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CABILDO DE CERRO TIJERAS
DOCUMENTO PARA DISCUSIÓN Y ANÁLISIS
EN EL CONGRESO DE LOS PUEBLOS.
Bogotá D.C., Octubre 8 al 12 de 2010.
1.- TIERRA, TERRITORIO, SOBERANIA – LEGISLACIÓN DEL DESPOJO:
Legislación del Despojo:
Para la comunidad del pueblo Nasa adscrita al Cabildo Indígena de Cerro Tijeras ubicado en el nor occidente del Departamento del Cauca, consideramos la actual agresión por parte del señor Gobernador Guillermo Alberto González Mosquera y su Secretario de Gobierno, plasmadas en la Resolución 5234-06-2009 de Junio 24 de 2009 que fueran posteriormente ratificadas por el Superintendente de Notariado y Registro con la Circular 176 de Agosto 10 de 2009, un atentado grave contra las comunidades ancestrales, originarias y raizales de la zona, puesto que bajo falsos argumentos esgrimidos inicialmente por el señor alcalde local Luis Fernando Colorado Aponza quien manifestara que la población de los corregimientos de Agua Clara, Betulia y Los Robles estaban asediados por los enfrentamientos propios del conflicto armado, cosa que es distante de la realidad por cuanto en la zona no hay presencia de grupos subversivos.
La decisión oficial no es otra que desplazarnos de nuestros territorios a como de lugar, para darle paso al supuesto “Desarrollo sostenible” del que tanto pregonan las grandes potencias que a diario asesinan a la madre tierra. Como lo ha afirmado el presidente Juan Manuel Santos Calderón estamos ante una bonanza minera y petrolera, para ello su antecesor Álvaro Uribe ferió todos los predios con riquezas naturales a las grandes multinacionales extractivas primordialmente en Carbón, Oro, Plata y otros minerales.
Nuestro territorio no es ajeno a la voracidad del capital privado nacional e internacional, y éste es el verdadero objetivo de la legislación emitida por el gobierno departamental. Puesto que desde otras dependencias oficiales se están otorgando títulos mineros con carácter de preferentes al capital privado pasando por alto la pervivencia que ostentan las comunidades indígenas, campesinas y negras en dichas regiones por centenares de años. Por tanto y como quiera que se trata de territorios colectivos de pueblos indígenas y de comunidades negras protegidos legal y constitucionalmente, no les queda otra alternativa que mentir ante la comunidad para poder despojarnos de nuestra tierra.
NO a la gran minería.
Santos Calderón ha manifestado públicamente por diversos medios de comunicación que Colombia está a vísperas de un gran desarrollo minero y otra bonanza petrolera de incalculables dividendos para la nación, y que para el 2019 la minería generará grandes rendimientos para el país.
Consideramos que el Sistema Nacional de Regalías se convirtió en una feria de corrupción y como fiel ejemplo de ello, es que municipios como Suárez en el Departamento del Cauca, que recibió en lo corrido de la actual administración sólo por concepto de extracción de oro, aproximadamente 1.400’ millones de pesos, pero que paradójicamente y muy a pesar de incrementar el presupuesto local en temas vitales para satisfacer las más sentidas necesidades de los suareños, las comunidades no se han beneficiado en lo más mínimo.
Afirmamos enfáticamente que todo el país fue subastado por el Gobierno de Uribe, quien en su administración entregó contratos mineros de manera irregular y en contra de la ley, a través del Ministerio de Minas y Energía, de Ingeominas, y las corporaciones autónomas regionales, en una cifra no inferior a 7.770 concesiones de las cuales se han efectivizado 1.500, caso concreto y particular el del señor HÉCTOR DE JESÚS SARRIA particular que de la noche a la mañana obtiene una licencia y pretende desalojar a la comunidad que habita en el Corregimiento de La Toma – Suárez, caso que administrativamente y judicialmente tiene una serie de incongruencias que no han sido superadas por el titular de la concesión, pero que el Estado le continua dando la razón aún en contra de los pronunciamientos de la Honorable Corte Constitucional en la materia – Auto 004 de 2009, el convenio 169 de la OIT entre otros.
Las concesiones mineras no cumplen con los requisitos legales para su expedición en términos de los planes de manejo ambiental, planes de mitigación de riesgos y mucho menos en lo que a la Consulta Previa con las comunidades se refiere. El Instituto Colombiano de Geología y Minería – Ingeominas se escuda bajo el precepto constitucional 84 bajo el cual ninguna autoridad podrá establecer ni exigir, licencias o requisitos adicionales para la procedencia de las propuestas o para la expedición, perfeccionamiento y ejercicio del titulo minero, sin perjuicio de la competencia de la autoridad ambiental.
El Ministerio del Interior y de Justicia ha venido cometiendo arbitrariedades de manera sistemática al no registrar la presencia de comunidades indígenas y negras en las zonas solicitadas por el capital privado, como también el Ministerio de Minas y Energía no ha decretado la existencia de zonas mineras especiales (negras, indígenas o mixtas). Por tanto se observa clara e indiscutiblemente que el Estado se resbala de cualquier responsabilidad frente a la protección de los derechos individuales y colectivos de estas poblaciones vulnerables.
