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La política indigenista de Bachelett y el Convenio 169 (Por Meli Newen)
Por Meli Newen, Integrante del Grupo de Trabajo por Derechos Colectivos
Mapuexpress
El Convenio 169 con su implementación debe comenzar a regir desde septiembre. Desde el momento de su ratificación el Gobierno de Chile comprometió internacionalmente a través de la OIT al cumplimiento de sus disposiciones, obligando al Estado adaptar su completo marco legal al estándar internacional de Derechos de los Pueblos Indígenas. En esto, múltiples sectores han manifestado sus intereses, en los meses anteriores a la ratificación senadores de la derecha política intentaron insertar una “declaración interpretativa”. Hace un mes atrás, el “Instituto Libertad y Desarrollo” sugería no discutir los derechos indígenas en el marco de la reforma a la Ley de Medio Ambiente y diputados de derechos presentaron una indicación para retirar el párrafo que en el nuevo texto de esta reforma a la institucionalidad ambiental reconoce los derechos indígenas fuera retirado. Ahora se trata del empresariado amparado por los aparatos comunicacionales que les adhieren y con expertos especialmente consultados, quienes de forma tendenciosa alertan sobre los “efectos en la inversión”.
No obstante como en su proceso de reconstrucción la población indígena y particularmente quienes participan del Movimiento Social Indígena y quienes integran las Naciones Originarias en Chile, han arribado a cierto estado de Autonomía sobre la base de la Autogestión, la situación de hacer frente a los intereses que en este momento intentan limitar los alcances del Convenio 169 de manera también tendenciosa, para resolver inquietud y preocupación respecto de la valoración que deberán tener desde septiembre de 2009 en Chile, lo que significa que tendrán que ahora si evitar vulnerar los derechos sociales, ambientales y políticos de los pueblos indígenas, buscan generar una sensación de sorpresa y temor en el país esta vez porque las empresas tendrían que “compartir los beneficios con comunidades indígenas”.
En un país donde el Código General Aguas genera una “discriminación positiva” para las empresas generadoras de electricidad y la implementación de grandes megaproyectos hidroeléctricos, regalándole los derechos aguas a especuladores y compañías chilenas y transnacionales, voceros del empresariado con osadía declaran la supuesta discriminación negativa que significa la aplicación del Convenio 169 “respecto de los chilenos no indígenas”, se trata más bien respecto de un sector de “los chilenos no indígenas” mas bien de quienes operan estas compañías, ¿Y que sucede entonces con la “discriminación positiva” del Código General de Aguas hacia las compañías transnacionales respecto de los chilenos indígenas y no indígenas? ¿Acaso esto no nos debería preocupar?
Esto último solo refleja la real preocupación que el sector empresarial tiene sobre la próxima puesta en práctica de las disposiciones del Convenio 169. Desde la Presidenta a los funcionarios en terreno los operarios del gobierno están concientes de que el Convenio 169 obliga al Estado a reformar toda su legislación adecuándola a este instrumento, lo que no saben o simplemente no han tomado conciencia es sobre las instancias de organización que este instrumento viene a reconocer o restablecer como sujetos de derecho estas son las propias instituciones representativas.
Así, tenemos la insistencia del Gobierno Chileno en mantener la lógica de la política instalada tras recortar la Ley 19.253 y crear la Conadi y el Consejo Indígenas como únicas instancias representativa de los indígenas ante el Gobierno del Estado lo que además resulta mediatizado por el Ministerio de Planificación. La situación es relativamente reformulada tras la creación del Consejo de Ministros de Estado para Asuntos Indígenas instancia de la cual es su Secretario Ejecutivo el Comisionado Presidencial de los Asuntos Indígenas. No obstante esto entrega la posibilidad de que los asuntos indígena sean abordados de forma multisectorial, viene a mediatizar aún más la relación de Conadi y del Consejo Indígena con el Gobierno Nacional, y considerando que las únicas organizaciones que el Gobierno considera en estos asuntos son las creadas por el Estado la organización Comunidades y Asociaciones Indígenas, las propias instituciones representativas de las Naciones Originarias permanecen invisibilizadas y soslayadas en el proceso de implementación del Convenio 169.
