las cadenas de televisión, que reportaron desde la zona, mostraron imágenes de algunos técnicos de la compañía que lograron huir del campamento, aprovechando la presencia de los periodistas.
“No ha sido una toma, lo que pasa es que aprovechando de la televisión, algunos técnicos han tratado de escapar como si estuvieran presos”, aclaró este viernes en La Paz, Celestino Romay, secretario de Conflictos de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia
La “acción directa” de los sindicalistas se prolongó hasta la noche de este martes 5 de mayo y fue suspendida tras que ejecutivos de la empresa y los dirigentes sindicales arribaron a un acuerdo, avalado por dirigentes de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros y la Central Obrera Boliviana.
El convenio establece el retiro del gerente ejecutivo Robert Dwiag y el gerente administrativo José Candia, que estaban abusando de los trabajadores, que interferían con las actividades sindicales e intentaban aplicar extenuantes sistemas de trabajo.
Puntos del convenio
En La Paz, el secretario general de la Federación de Mineros, Osvaldo Llanque, que también calificó la acción de los trabajadores de San Vicente como una huelga con control del centro de trabajo, y no como una toma de mina con rehenes, destacó el convenio firmado por los trabajadores.
“Se ha acordado la destitución de estos funcionarios y la reanudación paulatina de las actividades productivas”, dijo Llanque tras señalar que otro punto del acuerdo es “mantener el respeto mutuo entre la parte obrera, los administrativos y técnicos de la empresa”
La canadiense Pan American Silver opera la mina de concentrados de zinc, plata y cobre, en riesgo compartido con la estatal Comibol. El 28 de abril comenzó la fase industrial de explotación del yacimiento. Actualmente, la extracción de plata y zinc es de 750 toneladas por día.
Grandes consorcios mineros
La acción de los mineros de San Vicente se da en momentos en que los grandes consorcios transnacionales, que controlan la minería boliviana como Glencore Internacional, Sumitomo (Apex Silver Mines Limited), Pan American Silver, Newmont Mining Corporation (Inti Raymi), Eaglecrest Explorations Ltd, Coeur d’Alene Mines Corp, Empresa Minera Unificada, Barrosquira y otras, intentan paliar la baja de las cotizaciones de los minerales, a través de una mayor explotación laboral para así no perder ni un centavo de sus millonarias ganancias.
Las grandes compañías mineras, que han amasado verdaderas fortunas en los últimos tres años por efecto del alza del precio de los minerales, lo que les ha permitido duplicar su facturación anual de 1.000 millones de dólares a 2.000 millones de dólares, están comenzado a despedir a trabajadores, a prolongar la jornada de trabajo a 10 y 12 horas y a congelar/reducir los salarios como emergencia de una caída relativa en las cotizaciones de minerales.
Explotación y corrupción
Este es el caso, por ejemplo, de la compañía Sinchi Wayra, filial de la transnacional Glencore Internacional, forjada por el magnate petrolero suizo israelí Marc Rich, a quien la revista Time calificó en el 2001 como “el ejecutivo más corrupto del planeta”, perseguido por el FBI por los delitos de fraude, tráfico de petróleo y evasión de impuestos, condenado por la Corte Federal de Nueva York e indultado dos veces por los presidentes de Estados Unidos Bill Clinton y George W. Bush.
Sinchi Wayra/Glencore —que heredó dolosamente en el 2005 las empresas mineras del ex presidente Gonzalo Sánchez Lozada, cuando este millonario neoliberal que fue derrocado por una insurrección popular en octubre del 2003 ya era considerado como prófugo de la justicia y sus bienes sujetos a embargo por parte del Estado boliviano como resarcimiento por los daños económicos y crímenes de lesa humanidad que cometió en el país—, tiene el control de los ricos yacimientos de zinc, oro, plata, plomo y estaño de Oruro y Potosí, como Bolívar, Poopó, Porco, Colquiri, Totoral, San Lorenzo, Colquechaquita y la planta concentradora de minerales Don Diego y la central termoeléctrica de Aroifilia.
Allí, Sinchi Wayra/Glencore intenta evitar la reducción de sus millonarias ganancias, acrecentando la explotación laboral.