La Oficina de etnias del Ministerio del Interior y de Justicia conscientemente invisibiliza a los pueblos ancestrales, originarios y raizales, lo que permite el avance en el trámite de las licencias minera en contra de estas comunidades.
Para las comunidades aglutinadas en el Cabildo de Cerro Tijeras se ha convertido en un eje fundamental de nuestra pervivencia en el territorio, la convivencia de la especie humana con el habitad natural y su relación entre unos y otros, factores que han motivado la aplicación de toda clase de políticas propias que vayan en defensa y permitan la protección del medio ambiente, por tanto aplicamos legislación propia para la reforestación de los bosques, las cuencas hídricas bajo la perspectiva de suministrar agua óptima para el consumo humano, no convalidamos la extracción indiscriminada a mediana o gran escala de los recursos naturales renovables y no renovables, de los ojos de agua y en general de la pacha mama.
Crear una plataforma nacional compuesta por representantes de las regiones y comunidades afectadas que le apueste a articular las luchas regionales de los diversos sectores que se resisten ante los embates del modelo capitalista que está empeñado en acabar con los derechos de los pueblos en temas como servicios públicos domiciliarios, empleo, educación, salud, vivienda, gran minería, soberanía, democracia entre otros, en el ánimo de concientizar y sensibilizar a grandes capas poblaciones y poder levantar una consigna nacional para ser asumida de manera integral por todas las organizaciones, bajo el lema de globalizar las resistencias.
Ante la llegada de funcionarios y empleados de las empresas transnacionales y en especial de las mineras la comunidad debe apartarse momentáneamente de sus aspectos culturales y no brindarles a éstos personajes algunas comodidades o facilidades, para ello ratificamos nuestro compromiso de:
No darles alimentación ni bebidas.
No brindarles la hospitalidad en nuestros hogares
No proporcionarles ninguna información sobre el territorio
Abstenernos de compartir con ellos, cero amabilidad para con los explotadores.
No colaborarles con el transporte de material para el montaje de sus minas.
HEMOS OPTADO POR DEFENDER EL TERRITORIO, CUESTE LO QUE NOS CUESTE.
Derogación de títulos mineros
Como lo expresáramos con antelación en este documento, desde administraciones pasadas se han venido concediendo u otorgando cualquier cantidad de títulos mineros legales o ilegales sin el lleno de los requisitos de ley, que indiscutiblemente están colocando en alto riesgo de desplazamiento forzado a las comunidades campesinas, originarias y raizales del país, y para ello se hará uso de la fuerza paramilitar para sembrar el terror y la muerte en cada uno de los territorios apetecidos por las multinacionales extractivas.
Por tal motivo consideramos que la perturbación sobre nuestros territorios seguirá vigente, al igual que la incertidumbre en quienes hemos construido proyectos de vida tanto individual como colectivos hasta tanto el gobierno nacional no imparta la orden a todas la entidades públicas y descentralizadas en todos los niveles de invalidar y dejar sin efectos jurídicos todos los trámites relacionados con el otorgamiento de títulos mineros.
Así una multinacional como nos acontece en el municipio de Suárez con la firma Anglogold Ashanti, nos diga públicamente que se retira de la zona porque si proyecto aurífero de acumulación se centra en la mina La Colosa ubicada en Cajamarca Tolima, debemos entender que estamos frente a una mera expectativa pues todos sabemos que el título minero sigue vigente y en cabeza de la misma transnacional, quien lo posee por espacio de varios años de vigencia y que en cualquier momento regresará para ejercer su actividad ilegítima en contra de la naturaleza y de los pueblos que tradicionalmente la han poblado. Además advertimos que la ley permite a pequeños mineros, comunidades indígenas y de negritudes a ejercer su derecho de prelación sobre las minas, pero lo que no dice es que luego de determinado período sus títulos y licencias pasarán a manos de la multinacional por no haber ejecutado el proyecto minero dentro del plazo estipulado por falta de maquinaria, tecnología, y de presupuesto. Justamente por eso es que las multinacionales vienen promocionando la pequeña minería en toda Colombia y particularmente en el Cauca e inclusive financiando todos los trámites al respecto. Y obviamente lo hacen, a sabiendas que en futuro cercano esas minas pasarán a sus manos en conformidad con la ley.
Titulación de tierras:
En nuestro criterio el Estado a través de sus diferentes gobernantes procedentes de la clase aristocrática y capitalistas criollos, tiene su cuota de responsabilidad frente a la problemática que agobia a la nación y de manera muy particular al campo colombiano, y su política pública de soberanía y seguridad agroalimentaria ha quedado al descubierto, no hay el más mínimo interés de parte de quienes detentan el poder político y económico de conceder mínimas garantías o reivindicaciones al campesinado colombiano y a los grupos étnicos que en el habitan.
