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Fuente: Critica en linea
11 de octubre de 2009
Vítores y aplausos recibieron el 6 de octubre al llegar a la capital, los 150 indígenas que durante 19 días marcharon 370 kilómetros desde San Félix al distrito de Panamá. El punto culminante de la jornada fue su ingreso a la Asamblea Nacional de Diputados, donde fueron acompañados por cerca de mil simpatizantes.
Enarbolando la bandera panameña y la bandera del pueblo Ngöbe, los organizadores de esta caminata, Celio Guerra y Alberto Montezuma, lideraban la caminata. La manifestación coincidió con el 50 aniversario de la Marcha del Hambre y la Desesperación organizada por la población de una provincia de Panamá en 1959.
La dirigencia Ngöbe denunció que están siendo afectados por las concesiones mineras, proyectos hidroeléctricos y desarrollos turísticos. Al llegar a la Asamblea, los indígenas fueron recibidos por la diputada de la comarca Ngöbe Buglé, Crescencia Prado, y el ministro Guillermo Ferrufino.
En la Asamblea se les otorgó cortesía de sala, donde exigieron la derogación de todos los contratos de concesión que provocan expropiación de tierras y desalojos masivos de comunidades por parte de empresas trasnacionales.
El grupo de manifestantes señaló que las empresas transnacionales a las que se les adjudican dichos contratos mineros e hidroeléctricos ignoran las leyes comarcales y devastan la vegetación y la riqueza natural de las tierras que ocupan hace 500 años.
Pliego de peticiones:
Derogación del contrato de concesión en cerro Petaquilla y cerro Chorcha.
Derogación de la resolución de concesión minera en cerro Colorado, cerro Pelado, cerro Quema y cerro Tolica.
Paralización de los proyectos de represa en río Fonseca, río Guaribiara, El Norteño y río Cobre y de todos los que originan desalojos forzados.
Eliminación de concesiones de turismo residencial que afectan la cultura de las comunidades indígenas.
Anulación de los contratos para la instalación de 54 torres eólicas.
Indemnización de las personas desalojadas producto de la puesta en ejecución de los actuales proyectos mineros e hidroeléctricos.
Cese de hostigamiento de terratenientes y de capataces de empresas transnacionales contra campesinos e indígenas que rechazan sus métodos de destrucción del medioambiente.