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Integración transfronteriza entre comunidades

09.07.10

Pueblos fronterizos de Perú y Ecuador firman pacto de unidad

Comunidades campesinas e indígenas de Perú y Ecuador firmaron una Declaración Binacional para fortalecer vínculos de solidaridad y lucha contra los gobiernos de ambos países que permiten el avance de la minería que destruye a la Madre Tierra.

El acuerdo se denomina “Declaración Binacional de Comunidades Indígenas de Perú y Ecuador afectadas por empresas mineras” y fue suscrito el 4 de julio en la ciudad norteña de Piura, en el Perú.

El objetivo del encuentro fue conocer los problemas que atraviesan las comunidades campesinas e indígenas con la actividad extractiva de minerales e hidrocarburos así como la criminalización de la protesta social.

También propició que las poblaciones fronterizas intercambien experiencias sobre sus procesos organizativos y de resistencia frente a la imposición del modelo extractivista que impulsan los gobiernos de Perú y Ecuador.

Por Perú participaron en el evento la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI), la Federación Provincial de las Comunidades Campesinas de Ayabaca, la Vicaría de Jaén y la Federación Regional de Rondas Campesinas de Cajamarca.

También los Jóvenes en Defensa de la Ecología Regional, el Programa de Defensa de los Derechos Indígenas, la Central Única de Rondas Campesinas de Huancabamba y la asociación CooperAcción.

Por parte de Ecuador participaron la Federación Interprovincial de Pueblos Shuar del Ecuador (FICSH), la Federación Provincial de la Nación Shuar de Zamora Chinchipe, el Comité por la Salud y la vida de Pangui.

Asimismo la Coordinadora Regional Anti imperialista y antiminera y la Federación Provincial de Pueblos Saraguros y campesinos de Zamora Chinchipe, Zamaskijat.

Qué exige la Declaración Binacional
La Declaración Binacional se refiere a diez puntos que las comunidades campesinas e indígenas de Perú y Ecuador exigen a sus respectivos Estados con el objetivo de luchar contra el avance de la minería a gran escala.

El primer punto demanda “se declare como zonas libres de la explotación minera la Cordillera del Cóndor, las provincias australes ecuatorianas: Morona Santiago, Zamora Chinchipe, Loja, Azuay y El Oro”.

Igualmente, “las provincias peruanas de Jaén, Santa Cruz, San Ignacio, Huancabamba, Ayabaca, Sechura, Piura, la Sub Región Andino Central del Ande Peruano y la Amazonia peruana y ecuatoriana”.

En segundo término demandan la creación de una comisión internacional que investigue y sancione la verdad del crimen de Bagua y de Río Blanco en el Perú, y del caso de Bosco Wisum en Ecuador.

Del mismo modo, que se repare moral, simbólica, política y materialmente a los familiares de las víctimas de dichos sucesos.

Además, que se respete el derecho a la resistencia, que no se criminalice la protesta, se respete su forma de vivir como comunidades indígenas y campesinas, y se garantice la soberanía sobre sus territorios.

También demandan se suspendan los proyectos de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) en ambos países porque destruyen la naturaleza.

En los dos últimos puntos, reclaman la anulación de la deportación del sacerdote Paul Mc Auley y que los Estados presten más atención al manejo de la minería pétrea en las cuencas binacionales, como la Catamayo Chira.

Asumen compromisos
Los firmantes no solo plantean demandas sino también compromisos, como el crear una red u organización que los vincule para plantear metas, evaluar avances, que les permita impulsar un proceso continuo de formación y educación para sus comunidades.

Aclaran que el desarrollo de este proceso implica realizar acciones coordinadas que fortalecerán alianzas con otros actores de la sociedad como la iglesia comprometida, para generar vínculos estratégicos que apoyen sus luchas.

También, asumen la tarea de compartir experiencias exitosas en temas de comunicación, radios comunitarias y los procesos legales exitosos frente a las acusaciones contra dirigentes, entre otros.

Oros compromisos se refieren a impulsar procesos de ordenamiento territorial participativo, declarar zonas libres de minería, realizar demandas nacionales e internacionales y crear condiciones para expulsar a las transnacionales mineras de sus respectivos territorios.

Se prevé preparar un encuentro de los pueblos andinos que luchan por la vida y la naturaleza contra la actividad extractiva, realizar a mediano plazo un Encuentro Binacional Ecuador-Perú y a largo plazo un Encuentro Internacional.

También se realizarán ferias de intercambio de productos agropecuarios como la Feria Binacional que será en el puente Espindola con fines de integrar a ambos pueblos.


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