Las minorías indígenas y de negritudes han sido sistemáticamente objeto de desplazamiento por parte de terratenientes aliados con grupos paramilitares y del gran capital industrial de los predios fértiles, de terrenos y pisos térmicos con gran diversidad y facilidad para los cultivos. Al punto de reubicarlos en las faldas y altas cumbres de las montañas, prueba de ello son las tierras que entregó el gobierno nacional como resarcimiento de los perjuicios por la masacre del Naya y la del Nilo relegándoles entonces de cualquier oportunidad de concretar proyectos de supervivencia.
Como consecuencia directa de esos éxodos internos, los pueblos ancestrales, campesinos, originarios y raizales nos debemos unir bajo una misma consigna, que no debe ser otra que reclamar del Estado a través de su actual gobierno, la titulación de las tierras que hoy están ocupadas por nuestros hermanos, para ello proponemos iniciar una acción alternativa concebida desde la autoridad propia en términos de la facultad administrativa y territorial de cada resguardo para proceder a legalizar dicha propiedad en manos de quien teniendo la posesión o tenencia por más de veinte (20) años el Estado Colombiano no le ha permitido tal iniciativa.
Debemos propiciar y generar espacios de discusión entre los pueblos, luego unidos todos con el Estado para que sea éste, quien nos legalice y escriture todas las tierras, sea de manera individual para cada propietario o de titulación colectiva para resguardos y consejos comunitarios.
Consulta previa de carácter vinculante
La actual legislación colombiana concibe la figura de la “Consulta Previa” como un ejercicio de participación democrática al interior de las comunidades indígenas, campesinas y de negritudes frente a proyectos económicos que las pongan en riesgo de extinción, pero finaliza el articulado cuando la propuesta de defensa no tiene el carácter de vinculante, es decir, el pueblo tiene voz pero se le niega el voto, lo que equivale a manifestar que es un ejercicio interesante pero estéril, que no tiene efectos legales frente a los agresores; pues, consulta previa no es lo mismo que consentimiento previo, el cual contempla la posibilidad de negar permiso a las multinacionales. Para el Estado los pueblos no tienen derecho a vetar un megaproyecto. En caso de un desacuerdo entre una multinacional y un pueblo indígena, el gobierno y sus instituciones, interviene como ‘árbitro neutral’ e impone su visión que no es distinta a la de la multinacional.
Somos del criterio, que debemos iniciar una campaña social y comunitaria desde el congreso de los pueblos, para que la consulta previa tenga el carácter de vinculante y los gobernantes de turno escuchen la voz del pueblo, y no solamente a recepcionar sus motivaciones sino a actuar de manera coherente con el pensamiento popular, de encausar a los poderes ejecutivo y legislativo en líneas de acción concretas frente a la soberanía nacional, de no permitir ninguna actuación y agresión en contra de los nacionales y menos aún en el propio territorio colombiano.
El agua como derecho fundamental.
Otro mandato que debe salir para el movimiento social recogido en el Congreso de los Pueblos, es el de iniciar una lucha constante y permanente para que el Agua sea reconocida en la legislación y constitucionalidad interna como un derecho humano de rango fundamental.
Como antecedentes contamos con que el pasado 26 de julio de 2010, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas -ONU- aprobó la resolución, presentada por Bolivia y otras 33 naciones, referente al derecho humano al agua y al saneamiento.
Lo anterior teniendo en consideración varias de las resoluciones y decisiones emitidas del organismo multinacional y reconociendo el impacto a nivel mundial de la carencia de este recurso y que estadísticamente se dice que 884 millones de personas carecen de acceso al agua potable y más de 2.600 millones no tienen saneamiento básico y que cada año fallecen un millón y medio de niños menores de cinco años, por las enfermedades derivadas de consumir aguas contaminadas, la ONU resuelve “declarar el derecho al agua potable y el saneamiento como derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida” y exhortar a los estados para que “proporcionen recursos financieros”, “a fin de intensificar los esfuerzos por suministrar a toda la población un acceso económico al agua potable y el saneamiento”.
Sin embargo, a través de los Planes Departamentales de Agua, el Estado pretende privatizar el agua. E impone que sólo puede haber uno o dos operadores de agua por departamento, por tanto los acueductos veredales pasarán a manos de una empresa privada. Por su parte el Estado dice que quiere mejorar el suministro de agua lo que no cuenta, es que el costo de las presuntas “mejoras” se paga con los impuestos y luego se le entrega el acueducto a una empresa privada quien cobrará lo que llaman “recuperación de costos” que no es más que un aumento en la tarifa. Dicho de otro modo, se entrega el agua a una empresa privada y además el pueblo seguirá pagando para mejorar el servicio, un doble regalo a la multinacional.
La gran minería también atenta contra el agua. Según las propias cifras de la multinacional Anglogold Ashanti la empresa consume alrededor de 12 metros cúbicos de agua por cada onza de oro extraída. Quiere decir la mina de La Colosa en Cajamarca consumirá más de 147 millones de metros cúbicos de agua, o el equivalente del consumo de 500.000 personas por año, durante la ejecución del proyecto que se estima en 15 años.
