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MAPUCHES: FIRMAN ACUERDO Y COMIENZAN ALIMENTACION
SANTIAGO DE CHILE, 2 (ANSA) - Los 27 presos mapuche que depusieron una huelga de hambre, que en algunos casos completó 81 días, firmaron hoy un acuerdo con el gobierno y comenzaron un plan progresivo de alimentación que les permitirá, dentro de un mes, recuperar sus condiciones normales. Los 11 presos de la cárcel de Angol, en cambio, consideraron “insuficiente” la propuesta del gobierno y confirmaron que mantendrán la huelga, pese a que seis de ellos se encuentran hospitalizados.
Los 28 comuneros presos en Concepción, Lebu y Temuco, terminaron la protesta al considerar favorable la última propuesta del gobierno, que además manifestó “no tener la convicción” que los hechos por los cuales fueron imputados “puedan seguir siendo calificados como conductas terroristas”.
La propuesta consiste en cambios a la ley antiterrorista, reformas a la justicia militar y el retiro de las querellas interpuestas por el Ejecutivo.
El gobierno también se comprometió a seguir perfeccionando la legislación para garantizar los derechos procesales de los presos mapuche, y planteó su disposición a seguir en un diálogo para posibilitar el tratamiento de otros temas que preocupan en la relación entre los mapuches y el Estado.
Natividad Llanquileo, una de las voceras de los huelguistas, afirmó a ANSA que “la decisión se tomó principalmente para resguardar sus vidas. Ellos decidieron deponer esta huelga porque los cambios que se puedan hacer implicaban mucho tiempo y esperar, de alguna manera, los llevaría directamente a morir”.
Añadió que este compromiso marcará “un precedente muy importante en relación a los gobiernos anteriores”.
El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, afirmó que “el paso que hemos dado no pone término a un proceso sino que da comienzo a otro para todos los pueblos originarios a quienes valoramos”.
Los huelguistas pedían como condición irrenunciable para deponer la movilización el fin de las querellas en su contra en aplicación de la ley antiterrorista, el término de su enjuiciamiento por la justicia militar y la eliminación de los testigos sin rostro.
De los 38 mapuches en la huelga, presos por supuestas acciones de violencia, 31 fueron procesados por la ley antiterrorista heredada de la dictadura militar, que los gobiernos democráticos mantienen en vigencia desde 1990 y que niega a los acusados un proceso judicial normal a cualquier ciudadano.