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Jorge Luschinger vende fundo donde falleció joven mapuche
Jueves, 08 de Octubre de 2009
Finalmente el agricultor se suma a los agricultores que deciden vender sus tierras.
La intendenta Nora Barrientos confirmó la compra del fundo Santa Margarita, propiedad del agricultor Jorge Luschinger.
La noticia causa gran sorpresa, debido a que se trata del predio donde falleció el joven mapuche Matías Catrileo, lo que contradice el reiterado vox populi de las autoridades, en relación a que “la CONADI no negociaría tierras que sean reclamadas por vía violenta”.
Según se informó, el valor de transacción se acercaría a los 600 millones de pesos, valor acordado entre ambas partes para poner fin al dominio de Luschinger sobre esos terrenos, donde se han registrado cerca de 60 ataques y enfrentamientos, lo que provocó que contara con resguardo especial de Carabineros durante las 24 horas (medida resistida por algunos que preferirían gastar recursos públicos en otras labores preventivas).
Eso sí, trascendió que el Fundo Santa Margarita sería asignado a comunidades pacíficas, lo que pone en tela de juicio a las seis comunidades que rodean al predio, quienes son sindicados como eventuales responsables de algunas acciones. Los ataques principalmente pretendían llamar la atención de los medios de comunicación, debido a la cercanía con Temuco (camino a Vilcún) y por los reiterados insultos y estigmatización de Jorge Luschinger como un “latifundista indolente”, además de otros adjetivos.
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Monto del acuerdo asciende a $2.617 millones:
Conadi compra 5 predios al agricultor Jorge Luchsinger
Tres fundos y dos hijuelas serán traspasados a mapuches. Compraventa se firmará el martes.
TEMUCO.- La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) comprará en $ 2.617 millones las 458 hectáreas de cinco predios -tres fundos y dos hijuelas- del agricultor Jorge Luchsinger, víctima de treinta atentados por parte de mapuches que viven junto a sus tierras, desde el año 2000. Se trata de los fundos “Santa Margarita” (229,37 ha), “San Miguel” (187,54 ha), “Santa Herminia” (38 ha) y dos hijuelas, de 1,7 y 1,6 ha, respectivamente, todos localizados en Vilcún, además de tres derechos de agua por 22, 120 y 180 litros por segundo.
Conadi pagará $ 5 millones 711 mil por hectárea, incluidos los derechos de agua.
Las escrituras de compraventa ya están redactadas y serán firmadas el próximo martes. Sólo quedará pendiente la compra del predio “Santa Hermina”, porque dicho terreno está afectado por una medida precautoria en proceso de alzamiento.
Las tierras adquiridas por el organismo estatal serán traspasadas a la comunidad “Juan Catrilaf”, del sector Yeupeco, desde donde provienen los grupos violentistas que desde el año 2000 han perpetrado una treintena de ataques armados e incendiarios a los predios mencionados.
Hasta el año pasado, el fundo “Santa Margarita” fue el blanco de los peores ataques contra la familia Luchsinger. Los atentados causaron pérdidas económicas estimadas en $500 millones. Dicho predio está con protección policial desde el año 2005.
Los ataques más violentos de grupos de encapuchados armados ocurrieron el 22 de abril de 2002, con el atentado incendiario a la antigua casa patronal del predio donde funcionaba el centro de eventos “Casas Viejas” y el 9 de junio de 2005 por otra acción similar, que redujo a escombros la casa de la familia Luchsinger.
En ese mismo predio murió por un disparo percutado por un carabinero el activista mapuche Matías Catrileo, el 3 de enero del año pasado, durante la incursión de un grupo de encapuchados que quemaba fardos de pastos.
Los predios están ubicados a 25 kilómetros al nororiente de Temuco.
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1906
es el año en que el colono suizo Adán Luchsinger compró las primeras 60 ha en Vilcún.
$98
millones pagó la Conadi por 4,3 hectáreas en Padre Las Casas.
Suprema defiende independencia
El presidente de la Corte Suprema, Urbano Marín, aseguró que no dará instrucciones a los jueces de garantía a raíz de las quejas que realizaron los dirigentes agrícolas por sus resoluciones relacionadas con el conflicto mapuche. “Nosotros nunca le damos una instrucción a un juez antes de que emita su decisión, porque creemos en forma absoluta en la independencia judicial. Después podemos corregir, modificar o revocar los fallos, pero nunca nos anticipamos a indicarles qué deben hacer. (La independencia) la cultivamos y la protegemos”, dijo.