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El gobierno decidió desalojar a los campesinos que ocupaban terrenos privados en varios puntos del país, tras romper diálogo con el Movimiento de los Sin Tierra (MST), cuyo líder, Ángel Durán, llamó desde la clandestinidad a la resistencia.
El ministro de Gobierno, Yerko Kukoc, anunció que “el operativo está listo” para desalojar haciendas agrícolas y ganaderas privadas que fueron ocupadas pacíficamente por campesinos.
El domingo pasado, alrededor de 300 campesinos sin tierra ocuparon el fundo de Collana, propiedad de un familiar de la esposa del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, a 70 km de La Paz y, entre otros tantos, el de Santa Martha, cerca de la ciudad de Yacuiba, a 1.300 km al sur de La Paz. También ocuparon el fundo de Cocayapu, de 43 hectáreas de tierras, en la localidad de Ocobaya ubicada en Los Yungas.
A su vez, el director del INRA, René Salomón, dijo que “variables extrañas” a los intereses verdaderos de los comunitarios de Collana impidieron un acuerdo con el MST. Mientras que el dirigente Ángel Durán, expresó que la arrogancia de Salomón y la “falta de tino político de la ministra de Desarrollo Sostenible, Moira Paz, son las causas de la ruptura de las negociaciones.
El presidente Gonzalo Sánchez de Lozada envió un claro mensaje a los avasalladores de terrenos: “Los que invaden y que toman van a tener tierras mientras dure la fuerza para poseerlas y un día van a venir fuerzas que los pueden desplazar, botar y castigar. Eso no queremos, no queremos la violencia”.
La ministra de Desarrollo Sostenible, Moira Paz consideró que se debe agotar el diálogo antes que la utilización de la violencia. Ella participó hasta ayer por la madrugada en una reunión con el MST que fue suspendida por falta de entendimiento.
La suspensión del diálogo provocó la reacción del fiscal general de la República, Oscar Crespo Soliz, que adivirtió la instrucción de una intervención en las tierras que permanecen tomadas porque, así sea por vía pacífica, esta acción se encuentra fuera de los marcos legales. “Existen leyes que deben ser cumplidas por los ciudadanos, en este caso, la invasión a haciendas es ilegal”.
No obstante, dijo que frente a la ilegalidad se buscará la solución del tema a través de la pacificación con los grupos del MST, a tiempo que calificó como acertada la posición asumida por el Ejecutivo de agotar el diálogo y concertación con estos grupos de personas.
Un centenar de policías ingresó ayer hasta el Parque Arubai para desalojar a un grupo de campesinos del Movimiento Sin Tierra (MST) que estaban asentado en más de dos hectáreas de terreno. En el lugar no se encontró a nadie y los dirigentes campesinos aseguraron que no expondrían a su gente a los enfrentamientos con la fuerza pública.
Florencio Orco, secretario de relaciones internacionales del MST indicó, en un contacto telefónico con EL DEBER, que sabían de la incursión realizada ayer por los policías, por tanto la dirigencia del movimiento instruyó el desalojo pacífico del lugar para evitar la violencia.
“No queremos enfrentamiento con los efectivos de la fuerza pública. Nuestra estrategia fue sacar a la gente de los terrenos antes de que llegue la Policía”, aseguró Orco, que pidió al gobierno resolver el problema de tierra, pero por la vía legal y no por la represión policial. Recordó que el gobierno se comprometió a entregar hasta junio, tierras fiscales a todos los campesinos que no tienen.
El dirigente sindical advirtió que la próxima semana habrá más invasiones a las tierras que no cumplen una función económica y social y que están identificadas por el Movimiento Sin Tierra.
Por su parte, los hermanos Javier y Gonzalo Coimbra acompañaron a los efectivos del orden en el operativo de expulsión, del cual también participó el director de Seguridad Ciudadana de la Prefectura, Eduardo Salvatierra.
Los uniformados ingresaron al lugar al mando del subcomandante departamental de la Policía, coronel Reymundo Vedia. La tropa salió de Santa Cruz alrededor de las 4:00 y la incursión a la zona donde estaban los campesinos, fue a las 8:00. Al final, el operativo para sacar a los Sin Tierra se redujo sólo a la quema de algo más de 10 chapapas construidas por los colonos.
De forma extraoficial se supo que los indígenas abandonaron la zona por la noche del jueves. Algunos comunitarios del lugar los vieron cruzando el río Güendá, afluente que colinda con la propiedad de los Coimbra. Otras versiones indicaban que los campesinos estaban escondidos en dos viviendas de la comunidad de San Miguel, cercana a la zona de los conflictos.
Salvatierra, dijo que se pensará en la posibilidad de trabajar con efectivos de la unidad de Inteligencia de la Policía, que deberán quedarse en la zona para tener reportes periódicos de los movimientos que se registren allí.
“Ahora no encontramos nada. Los campesinos parece que se informan de los operativos que realizaremos. Sugeriremos al comandante de la Policía, la intervención de algunos agentes de Inteligencia para tener una alerta temprana, ante cualquier irregularidad en la zona”, explicó Salvatierra.
De esta acción también participó un grupo del Instituto Nacional de Reforma Agraria.
Reacciones
Ocupaciones. Hasta ahora, tres fincas privadas fueron invadidas por el Movimiento Sin Tierra en distintos lugares de Bolivia: la propiedad Collana, ubicada a 75 kilómetros al sur de La Paz; una hacienda ganadera en la zona del Chaco, cerca de la frontera con Argentina; y desde el jueves está invadida una propiedad en la región de Yungas, a 120 kilómetros al norte de La Paz.
Plan. El Movimiento Sin Tierra decidió ejecutar un plan de largo plazo, denominado “Reforma Agraria desde abajo, con tierras para todos”, para la ocupación de terrenos abandonadas.
Gobierno. El ministro de Gobierno, Yerko Kukoc, anunció que “el operativo está listo” para desalojar haciendas agrícolas y ganaderas en varios puntos del país. El INRA trabaja para actualizar los títulos de propiedad de unos 30 millones de hectáreas.