Allí, sin embargo, los trabajadores, pese a las debilidades y limitaciones de varios de sus dirigentes sindicales ligados a la patronal, con movilizaciones y huelgas han logrado frenar parcialmente los abusos de esta compañía que intentó en el último trimestre del 2008 echar a la calle a 1.277 trabajadores y reducir el 15 por ciento del salario al resto de sus 3.500 operarios, a los que quiso hacer trabajar en turnos de hasta 12 horas diarias.
La lucha laboral de los mineros explotados por Sinchi Wayra/Glencore permitió detener, por ahora, los despidos, la rebaja de salarios y el aumento de la jornada laboral, pero no alcanzó para lograr el incremento salarial demandado por los obreros que intentaban que la transnacional les transfiera por lo menos una pequeña parte de las millonarias utilidades que obtuvo con el auge de precios de los últimos tres años.
El precario acuerdo alcanzado entre la empresa y los sindicalistas a principios del 2009, que se logró bajo la amenaza proletaria de ocupar todas las minas de Sinchi Wayra/Glencore, establece que no habrá despidos, ni ampliación de la jornada laboral ni aumento salarial. Pese a ello, los herederos de Marc Rich y de Sánchez de Lozada continúan con sus intentos de ampliar la explotación de sus trabajadores de las actuales 8 horas diarias a 10. Los mineros de Sinchi Wayra/Glencore se han declarado en emergencia y algunos, los más audaces, miran de reojo lo que hacen a 4.500 metros de altura los proletarios de San Vicente con la transnacional Panamerican Silver.
Una mina que hace historia
Y es que la mina San Vicente, famosa mundialmente porque allí hace más de cien años fueron abatidos los míticos bandoleros estadounidenses Butch Cassidy y Sundance Kid, parece también reflotar la también legendaria “Tesis de Pulacayo”, la biblia del movimiento obrero boliviano, que postula la ocupación obrera de las minas como mecanismo para impedir la destrucción de la fuerza laboral y como vía para la nación revolucionaria.
“Si los patronos se encuentran incapacitados de otorgar a sus esclavos un pedazo más de pan; si el capitalismo para subsistir se ve obligado a atacar el salario y las conquistas alcanzadas, si los capitalistas responden a todo intento reivindicacionista con la amenaza del cierre de sus instalaciones, no les queda a los trabajadores más recurso que ocupar las minas y tomar por su cuenta el manejo de la producción”.
“La ocupación de las minas por si misma sobrepasa el marco del capitalismo, puesto que plantea la cuestión de saber quién es el verdadero dueño de las minas: los capitalistas o los trabajadores”, dice la Tesis aprobada por los mineros en 1946 y que en este mayo del 2009 parece volver a recorrer como un fantasma las minas bolivianas.
Entre los mineros revolucionarios y los sectores más radicales del sindicalismo boliviano la consigna central es la toma de las minas y la expulsión de las transnacionales que hoy continúan saqueando la riqueza minera del país y sobreexplotando la mano de obra barata como en los mejores tiempos de la colonia española y del neoliberalismo salvaje.
Mientras el presidente de la Republica convoca a luchar contra el terrorismo
La oposición se niega a cooperar en las investigaciones.
Alberto Waskar
La ausencia de los principales lideres opositores al gobierno del presidente Evo Morales Ayma en la reunión convocada por el primer Mandatario en el Palacio Quemado para firmar un Pacto Antiterrorista que permita luchar eficientemente contra toda actividad que intente dividir a Bolivia deja claro el sentido de responsabilidad y patriotismo que opera en las mentes de los prefectos de Beni, Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz. “Cuando se trata de la unidad debemos estar todos”, recordó el presidente Morales.
La reunión fue convocada por el presidente Morales luego de que fueron revelados los verdaderos propósitos del grupo terrorista abatido en el Hotel Las Américas en la ciudad de Santa Cruz, hecho que derivo en investigaciones que demostraron la intencionalidad separatista de esta célula que al parecer contó con el apoyo logístico y económico de algunos sectores opositores al proceso de cambio impulsado por el nuevo gobierno, entre ellos dos militantes de la ultraderechista Unión Juvenil Cruceñista, y organizaciones no gubernamentales como la Human Rights Fundation.