No a los monocultivos.
Ahora las tierras fértiles ya no tienen uso para la producción de alimentos que redunden en una verdadera seguridad alimenticia para los colombianos. El gran capital la está destinando para el monocultivo de la caña de azúcar y de la palma de aceite para luego ser transformados en combustible que alimentaran motores de vehículos y maquinaria, so pretexto del desarrollo mundial.
El Estado apalanca estas plantaciones con jugosos subsidios – ilegales – y empréstitos para multiplicar las ganancias de los más ricos empresarios del país como es el caso del emporio Ardila Lüle, propietario de 3 ingenios azucareros dos de ellos productores de Etanol, amo y señor del negocio de los refrescos, jugos y bebidas.
Y paradójicamente todos los trabajadores han sido tercerizados a través de cooperativas de trabajo asociado y el caso más indignante lo representan los miles de corteros manuales de caña, de quienes podemos decir, son el modelo de esclavitud del siglo XXI para exportar desde Colombia.
Personas que generación tras generación han contribuido con el engrandecimiento de los ingenios, entregando su plusvalía, con jornadas extenuantes que desde muy temprano asumen en condiciones infrahumanas para recibir a cambio un pírrico salario.
El patrón en complicidad con el Estado les ha hecho creer que son propietarios de sus “propias empresas” las cooperativas. Pero extrañamente es el ingenio el que regula la contratación de personal de éstas CTA’s, quien impone las jornadas de corte o trabajo y quiera o no quiera aceptarlo es el que reconoce la remuneración.
Soberanía y seguridad alimentaria:
Desde el inicio de la implantación del modelo neoliberal en Colombia – 1991, el Estado Colombiano en la presidencia de Cesar Gaviria, hemos sido meros espectadores de la aplicación del desmonte de la política agraria en el país, hoy ya no cultivamos alimentos que nos generen un autoabastecimiento interno, la federación nacional de cafeteros colapsó y con ella todo el gremio a nivel nacional.
Ahora con la nueva modalidad de involucrar a los colombianos o mejor a sus campesinos en los procesos de libertad de mercados con las grandes potencias económicas a nivel mundial, en donde existen verdaderos subsidios para la intensificación de cultivos atractivos para el tercer mundo. Hoy estamos importando justamente desde esos países desarrollados, grandes toneladas de cereales, cárnicos y productos enlatados o envasados que contienen semillas genéticamente modificadas con las consecuencias graves y directas para la salud de nuestro pueblo.
A manera de ejemplo, en el 2007 Colombia importó 1’285.969 de toneladas de trigo, de los cuales el 60% venia de los EE.UU. y poco menos de 30% de Canadá. Además importó en el mismo año 3’152.249 toneladas de maíz, el 98% provenía de los EE.UU. Mientras tanto, el país se dedica a exportar cultivos no procesados como el café verde o el cacao no procesado que se exporta barato a Europa donde se convierte en chocolate para luego venderlo caro, inclusive en Colombia.
Las plazas de mercado en municipios medianos y grandes, tienden a ser reemplazadas por grandes superficies de mercadeo en donde los alimentos son expuestos con mejores presentaciones en cuanto a volumen se refiere, pero con deficiencia nutritiva por la mutación genética a la que han sido sometidos, los vendedores estacionarios de las galerías se quedaran si trabajo ante la ausencia de productos verdaderamente naturales para su reventa.
Debemos incentivar el agro colombiano, para ello proponemos la creación de círculos agro alimentarios en donde eliminemos a los intermediarios que en primera son los que incrementan el costo de los mismos, organizar centros de acopio entre el productor o los productores por regiones, generar intercambios de semillas propias y de productos a manera de trueque – eliminación de la moneda -, impulsar en las grandes ciudades mercados populares.
Recuperar la política popular de implementación de huertas caseras, cultivos de pan coger – hortalizas, legumbres, granos, frutales y demás. Aprovechando cualquier espacio posible – lote baldío – al interior de esta selva de cemento en donde podamos desarrollar procesos alternativos de cultivos de alimentos, imponer esta modalidad igualmente en las escuelas y colegios públicos incentivando a la juventud para continuar con dicho programa.
Distribución equitativa de la tierra.
La utilización de tierras en el país, no se ajusta por parte del gobierno nacional a una política pública de carácter estructural para el agro colombiano.
Los terrenos planos y fértiles fueron arrebatados a los campesinos por hordas de terratenientes y ahora están puestas al servicio de los proyectos denominados “monocultivos” que riñen abiertamente con la política de seguridad agroalimentaria que requiere el país.
Estas grandes extensiones están concentradas en tan solo 3.369 personas compuestas por empresarios, oligarcas, narcotraficantes y paramilitares entre otros, son propietarios de 31.631.308 hectáreas de tierras, entre ellos el ex Ministro de Agricultura Carlos Murgas, la familia Uribe Vélez entre muchas otras. La mayor parte de estas 31 millones de hectáreas son de procedencia “lícita” (que no quiere decir legítima) y dedicadas a actividades lícitas, como al cultivo de la palma africana.
