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Colombia: Se viene mayor crisis. Gobierno congela salarios públicos por dos años.

05.07.03

Gobierno congelará salarios públicos por dos años

Además, el presidente Álvaro Uribe anunció que para tapar el ‘hueco’ fiscal de 2,5 billones de pesos en el 2004 anticiparía el cobro del IVA del 2 por ciento y estudiaría una emisión de bonos, si es necesario.

“La verdad es que la situación fiscal es muy grave, por eso hicimos la reforma pensional, por eso insistimos en el Referendo, por eso la reforma administrativa, por eso el plan de austeridad. Hay que acelerar el crecimiento de la economía, anticipar el IVA previsto para el año 2005, y se concertará con el sector privado algún bono”, precisó Uribe.

Agregó que aunque el Referendo no es definitivo para salir de la crisis, sí brinda salidas y herramientas. Los anuncios los hizo el jefe de Estado al clausurar el V Congreso de Servicios Públicos en esta ciudad.

La reforma tributaria aprobada el año pasado contempla el cobro de una tarifa de IVA del 2 por ciento a partir del 2005 a todos los productos que hoy están exentos tales como alimentos sin procesar, arriendos y transporte, entre otros. Sin embargo, ante el descuadre que se presentará en el presupuesto del 2004 por los faltantes de 2,5 billones en Defensa y el Seguro Social el Gobierno piensa anticipar dicho gravamen para el año entrante.

La otra alternativa es una emisión de bonos que llevaría a que todos los contribuyentes adquirieran unos títulos emitidos por el Gobierno, con un bajo interés y para ser redimidos al término de varios años.

Por su parte el subdirector de Planeación Nacional, Alejandro Gaviria reiteró ayer en Bogotá que con o sin Referendo se requieren mayores recursos y controlar el crecimiento del gasto. Por eso, indicó, los salarios de los empleados públicos que ganen más de dos mínimos se congelarán durante el 2003 y el 2004.

Actualmente los salarios públicos están congelados por una directiva del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) mientras se define la suerte del Referendo, que contempla el tema. Si no es aprobada la consulta, de todas maneras los sueldos no se incrementarán para lograr el ahorro requerido.

Esta decisión se podría oficializar mediante un decreto. En cambio, el anticipo del cobro del IVA sí requiere de un proyecto de ley que debe ser aprobado por el Congreso.

Descartan nuevas alzas en tarifas de energía

El Presidente reconoció ayer que los incrementos llegaron al límite para las condiciones actuales del país, en respuesta a peticiones de los empresarios de los sectores de aseo y energía.

Uribe pidió a ese sector “hacer esfuerzos para buscar otras salidas”.

“Las alzas son improbables, pues hay que pensar en las condiciones actuales del país, no podemos comparar la rentabilidad de las empresas basándose en estándares internacionales”, precisó el mandatario.

Los empresarios pidieron a su vez al Gobierno claridad en las políticas de administración de los servicios y que los usuarios asuman su responsabilidad en el pago, para ellos definir, de forma más clara, las inversiones.

El presidente Uribe invitó a las empresas del sector a buscar la salida a través de los Fondos de Capitalización, en los que los usuarios puedan ser socios. “Eso nos ayuda, primero, a resolver contradicciones muy agudas entre proveedores y usuarios. También nos ayuda a tener recursos adicionales para las inversiones que se requieren y que están aplazadas por falta de esos recursos”.

Se prevé que el sistema de fondos de capitalización se aplicará en Emcali, la telefónica de Barranquilla, el acueducto de Cúcuta y todas aquellas empresas que están en proceso de reestructuración.

La capitalización deberá también ser aplicada en las entidades de servicios públicos que reciban aportes del gobierno nacional. “Uno de los compromisos que deberán asumir es el de tener esos fondos de capitalización social”, precisó Uribe.

Otras propuestas, para mejorar la calidad de los servicios, dijo Uribe, puede ser la creación de empresas regionales, especialmente en los temas de acueducto y basuras, y la entrada de las grandes prestadoras a localidades pequeñas, a cambio de beneficios tributarios.


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