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Haití - Salario mínimo: Una lucha por la equidad y la justicia social
Wooldy Edson LOUIDOR *
Adital -
Puerto Príncipe, 3 de Julio de 2009
Desde que fue votada el pasado 5 de mayo de 2009, la nueva ley que eleva el salario mínimo para un trabajador haitiano de 70 a 200 gourdes (equivalente a 5 dólares americanos) ha dominado la actualidad en Haití.
El debate suscitado por dicha ley entre varias organizaciones y sectores de la sociedad muestra claramente que la cuestión del salario mínimo va más allá de la esfera política y plantea una problemática fundamentalmente social: la lucha por la equidad y la justicia social.
De los conflictos políticos a las luchas sociales
En un primer momento, la votación por el Parlamento de la Ley sobre el Salario Mínimo generó tensiones entre el poder legislativo y el poder ejecutivo, que hasta ahora se ha negado a promulgarla. El presidente de la República, René Garcia Préval, objetó varios puntos de dicha Ley y posteriormente la devolvió al parlamento, el 17 de junio.
El pasado lunes 29 de junio, el jefe de Estado expresó su temor a que se pierdan la mitad de los empleos disponibles en el sector de las industrias de ensamblaje (principalmente textil y del vestido) si tal ley es promulgada. A título de ejemplo, el presidente evocó el caso de la República Dominicana donde se perdieron numerosos empleos en el sector industrial a causa de la crisis financiera mundial.
Además, argumentó que la ley considera de manera indiscriminada todos los sectores, independientemente de su tamaño y de las cifras de inversión que manejen.
Por otro lado, propuso que el salario mínimo sea aumentado gradualmente, por lo menos en el sector del ensamblaje, empezando con un pago de 125 gourdes a los obreros a partir del primero de octubre de 2009 para alcanzar paulatinamente los 200 gourdes estipulados por la ley en un plazo de de 2 años ó más.
Actualmente, la Comisión de Asuntos Sociales de la Cámara de Diputados está realizando varios encuentros con distintos sectores, entre ellos los industriales y representantes del gobierno, para recoger sus reacciones y profundizar sus argumentos en torno a la Ley y a las objeciones del presidente.
Sin embargo, el debate en torno a la Ley sobre el salario mínimo se ha ido ampliando a toda la sociedad donde varias organizaciones y sectores han expresado sus posiciones.
Por ejemplo, la Asociación de las Industrias de Haití (ADIH), entidad representativa del sector de los industriales, acaba de publicar el 30 de junio un comunicado donde respalda la posición del presidente Préval, de que se aumente progresivamente el salario mínimo en el sector de las industrias de ensamblaje.
Desde la votación por el Parlamento de la Ley sobre el salario mínimo, los industriales vienen ejerciendo presión sobre el jefe de Estado para que no promulgue el documento. Empezaron por argumentar que esta Ley traerá más efectos negativos que positivos para el país, ya que será la causa del desempleo de muchas personas, puesto que los patronos no tendrían dinero para pagar 200 gourdes a cada obrero por un día de trabajo y preferirán ir a establecerse en otros países que ofrecen más ventajas.
Ahora centran más su argumentación sobre la gran cantidad de empleos que el sector privado ha creado en el país y sobre la amenaza de que estos puestos de trabajo se pierdan al promulgar la ley sobre el salario mínimo. Según los industriales, el sector privado habría generado 128 mil empleos, de los cuales 25 mil en las industrias de ensamblaje.
Por otro lado, varias organizaciones de la sociedad, entre ellos sindicatos, grupos de derechos humanos, de campesinos, de mujeres, etc., vienen realizando desde hace algunos años un amplio movimiento para exigir al Estado haitiano, principalmente a la administración Préval, que aumente el salario mínimo fijado anteriormente por el ex presidente Jean-Bertrand Aristide en 70 gourdes (menos de dos dólares). Durante este año, en las manifestaciones conmemorativas del primero de mayo en los alrededores del Palacio presidencial para pedir el aumento del salario mínimo a 200 gourdes, los manifestantes fueron dispersadas violentamente por las fuerzas del orden.
No obstante, a pesar de las represiones ejercidas por el poder, la lucha por el aumento del salario mínimo ha ido ganando más aliados y simpatizantes en la sociedad haitiana y a nivel internacional. Algunos estudiantes de la Universidad del Estado se han convertido en principales propulsores de dicho movimiento, pero el uso de la fuerza por la Policía Nacional de Haití (PNH) y por los cascos azules de la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití (MINUSTAH) para reprimir a los estudiantes y a las organizaciones que apoyan dicho movimiento ha sido desproporcionado.