De acuerdo al diario El Tiempo del 30 de Agosto de 2010, el gobierno nacional prefiere “invertir” 37.400 millones de pesos en armas para la guerra – que es el precio de un helicóptero Black Hawk – que concederle a campesinos y desplazados el retorno a sus territorios o indemnizarlos con nuevos predios”.
Una verdadera reforma agraria debe empezar con la confiscación y el reparto equitativo de estas grandes extensiones de tierras, para ello se puede hacer uso de la figura de la extinción de dominio, puesto que nadie se opone a repartir las tierras entre los campesinos, negros, desplazados e indígenas. Sin embargo, consideramos que debe ir más a fondo y golpear la estructura del poder en el campo, conformada por estos personajes prestantes de la sociedad colombiana.
2.- JUSTICIA Y CAMINOS PARA LA PAZ.
Reconocimiento del conflicto social y armado
Es un imperativo que el Estado y el pueblo colombiano, reconozcan la existencia del conflicto social y armado que por más de cinco décadas ha desangrado al país, como el primer paso para la implementación de una política de paz. Que siente a las partes, principalmente a los oligarcas para que de manera autocrítica acepten su cuota de responsabilidad en la desigualdad social, política y económica que han generado. Pero que de igual forma plantee de cara al país una salida política y negociada del mismo.
La propuesta política debe contener ejes vitales para la transformación social, política, económica y cultural de la nación. Debe ser honesta, coherente con la realidad del país demográfico y transparente para efectos de su posterior verificación o evaluación de avances por parte de instancias internacionales.
La guerra es el producto de las desigualdades sociales, políticas y económicas impuestas por los sectores que a través de alianzas han usufructuado el poder de manera alterna en Colombia.
Frente a éstos personajes o sectores, proponemos iniciar procesos de confiscación de bienes muebles e inmuebles, de cuentas bancarias en Colombia y el exterior, a manera de resarcimiento de los perjuicios ocasionados. Dineros que se utilizarán para el bienestar general de los colombianos.
Este desplazamiento forzoso debe acabar y a los pueblos e individuos ancestrales, campesinos, originarios y raizales nos deben devolver nuestras tierras, las cuales nos arrebataron por vía legislativa y/o violenta desde la época de la conquista.
El Estado y la oligarquía son generadores del conflicto:
Los gobernantes del país y sus aliados estratégicos - los oligarcas propietarios de los medios de producción y del comercio, de la banca privada, los provenientes de familias de abolengo y la pequeña burguesía son los instigadores del conflicto, los mismos que lo han nutrido por décadas y que han orquestado una política de aniquilamiento a gran escala de las clases menos favorecidas.
El desmonte del estado benefactor o protector en donde se concedían auxilios para los más necesitados, aquel en el que existía una política de empleo digno con seguridad social, el mismo al que a los y las colombianas se les otorgaba una solución de vivienda digna, cómoda y confortable con planes de amortización del crédito, con un excelente modelo educativo de carácter público con criterios de gratuidad, obligatoriedad y universalidad en todos sus ciclos, con una red de salud pública que le garantizaba a los usuarios un verdadera, efectiva, pronta y eficaz cobertura y servicios, en el que los servicios públicos domiciliarios eran a cargo del mismo estado.
Todo ese anterior panorama ha tenido un revés inocultable, es el capital privado el que tiene ánimo de lucro para cualquier transacción o utilización de un servicio, el que se ha venido apoderando de las dinámicas asistenciales, políticas y sociales y justamente quienes agencian esta nueva modalidad globalizante son los que tienen el poder económico, político y social en el país, aquellos a los cuales no se les puede cerrar ese apetito de acumulación capitalista y quienes desean tenerlo todo a costa incluso de la muerte de sus semejantes.
Todos esos factores son los que promueven y fortifican las resistencias de los pueblos, y de igual manera son los que activan las diferentes formas de lucha, incluyendo naturalmente la insurgencia popular como máximo grado del ser revolucionario que se alza en armas para combatir un estado despótico, antidemocrático y que acciona todo su poder represivo en contra de los vulnerables, desprotegidos y marginados del país.
Desigualad social, política y económica:
Justamente esa cultura de avasallar y arrasar con todo, es la que genera la desigualdad en todos los niveles y ordenes de la sociedad, los que tienen poder económico menosprecian a los que carecen de recursos económicos para subyugarlos en su cotidianidad en el empleo, en la salud, en la educación, en la vivienda, en la recreación y el bienestar general.
No es cristianamente posible que en un país con 44 millones de habitantes una casta política aristocrática y capitalista de menos de 3000 personas – menos del 1%, representadas en unas cuantas familias se la que esté conduciendo a la nación a su descalabro político y social. Mientras que la inmensa mayoría se encuentra atónita y pasmada, desorganizada sin poder descifrar el camino de su liberación o emancipación.
