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Rocha, un departamento sumido en una profunda crisis política y social
Unos 4.000 rochenses firmaron una carta en la que piden que se declare el departamento en estado de emergencia ROCHA |
Cuando en la madrugada del 18 de junio pasado 28 funcionarios municipales ocuparon la sede de la Intendencia de Rocha, no hicieron otra cosa que poner de manifiesto que su paciencia había llegado a un límite. Tras 14 días, los ocupantes fueron desalojados por la Policía a solicitud del intendente, Irineu Riet Correa, pero esa medida, lejos de acallar las quejas, las agudizó.
La situación que viven los municipales no es otra cosa que la manifestación de la profunda crisis en que se encuentra sumido este departamento, donde el 40% de la población económicamente activa se encuentra desocupada.
Temas tales como el suicidio, las drogas, la violencia doméstica, son moneda corriente en Rocha.
Al describir la situación en la que viven los municipales y el departamento, el dirigente gremial Ruben Lazo advirtió que “no se da más (…) estamos al borde de un estallido social”.
En el departamento circula actualmente una carta firmada por 4.000 ciudadanos en la que se solicita a las autoridades que se declare a Rocha en estado de emergencia.
Además, existe casi uninimidad entre todas las fuerzas políticas que allí actúan en demandar la renuncia del jefe comunal, sobre quien se han centrado los cuestionamientos por su manejo del gobierno municipal.
En mayo pasado, Riet logró superar en la Cámara de Senadores un pedido de juicio político planteado por la Junta de su departamento por una mayoría de 29 en 31 ediles, por la no presentación de la rendición de cuentas del año 2001. Pero el descontento con el intendente ha ido en aumento.
“CRISIS EXISTENCIAL”. Para la socióloga Silvia Fuentes, “el departamento de Rocha no tiene una crisis municipal; tiene una crisis existencial” porque “su estructura se encuentra fragmentada”.
“Los elementos de cohesión son muy frágiles y muy difíciles de mantener a través del tiempo”, aseguró.
Algunos indicadores brindados por la entrevistada podrían resultar esclarecedores: los funcionarios municipales son menos de un tercio de los empleados públicos que tiene este departamento.
En forma directa o indirecta, esta crisis afecta a unos 5.000 hogares del departamento, alrededor de un cuarto del total de los hogares de Rocha en su conjunto. En esos hogares viven unos 7.000 niños menores de doce años de edad y más de 1.000 adolescentes.
Todo esto transcurre en una población de 70.000 habitantes, donde el 92% de ellos viven en áreas urbanas, con tasas de ocupación de su población económicamente activa (entre 14 y 60 años de edad) de alrededor de un 50% .
Según Fuentes, “no es cierto que nadie hace nada, se hacen variadas cosas pero desde lo que se puede y lo ideal sería que se hiciese lo que se debe”.
“La sociedad civil en su conjunto no siempre está preparada para sostener y hacer lo que le corresponde a las instituciones formales, que dejan de cumplir con los objetivos para los cuales fueron creadas”, añadió la investigadora.
CORTES. Los escasos recursos con que cuenta la comuna, han puesto a los funcionarios municipales al borde de que las empresas públicas les corten los servicios.
Los trabajadores tienen la opción de que les descuenten el pago de las tarifas de UTE, OSE y Antel de los sueldos que les adeuda la comuna, pero como ésta se encuentra atrasada en sus pagos con los mencionados organismos, en este momento, hay 500 funcionarios que han recibido anuncios de corte de energía por parte de UTE. Además, otros 1.500 están al borde de la misma situación.
Francisco Gordalina, sacerdote de la Iglesia Nuestra Señora de los Remedios, reveló que “ha sido necesario contribuir con velas para atender la necesidad de algunas familias municipales”.
OTRAS VIAS. A su vez, el expendio permite a los dependientes municipales obtener unos seis litros de leche y seis kilos de carne al mes. Esto provoca la formación de largas filas en horas de la madrugada, a la espera de estos productos básicos de la canasta familiar.
Mientras tanto, el municipio ha hecho entregas semanales de dinero de 500, 300 y 220 pesos, antes de que se iniciara el conflicto el 18 de junio pasado.
PARALISIS. Por su lado, la Junta Departamental, está semiparalizada por la falta de recursos económicos, también tiene sus problemas.
“Los catorce funcionarios no han percibido sus salarios desde hace cuatro meses y no se han vertido sus aportes al Banco de Previsión Social en los últimos dos años. No disponen de expendio, ni descuento de facturas de organismos nacionales, “han quedado desprotegidos”, explicó el presidente del organismo, Víctor Páez.
Municipales a la “caza” de los contribuyentes
La falta de dinero en el municipio ha llegado a un punto tal, que para lograr el cobro de sus haberes, los propios municipales han impulsado la implementación de la denominada “caja ocho”, un curioso sistema en donde los funcionarios han debido salir a la caza de los contribuyentes morosos, canjeando los haberes que les adeuda la comuna por el pago de tributos.
Por ejemplo, si alguien debe 100.000 pesos a la comuna, le entrega ese dinero al funcionario pagándole lo que se le adeuda por concepto de salarios, en tanto al contribuyente se le descuentan los tributos que debe, por igual monto.
Pero hay casos en los que el contribuyente ofrece menos del monto de su deuda con la intendencia, pero igualmente cancela el total, ya que el funcionario asume una parte de la deuda a cambio de hacerse de efectivo.
Esta situación beneficia a los funcionarios de jerarquía ya que son los que cuentan con mayores posibilidades de encontrar un contribuyente importante.
En defensa del mecanismo, el intendente Riet Correa ha dicho que la implantación de la “caja ocho” fue solicitada por el gremio.
En estos momentos, según Lazo, “la deuda salarial con los trabajadores alcanza los tres millones de dólares por parte de la comuna”.
El ministro de Economía y Finanzas, Alejandro Atchugarry se mostró ayer “inamovible” frente a los planteos de una delegación de dirigentes del Pit-Cnt, quienes le solicitaron apoyo económico del gobierno para encontrar una salida al conflicto que llevan adelante los funcionarios municipales de Rocha, afirmó a El País el dirigente del gremio Juan Silveira.
“No hubo ningún avance. Nos dijo que la transferencia de partidas estaba al día y que el ministerio no puede hacer más. Y como esas partidas están embargadas por el BPS no queda nada para resolver el problema”, enfatizó.
Advirtió que la central de trabajadores seguirá realizando acciones políticas el próximo lunes para tratar de encontrarle una solución al diferendo en Rocha, pero advirtió que hasta el momento se han encontrado con “intereses político partidarios que impiden cualquier avance”.
Una de las alternativas que manejan es que la Presidencia tenga la voluntad política de ponerle fin a esta crisis y que para ello incluya en la Rendición de Cuentas un mensaje complementario en el que asigne una partida adicional de recursos que permita cubrir la deuda que la Intendencia de Rocha sostiene con los funcionarios. “Este recurso ya tiene antecedentes, ocurrió lo mismo en el gobierno de Adauto Puñales y el gobierno aprobó una partida extra para atender el problema. Entonces, lo único que hace falta es la voluntad política”, enfatizó Silveira.
El sindicato de trabajadores reclama además la renuncia del intendente, Irineu Riet Correa, por considerarlo “incapaz de conducir el gobierno comunal y de administrar correctamente los aportes de los contribuyentes”.
Silveira advirtió que de no encontrarse una solución al conflicto en los próximos días, habrá una movilización de la Federación Nacional de Municipales en el propio departamento de Rocha, a la que se incorporarán también otros gremios. Además, se podría promover la realización de un paro general nacional de 24 horas.