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Después de manifestarse durante dos días en una marcha multitudinaria culminada en el centro de esta capital, pobladores del municipio de San Juan Sacatepéquez, departamento de Guatemala, y otros lugares llegaron a un acuerdo con las autoridades.
Un plazo de 90 días comienza a correr hoy para que el gobierno guatemalteco atienda las demandas de quienes protestan por la actividad minera en el país.
Después de manifestarse durante dos días en una marcha multitudinaria culminada en el centro de esta capital, pobladores del municipio de San Juan Sacatepéquez, departamento de Guatemala, y otros lugares llegaron a un acuerdo con las autoridades.
Una delegación de los dirigentes de ese movimiento fue recibida anoche por el presidente Alvaro Colom, quien les reiteró la suspensión en el otorgamiento de licencias para exploración y explotación mineras hasta llegar a consenso en un diálogo nacional.
Poco antes el mandatario lo había afirmado públicamente durante su participación en una asamblea de la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina.
La caminata partió el lunes y en ella se calcula participaron más 10 mil habitantes de ese territorio y otros donde compañías foráneas realizan labores mineras, en los cuales hubo demostraciones locales.
El reclamo fundamental de los de San Juan Sacatepéquez es evitar la construcción privada de una cantera para la extracción de minerales y la operación de una planta para la producción de cemento en esa zona.
Además de mencionar los daños al entorno y la vida, afirman que se pretende dejar al margen la opinión de los pobladores y realizar las obras sin su consentimiento.
Al reunirse con Colom, a quien acompañó el presidente del Congreso, Roberto Alejos, los delegados campesinos exigieron también el cumplimiento de compromisos adquiridos por los tres poderes del Estado en enero último.
Uno de ellos era visitar San Miguel Ixtahuacán, departamento de San Marcos, para verificar la contaminación de fuentes de agua por la minería.
Contemplaban, además, la revisión de licencias de exploración y explotación, así como examinar el caso del dirigente detenido Ramiro Choc y las 72 órdenes de captura contra campesinos que se oponen a la planta de cemento en San Juan Sacatepéquez.
Anoche recibieron de Colom la promesa de solicitar apoyo a la Corte Suprema de Justicia y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala para investigar posibles ilegalidades en el proceso seguido contra Choc.
Con éste y el anterior compromiso las organizaciones protestantes suspendieron sus acciones, pero dieron 90 días al gobierno para entonces volver a analizar la situación.