En materia de apalancamiento del modelo de desigualdad, tenemos que decir que la actual carta política de 1991, fue el motor inicial de este proceso de desmedro social, político y económico, en ella se plasmaron grandes e importantes imposiciones de los grupos económicos extranjeros para poder invertir en suelo colombiano a cambio de flexibilizar normas y estatutos que nos les convenían financieramente a esos especuladores de la marginalidad social.
Todos los anteriores factores psicosociales, económicos, culturales, políticos y sociales se convierten en detonantes diarios de la inconformidad de sectores sociales y políticos de la nación, de sectores juveniles, de género, de obreros, amas de casa, de grupos poblacionales que miran como única salida para las transformaciones sociales que requiere con urgencia el país, el apoyo y la incursión de la opción armada como única opción digna para el pueblo colombiano para superar estos niveles de desigualdad y exclusión.
Diálogos municipales o regionales de paz:
El Estado Colombiano y su casta dirigente no tienen la más mínima intensión de cesar su agresión y métodos de exclusión para con el pueblo, antes por el contrario en la medida en la que avanza el tiempo, se diseñan e implementan nuevas formas de marginamiento, explotación de la mano de obra, estigmatización política y señalización judicial de quienes contemplan un nuevo país, diametralmente opuesto al que nos han impuesto por décadas a los colombianos.
Por esa misma razón, presentamos una propuesta de cara a la nación colombiana, a esos 44 millones de colombianos y colombianas que albergan la esperanza de brindarles un mejor bienestar para sus inmediatas generaciones, en donde el tableteo de las ametralladoras sea silenciado y se incentiven mesas sectoriales en donde se discuta activamente la génesis de la crisis, autocríticamente se admitan las responsabilidades de la misma, y se planteen postura que posibiliten acercamientos directos entre opresores y oprimidos, y emerja de ellas una nueva nación construida con el aporte de todos y todas sin distingo de colores políticos, de activismos sociales y que impere una política de respeto y salvaguarda de la soberanía nacional, de la democracia, de una paz con justicia social y con equidad, por un verdadero bienestar general para los y las colombianas, e igualmente con un eje que incluya la integración de los pueblos.
Esos diálogos o acuerdos ante la negligencia de la administración central, debemos motivarlos, promocionarlos y debatirlos en los municipios o regiones geográficas en que se divide el país, para luego hacer un ejercicio de socialización y colocarlo en una plataforma de carácter nacional que jalone un propuesta integral de paz para el pueblo colombiano. Debemos hacer alarde de la “malicia indígena” para la viabilización de la propuesta so pena de ser judicializados por el mismo Estado carcelero que se ha opuesto a brindarnos la oportunidad de vivir dignamente entre colombianos.
Justicia social y con equidad
El aparato judicial no puede seguir siendo utilizado por el Estado como un instrumento de represión, éste debe lograr su autonomía e independencia, ser dotado de nuevas herramientas que permitan dignificar su aplicación y la justicia para el pueblo.
Según los preceptos constitucionales todos somos iguales ante la ley, pero en la práctica el rigor de la justicia solo se aplica a los pobres y desprotegidos o desamparados, porque a los ricos que cometen delitos se les premia con nombramientos en el exterior o cambio entre las instituciones oficiales.
Delitos de lesa humanidad
El Estado colombiano debe ser fiel al compromiso adquirido ante la comunidad internacional de llevar ante la Corte Penal Internacional a los autores tanto materiales como intelectuales de una gran cantidad de crímenes de lesa humanidad cometidos en contra de sectores organizados de trabajadores, de estudiantes, campesinos, indígenas, negros, de líderes sociales y políticos que hacían oposición a las políticas del régimen.
La incursión del estado guerrerista de Álvaro Uribe Vélez con su política de “seguridad democrática” y su apoyo mediático de llevar ante el imaginario del pueblo colombiano los titulares e imágenes de pasos de victoria en su lucha contrainsurgente, la motivación a las fuerzas militares y de policía mediante el otorgamiento de incentivos económicos por mostrar resultados en sus frente de batalla, lo que generó fue todo un revés de impredecibles magnitudes.
Esas fuerzas represoras vieron la oportunidad de incrementar sus botines de guerra, con el asesinato de civiles y hacerlos ver como muertos dados de baja al interior del conflicto social y armado, lo que los medios denominaron falsamente como “falsos positivos” que no son más que crímenes de estado, y para ello no solo basta con que se juzgue y ejemplarice al soldado raso, también se debe judicializar a quien impartió tan macabra operación de inteligencia militar si es que así se le puede denominar al asesinatos de inocentes por todo el territorio nacional. Jóvenes vilmente acribillados algunos inválidos – cuadripléjicos – que fueron mostrados como trofeos de guerra por los medios masivos portando armamento pesado cuando tenía una limitación física incluso para movilizarse, el caso más sonado el de Soacha y otros a los cuales los medios proclives al estado gendarme no les dieron publicidad.