Sin embargo, en la reunión estuvieron presentes el ministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana, los prefectos de La Paz, Oruro, Cochabamba, Pando y Potosí que contribuyeron a fundamentar los cimientos de este Pacto Antiterrorista, además de contar también con la participación de organizaciones militares, policiales, sociales, políticas y empresariales. En el caso de estas últimas, fueron representadas por el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Gabriel Dabdoub.
Por su parte, el presidente de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Rolando Villena, condenó que organizaciones no gubernamentales como la Human Rights Fundation financien a movimientos separatistas bajo la bandera de los derechos humanos. Dicha organización resultó no tener bases legales para operar en Bolivia.
Algunas de las conclusiones alcanzadas durante la reunión, que duró aproximadamente cuatro horas, fueron la necesidad de fortalecer las fuerzas armadas para que puedan potenciar sus capacidades para enfrentar el terrorismo, construir una comisión permanente para seguir los avances del pacto para contribuir a la unidad del país, el establecimiento de un programa educativo escolar y universitario que inculque una noción de unidad patriótica, y acelerar los procesos judiciales contra quienes atentaron contra instituciones del Estado.
Un gran número de representantes pidieron durante la reunión castigar con la mayor severidad a aquellos que atenten contra la unidad de Bolivia, sugiriendo la aplicación de la pena máxima de 30 años de cárcel. Así mismo, se estableció la necesidad de crear un marco jurídico que sancione el terrorismo fundamentándose en lo dispuesto por el artículo 124 de la Constitución Política del Estado que lo califica como un delito de traición a la patria. .
El ministro Quintana manifestó que otra de las conclusiones alcanzadas durante la reunión fue el fortalecimiento de la presencia del Estado en regiones históricamente abandonadas, posición criticada por la oposición que afirma que la reciente instalación del Comando Conjunto de La Plata en Santa Cruz es un “acto de amedrentamiento a la principal región opositora al régimen del MAS”, según reclamo en su momento el jefe de gabinete de la Prefectura de Santa Cruz, Luis Alberto Alpire.
Finalmente, los presentes en la reunión pidieron al Congreso Nacional la aprobación de normas que, neutralizar toda fuente de financiamiento a estas actividades separatistas y terroristas”, de acuerdo a lo expresado por el ministro de la presidencia, registrado por la Agencia Boliviana de Información (ABI).
Señales
La lucha contra el terrorismo que el Gobierno lleva a cabo no ha contado con el apoyo de varios sectores de la oposición política, empresarial y cívica del país, llegando incluso a victimizar a los miembros de la célula con intenciones separatistas liderada por Eduardo Rozsa Flores, criticando el fortalecimiento de la presencia del Estado en regiones históricamente abandonadas y la obstaculización a las investigaciones para aclarar los hechos que amenazaban desestabilizar el país y que fueron revelados por un operativo policial el pasado 16 de abril.
La convocatoria hecha por el fiscal del caso de terrorismo, Marcelo Sosa, para que el ex presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz (CPSCZ), Branco Marinkovic, el prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, y al presidente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz, Guido Náyar, declaren sobre sus supuestos vínculos con la célula terrorista que buscaba deliberadamente la secesión de Santa Cruz de territorio boliviano fue rechazada no solo por estas autoridades sino también por el CPSCZ.
El presidente de del CPSCZ, Luis Núñez, manifestó el pasado miércoles que se le habia dado la potestad para que, “se convoque (…) a una Asamblea de la Cruceñidad para tomar determinación en cuanto a la movilización que ya estamos en este momento realizando”, con el fin de evitar que los citados por el fiscal Sosa declaren ante la Justicia boliviana.
La declaración de dichas autoridades cruceñas es para Núñez un, “montaje de este complot para destruir la institucionalidad democrática de Santa Cruz y acallar las voces disidentes”. Días antes el fiscal Sosa había declarado a la prensa que de acuerdo a información suministrada por Ignacio Villa Vargas, alias “el viejo” y actualmente bajo la custodia de la policía, Marinkovic estaba entre los financiadores de la célula terrorista.