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A los organismos defensores de los derechos humanos
A las organizaciones democráticas e independientes
A los medios de comunicación nacionales e internacionales
Al pueblo de México y del mundo
El teatro electorero del 5 de julio reflejó lo que se advertía antes de los comicios, un gran abstencionismo y un rechazo del pueblo para solucionar sus problemas a través esta forma; que solo perpetúa las condiciones de pobreza y miseria de más de 80 millones de mexicanos. Los únicos beneficiados en esta faramalla son el duopolio televisivo (televisa-TV Azteca), los diputados y senadores, quienes ahora se encargarán de defender los intereses de la burguesía. En tanto, la minoría de la sociedad que efectuó su voto (43.7%) no fue del todo consciente, agregando a ello quienes optaron por anular su voto (6%), demostrando así la caduca forma de ejercer la supuesta democracia.
Por otra parte, la política del actual gobierno federal encabezado por el PAN está llevando al país a una etapa de consolidación del fascismo con las reformas a las leyes que criminalizan la protesta, la lucha social y popular. Desde el tiempo que se dio a conocer el brote del virus A (H1N1) se llevaron a cabo estas reformas mientras al pueblo se mantenía con la psicosis y el temor de la pandemia.
Felipe Calderón quien se mostraba como el salvador del país al hacer frente a la supuesta amenaza del crimen organizado y del narcotráfico se decidió por el enfrentamiento de estos problemas mediante el uso inconstitucional de las fuerzas armadas y de los demás cuerpos policiacos, situación que ha traído consigo constantes violaciones de las garantías individuales mediante allanamientos, detenciones ilegales, incursiones militares en comunidades organizadas y no organizadas, desapariciones forzadas. En tanto, que los órganos de inteligencia del Estado se encargan de dar seguimiento puntual a luchadores sociales y defensores de los derechos humanos en todo el país.
Bajo este esquema se emprendió el combate a la disidencia en todo el país, desde organizaciones sociales, populares y todo grupo opositor a su política con un gran arraigo en el pueblo y trayectoria de lucha, así como sindicatos de trabajadores, grupos y colectivos y organismos defensores de los derechos humanos.
En este contexto de criminalización de la protesta y lucha popular se encuentran también:
· Represión al plantón y desaparición de 19 familias que exigían la libertad de presos políticos en el estado de Chihuahua.
· La detención-desaparición de Fermín Mariano Matías, estudiante de la maestría en geofísica de la Facultad de Ciencias de la UNAM y consejero estatal del PRD en Puebla.
· La detención de 5 integrantes del Movimiento Contra las Altas Tarifas de la Energía Eléctrica de Candelaria, Campeche.
· La incursión y hostigamiento por parte del ejército en las comunidades de Tecoluco donde está ubicada la casa cultural campesina y la oficina de CODHHSO; últimamente se ha anunciado la realización de patrullajes conjuntos de la Policía Federal y del Ejército Federal en las comunidades que integran el Frente Democrático Oriental de México Emiliano Zapata (FDOMEZ).
· Hostigamiento y vigilancia por parte de cuerpos policíacos y agentes vestidos de civil a los compañeros Yolanda Castro Apreza y Daniel Alfonso Luna Alcántara, integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), ambos defensores de los derechos humanos, y la intención gubernamental de integrar expedientes y averiguaciones previas en su contra bajo la consigna de vincularlos a “células armadas”.
· En el estado de Chiapas se sigue dando cobijo a las bandas paramilitares camuflajeadas en membretes como lo ocurrido con nuestros compañeros de la OCEZ-FNLS, en la comunidad El Carrizal, municipio de Ocosingo, al ser víctimas de agresiones y provocaciones que han sufrido de parte del grupo paramilitar “Los Petules”, quienes después ingresaron a la ORCAO y después pasaron a formar la CMPECH, cuyo membrete ha servido para realizar las encomiendas del gobierno estatal de combatir y desarticular a las organizaciones populares.
· En Michoacán la supuesta lucha contra la delincuencia organizada revela su carácter político, los últimos acontecimientos nos indican la estrategia que persigue Felipe Calderón, intensificar la militarización del Estado, instaurar un estado de facto como lo han establecido en los estados fronterizos como modelos a seguir para imponer un estado de excepción nacional ante el escenario sangriento producto de la guerra de la delincuencia organizada, que en el contexto político persigue distraer a la opinión publica que se torna critica pidiendo ya la renuncia de Calderón, es sumamente grave que el gobierno federal permita el desborde de la violencia en Michoacán, para justificar la violación del pacto Federal y busque por todos los medios castigar al pueblo michoacano, criminalizando la protesta popular con el objetivo confeso de generar una crisis de gobernabilidad con la renuncia del Gobernador del Estado
Producto de esta estrategia es la política de despojo de tierras comunales en el Estado como sucede en los caso de Santa María de Ostula, con el ataque de supuestos propietarios perpretado el 29 de junio en contra de comuneros y comuneras de esta comunidad indígena que decidieron recuperar ante la nula respuesta agraria el legitimo derecho a la defensa de sus tierras,
En la comunidad Tabiquera la Loma de Uruapilla en Michoacán persisten las incursiones de la policía federal y el Ejército federal en la casa de los comuneros que defienden 97 hectáreas de tierras por ejercer este derecho son objeto de detenciones desapariciones temporales, torturas y disparos de armas de fuego, últimamente persisten las amenazas de detener, desaparecer y asesinar a los comuneros.
La impunidad es la respuesta a las exigencias de organizaciones sociales y populares a las constantes violaciones a los derechos humanos, represión y muerte de gente que ha luchado por mejorar sus condiciones de vida. Además de reactivar y fortalecer a cuerpos paramilitares en diferentes regiones del país.
El gobierno federal defiende a capa y espada al ejército y avala todas las violaciones a los derechos humanos y las garantías individuales, como lo ocurrido en el juicio que promueve la familia de Rosendo Radilla Pacheco en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el delito de desaparición forzada, asimismo, garantiza la impunidad con que actúa el Ejército Federal a través de la figura del fuero militar en voz del Secretario de Gobernación Fernando Gómez Mont.
Ante esta escalada represiva hacia todo el movimiento social y popular seguimos haciendo el llamado a los organismos de derechos humanos a estar atentos a los posibles sucesos en contra de quienes siguen exigiendo justicia y mejores condiciones de vida para el pueblo.
¡ALTO LA CRIMINALIZACIÓN DE LA LUCHA POPULAR!
¡PRESENTACIÓN CON VIDA DE LOS DESAPARECIDOS!
¡LIBERTAD A LOS PRESOS POLÍTICOS Y DE CONCIENCIA DEL PAÍS!
¡¡¡ EXIGIMOS LA DESARTICULACIÓN DE LAS BANDAS PARAMILITARES!!!
¡¡¡ EXIGIMOS REUBICACIÓN DEL POBLADO IRREGULAR “EL NACIMIENTO”!!!
¡¡¡ ALTO A LAS PROVOCACIONES Y AGRESIONES DE LOS PARAMILITARES
ENCUBIERTOS BAJO LA ORCAO Y LA CMPECH!!!
¡POR LA UNIDAD OBRERO, CAMPESINO, INDÍGENA Y POPULAR!
FRENTE NACIONAL DE LUCHA POR EL SOCIALISMO
FNLS
San Cristóbal de las Casas, Chiapas a 17 de julio de 2009.