El crimen del compañero Edwin Legarda, esposo de la líder indígena Aida Quilcue quien se desplazaba en una camioneta nissan de su propiedad y un reten militar abrió fuego indiscriminado en contra de los ocupantes del automotor.
3.- VIDA, VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y ACUERDOS INCUMPLIDOS.
Acta de 1.986 – Represa de La Salvajina:
El gobierno nacional, el Departamental y la CVC, llegaron a un acuerdo promisorio con las comunidades del municipio de Suárez – Cauca para poder desalojar todos los predios que fueron abnegados con agua y que hoy se conoce como el embalse de La Salvajina, en total fueron 1.500 familias que entregaron sus predios a cambio de mejoramientos sustanciales en varios ejes, como el incremento y dotación para puestos de salud, instituciones educativas, vías de acceso carreteables, férreas y acuáticas, buses acuáticos o planchones, medios de telecomunicación, electrificación, acueducto rural, reubicación de una zona minera, titulación de los nuevos predios concedidos y de lo cual hasta la fecha tan solo se ha cumplido un 60% de lo pactado.
Amenazas, asesinatos selectivos, masacres:
La situación de vulneración de derechos humanos en la región del nor occidente caucano es bastante crítica a consecuencia de la penetración del capital privado nacional e internacional en la región, lo cual está siendo avalado por el mismo Estado en todos sus niveles. Esta ha sido una de las pocas regiones en el país en donde se ha disminuido la intensidad del conflicto social y armado, lo cual no puede atribuírsele al gobierno colombiano, antes por el contrario éste ha sido renuente a implementar una política efectiva en términos de defender la vida de las y los defensores de derechos humanos, de los y las líderes populares, comunitarias, indígenas, campesinas y negras.
Antes por el contrario ha sido una propuesta “alternativa” ante la desidia y negligencia del Estado, por parte de los diferentes sectores sociales y procesos organizativos que coexisten en la zona, lo que nos ha permitido poner en práctica un ambicioso proceso de concientización y sensibilización al interior de las comunidades principalmente indígenas, campesinas y negras en el municipio de Suárez y que se proyecta para implementarse en otras localidades, llevando como ejes centrales la defensa y pervivencia en el territorio, la defensa del agua como un derecho para la humanidad, una campaña de lucha en contra de las multinacionales extractivas y de las políticas gubernamentales que convalidan el despojo.
Todo lo anterior no ha sido amable o fácil, hemos sido víctimas de la guerra sucia de manos de fuerzas oscuras financiadas por el capital privado sea nacional o transnacional, grupos paramilitares que atentan contra la democracia, la soberanía nacional y que hasta la presente han dejado su horrenda huella de atentados, asesinatos selectivos, masacres y exilio de algunos hermanos de lucha y resistencia. A continuación un listado de la barbarie ocasionada por las multinacionales.
+ Atentado a José Goyes - Gobernador del Cabildo Indígena de Honduras en jurisdicción del Municipio de Morales - Cauca.
+ Mayo 20 de 2009. Asesinado el compañero Robert de Jesús Guachetá
+ Mayo 23 de 2009. En Santander de Quilichao es asesinado por paramilitares denominados Águilas Negras al líder Alexander Quintero.
+ Junio 2009. Asesinada Diana Carolina Guamanga Huila.
+ Asesinatos de Reynaldo Bomba, Egidio Obando Huila, Alfredo Campo.
+ Octubre 22 de 2009. Llega vía fax a la CUT Valle, panfleto amenazando de muerte a varios líderes y organizaciones sociales y sindicales “Defensores de derechos humanos, Nomadesc, CUT Valle, PCN, Consejo comunitaria de La Toma, Cerro Tijeras, Licifredy, Eduar Villegas, José Goyes, Diego Escobar, Recheche, Plutarco, Meraldiño Concejal, porque no dejamos progresamos al Cauca y no permitir el ingreso de las multinacionales en Buenos Aires, Morales y Suárez y se menciona a los títulos mineros.
+ Abril 7 de 2010. Masacre de 8 mineros en la vereda El Hato Santa Marta del corregimiento de La Toma – Suárez, Cauca. Wilber Fernando Mosquera Ruíz, José Asnoraldo Mosquera Mosquera, Jeison Antonio Ibargüen, Henry Ibargüen Mosquera, Macedonio Ibargüen Mosquera, Pablo Cesar Ibargüen Mosquera, Peter Gómez Sánchez, José Yuver Ocoro Balanta.
+ Abril 10 de 2010. Llegó un comunicado público No. 003 de los Rastrojos – Comandos Urbanos- amenazando a organizaciones de derechos humanos, desplazados y sindicalistas de los departamentos de Nariño, Norte, Centro y pacífico del Valle, Cauca, Putumayo, Risaralda, Quindío, Tolima, Caldas, Cundinamarca, Meta, Boyacá y Antioquia.