Reacciones contra las objeciones del presidente
Las organizaciones sociales que respaldan el movimiento a favor del aumento del salario mínimo a 200 gourdes, argumentan que los 70 gourdes que se pagan actualmente a un obrero no le permiten ni siquiera nutrirse adecuadamente para reproducir su fuerza de trabajo y mucho menos alimentar a su familia.
Algunas organizaciones, tales como la Plataforma Haitiana de Incidencia para un Desarrollo Alternativo (PAPDA), consideran que se debería aumentar el salario mínimo más allá de 200 gourdes (hasta entre 500 y 600 gourdes) para poder realmente ayudar a los trabajadores a alcanzar un poder de compra real que les permita vivir decentemente de cara a la importante evolución de la inflación durante los 6 últimos años.
Este poder de compra real, lo perdieron los asalariados desde los años 50 y no lo han podido recuperar a pesar de los distintos aumentos del salario mínimo que se han hecho entre 1971 y 1995, añadió la PAPDA. “El Estado haitiano no se ha preocupado jamás por las condiciones de vida, de trabajo y de reproducción de los trabajadores”, concluyó.
Otras voces críticas consideran que la propuesta del presidente de aumentar el salario mínimo a 125 gourdes solamente muestra cómo los patronos y el poder están en armonía y se unen contra la nueva Ley.
En un artículo titulado “Haïti: Les industries de sous-traitance et le salaire mínimum”, el economista haitiano Leslie Péan sostiene que “el debate sobre la cuestión del salario mínimo diario de 200 gourdes refleja algo más fundamental que es la crisis de la conciencia haitiana ante el derrumbe del Estado cimarrón y la demanda de otro orden social que toca a las puertas de la sociedad haitiana desde la caída de los Duvalier el 7 de febrero de 1986″.
Los intereses de fondo que defiende la actual administración haitiana
El núcleo del argumento en que se sustenta la posición del presidente Préval y del sector de los industriales se ubica dentro de la corriente del liberalismo económico que preconiza que un aumento del salario mínimo provoca un aumento del desempleo.
Dicho argumento que fue desarrollado por una pluralidad de pensadores liberales plantea que, al fijar el salario mínimo encima del “precio del mercado”, el desempleo aumentará porque “reducirá más las ocasiones de empleo para los trabajadores poco cualificados”.
El Premio Nobel de Economía, el americano Gary Becker, escribió en un artículo publicado en Business Week (1995) que “aumentar el salario mínimo pondrá algunos (trabajadores) en el desempleo porque su productividad no es suficientemente grande para justificar su costo a los ojos de los empleadores”. Esto es exactamente lo que expresó el presidente de la Cámara de Comercio y de Industria de Haití (CCIH), Réginald Boulos, cuando dijo que fijar el salario mínimo a 200 gourdes “es casi fomentar la improductividad de los obreros”.
“En este sentido, el aumento del salario mínimo fragilizará más a quienes ya son frágiles en el mercado del empleo”, sostuvo el famoso economista estadounidense, uno de los defensores aguerridos de esta tesis.
Entre los dos males, provocar el desempleo por el aumento del salario mínimo y no aumentarlo, la corriente liberal invita a escoger el mal menor. El presidente Préval sigue a los liberales, pero manifestando un poco de caridad para con las y los obreros haitianos al proponer que se eleve el salario mínimo de 75 a 125 gourdes.
Pareciera que el jefe de Estado no quiere que el país pierda la “gran oportunidad” ofrecida por la Ley Hope II que promete crear muchos puestos de trabajo. Esta Ley firmada en 2008 por el gobierno americano y que se extenderá hasta 2018, permite la venta de productos textiles y de vestidos en el mercado americano sin aranceles. Se espera que contribuya a crear muchos empleos y a atraer nuevas oportunidades económicas para el país.
Sin embargo, la Ley Hope I no tuvo los resultados esperados: logró crear sólo 3500 de los 70 mil empleos prometidos. Entonces, ¿quiénes se aprovechan realmente de la Ley Hope? Seguramente, no fueron los obreros cuyas condiciones de vida siguen iguales o quizás empeoran.
A través del debate sobre el salario mínimo, la actual administración haitiana demuestra claramente que defiende los intereses de las empresas transnacionales y del sector de los industriales en detrimento de miles de obreras y obreros cuyas condiciones de vida y de trabajo en ciertas empresas haitianas pueden ser calificadas de “esclavitud moderna”, tal como lo expresó una organización haitiana, el Grupo de Apoyo a Repatriados y Refugiados (GARR), en su comunicado publicado el primero de julio.