Un ejemplo de esto son las políticas establecidas en el Pacto Reconocer y que han sido sometidas a “consulta” uno de estos es, en el aspecto de la representación política, la elección de Diputados y Consejeros Regionales Indígenas a través de cupos especiales y la Creación de un Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, el otro el proceso de reforma constitucional con el supuesto reconocimiento constitucional de la “Nación Chilena única e indivisible”. Este último ha sido ampliamente rechazado tanto por el movimiento indígena como por los pueblos originarios, toda vez que el análisis técnico del texto propuesto da cuenta de una intención de limitar el Convenio 169 sometiéndolo a la Constitución y las Leyes de la Dictadura, cuando los pueblos interesados señalan que es suficiente el reconocimiento que se integra en el Convenio y no hacen falta falsos reconocimientos.
Por esto resultan lamentables las declaraciones de la Presidenta cuando dice que estamos considerando cupos en la Cámara de Diputados para los Pueblos Indígenas “para que puedan tener Representantes”, toda ves que el Convenio 169 señala que las “propias instituciones” de estos Pueblos son aquellas que los representan. Es lo que se le señalo a la Ministra Paula Quintana (MIDEPLAN) en la reunión sostenida por una comisión autónoma indígena en relación a la instalación de políticas que impactan negativamente en la integridad cultural de estos pueblos la pregunta fue ¿Se trata de mala fe o de torpeza del gobierno? Muchos creen que es mala fe.
También es lamentable que señale que “en Chile no hay presos políticos mapuche”, ella una persona que ha sido victima de este tipo de situaciones de opresión que por tanto conoce la forma en que operan los aparatos de represión con sus montajes, debería saber que basta con un par de ejemplos para rebatir esta lamentable afirmación. En el caso de los Longko Pascual Pichun de Temulemu y Aniceto Norin de Didaico quienes fueron en definitiva acusados de ser Longko, “autores intelectuales” y no por ser autores de los hechos quemas de plantaciones forestales, siendo acusados y probada su “culpabilidad” en 2 juicios con la aplicación de la corrupta Ley Antiterrorista y sus flamantes testigos sin rostro. O el caso del joven Waikilaf Cadin quien luego de ser perseguido por la inteligencia policial fue inculpado de poner una bomba en las cercanías de la Defensoría Penal y de un supermercado aplicándosele también la Ley Antiterrorista, en un montaje poco serio pero suficiente para los tribunales.
Esta de más agregar que ambos hechos, quemas de plantaciones forestales y puesta de bombas, no pueden ser considerandos delitos comunes efectuados por delincuentes comunes como señala la Presidenta, sin dudas hay un trasfondo social en estos fueran o no realizados por las personas mapuche.
Es en este ámbito donde esta la gran deuda con las Naciones Originarias, la que no solo tiene que ver con el reconocimiento sino especialmente con el cese de las políticas asimilacionistas y racistas que el Estado de Chile ha mantenido durante toda la historia de relación con estos Pueblos y que se trata mas bien de iniciativas que son planificadas como mejoras a la relación del Estado con estos Pueblos, pero que a la larga son genocidas pues afectan negativamente la integridad cultural de los pueblos originarios, en esto es clave el ejemplo de los Diputados y el Consejo Nacional Indígenas donde nuevamente el Estado crearía estructuras de representación ajenas, generando un nuevo proceso tendiente a invisibilizar y soslayar las prioridades y determinaciones de las Propias Instituciones Representativas de las Naciones Originarias en Chile.
Justamente es el asimiliacionismo lo que ataca el Convenio 169, en su prefacio lo señala! y por su parte los poderes fácticos, los alarmistas, la derecha política (Concertación y Alianza) y el Gobierno atacan esta posibilidad con falsos reconocimientos y políticas indigenistas que perpetúan la relación de opresión y colonización sobre las Naciones Originarias, el Estado a sido usurpado a los Pueblos de Chile hoy esta en juego la verdad de la Plurinacionalidad de Chile este es el desafío para los millones que hoy somos la ciudadanía organizada de Chile y los pueblos en su conjunto en la lucha por recuperar la autodeterminación, sobre la base del derecho a la Libre Determinación consagrado en la Carta de Derechos Políticos.