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A pesar que la huelga de hambre de una treintena de mapuches lleva 45 días el Colegio de Periodistas de Chile criticó el silencio informativo de los grandes medios frente a este grave hecho.
“Nos parece preocupante que este tema apenas aparezca en la agenda informativa de los grandes medios”, señaló Rodrigo Miranda, representante del gremio de periodistas chilenos.
Treintidos indígenas fueron arrestados bajo la llamada ley antiterrorista, y la principal demanda de los huelguistas es que el Poder judicial deje de aplicarles esta norma promulgada durante el gobierno del dictador Pinochet.
A los mapuches encausados se les acusa de realizar ocupaciones ilegales y ataques incendiarios contra propiedades en la región de la Araucanía, a unos 600 kilómetros al sur de la capital, Santiago, tierra ancestral mapuche.
El sociólogo chileno Tito Tricot, especialista en asuntos indígenas, explicó a BBC Mundo que esa legislación aumenta las penas de los condenados, limita su derecho a defensa y otorga poderes especiales a los fiscales para realizar allanamientos, entre otros atributos.
La Corte de Apelaciones de la sureña ciudad de Concepción autorizó al servicio penitenciario a alimentar por fuerza a los ocho presos que se encuentran un grave estado de salud.
La decisión fue criticada por los activistas mapuches, que lo consideraron una “intervención política”.
Mediante un comunicado, los huelguistas informaron que se opondrán a la medida con todos los recursos que tengan, “desde la vía legal hasta la resistencia física”.
Víctor Ancalaf, el primero de los indígenas en ser condenado bajo la ley antiterrorista el 12 de julio pasado, instó al presidente Sebastián Piñera a cumplir con los tratados internacionales firmados por Chile, que garantizan la libre determinación de los pueblos originarios.
Por su parte el activista por los derechos humanos argentino y ex Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, envió una carta al mandatario pidiéndole que comprenda y atienda los reclamos de los mapuches.
La ley antiterrorista fue sancionada por el régimen dictatorial de Augusto Pinochet para perseguir a opositores políticos.
A fines de septiembre de 2009 el gobierno de la entonces presidenta Michelle Bachelet negó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que la ley se haya utilizado abusivamente contra los mapuches y otras etnias originarias.