+ Mayo 5 de 2010. Llegan mensajes de texto a los celulares de los líderes antes mencionados: “Nomadesc, DDHH CUT, SINTRAUNICOL, CRIC, PCN, La Toma, Buenos Aires, Polo hp auxiliadores de las milicias, los tenemos no vamos a fallar Bere o chiqui, diego escobar Wilson machete jose milciades, Feliciano valencia, goyes enrique licifredi, Edward recheche Villegas cenen Plutarco ives Trujillo att águilas negras nueva generación.
+ Julio 10 de 2010. Explota bomba en el Cabildo Cerro Tijeras, mueren dos (2) militares y tres (3) indígenas Germán Dagua Labio (Alguacil del Cabildo), Kleisman Andres Zuñiga Morales (estudiante del Centro de Investigación Tutorial la Betulia, Suarez) y Edwin Martin Dagua Elejalde (comunero del cabildo). De este hecho se presume como responsable a las FARC, o podría catalogarse como Falso positivo por parte de la Policía Nacional, por cuanto en la zona no hay antecedentes hasta el momento de presencia de grupos insurgentes.
+ Julio 21 de 2010. Fueron asesinados Jhon Freddy N. y Arles Augusto González Tabares (lideres comunitarios y mineros) en la vereda El Tamboral corregimiento de Mindala – Suárez, siendo de conocimiento que Arles Gonzales había radicado el día 09 de diciembre de 2009 una denuncia de amenaza de muerte por oponerse a la minera, bajo el radicado de NOTICIA CRIMINAL Nº 196986000633200901289 en la Unidad Receptora URI Santander de Quilichao- Cauca, ante dicha denuncia el gobierno no brindó su debida protección al dirigente comunitario.
+ Julio 29 de 2010. En la vereda Munchique del municipio de Buenos Aires, Cauca, asesinan cuatro mineros Ary González Mina, Diego Fernando González, Alcides Hoyos Rodríguez y José Caicedo Caicedo.
Por nuestros hermanos vilmente asesinados, por aquellos que han sido amenazados y continúan de pie luchando, rendimos un sentido homenaje y les manifestamos que su legado de resistencia seguirá intacto hasta que la no se apague la luz del sol.
Respeto a la vida e integridad física y psicológica de los pueblos
El Estado Colombiano y sus gobernantes deben garantizar a sus nacionales, el derecho a la vida sin distingo alguno, a la propiedad y a la pervivencia en el territorio cuando se trata de pueblos ancestrales, originarios y raizales.
La vida se constituye en el derecho fundamental por excelencia del cual se desprenden los demás derechos consagrados en la constitución y la legislación.
La policía nacional debe preservar intactos a la comunidad derechos como la vida, honra y bienes, sin distinción alguna. No debe hacer uso de la fuerza – represión contra grupos poblacionales caracterizados como vulnerables.
El nor occidente caucano ha sido objeto en los últimos tiempos de incursiones de grupos paramilitares que han sembrado zozobra, desolación y muerte, con las amenazas, asesinatos selectivos y masacres de mineros en los municipios de Buenos Aires, Morales y Suárez.
4.- INTEGRACIÓN DE LOS PUEBLOS – GLOBALIZACIÓN DE LAS LUCHAS.
Nacionalización de las luchas:
Desde el Cabildo Indígena de Cerro Tijeras proponemos que el presente Congreso de los Pueblos, avance en términos políticos como efectivamente se ha diseñado al plasmar entre todos sus asistentes un mandato de mandatos, pero de igual manera creemos que elaborar el documento es lo menos importante, porque un mandato sin acciones concretas y tareas por realizar no es nada. Nuestra visión es que en lo organizativo y en lo de unidad de acción, acordemos una agenda para nacionalizar conflictos que están dispersos por las regiones y/o organizaciones sindicales y sociales que se quedan justamente en cada espacio geográfico al que pertenecen, situación que debemos cambiar y propender por nacionalizar, es decir, que en todas las regiones del país se replique dicho ejercicio de resistencia, de reclamación y de reivindicación no para un solo sector, sino para el común de la población colombiana.
Todos padecemos de los rigores de la privatización de los servicios públicos domiciliarios, el alza exagerada de las tarifas, los recobros por reconexión o reinstalación de las redes que eran públicas y ya habían pagadas, mala calidad del servicio, cortes intempestivos y demás. Ahora si Colombia tiene toda la infraestructura eléctrica para su autoabastecimiento y si es privilegiada en términos del recurso hídrico porque nos ocurren estas condiciones a nosotros? Será que nuestros recursos se los están llevando para otras latitudes? Y a nosotros nos someten a cortes o racionamientos como sucede en la costa atlántica?.
Ahora un problema generalizados para todos son las 7.770 licencias o títulos mineros expedidos a las grandes mineras extractivas que promueven la minería a cielo abierto, será entonces que no podemos articular estas luchas territoriales de comunidades indígenas, campesinas y de negritudes para convertirlas en una gran campaña por la soberanía nacional, y la defensa del medio ambiente, del agua y de nuestros territorios colectivos?.
Y como los dos anteriores podemos direccionar varios ejemplos más, como el derecho a la educación pública, a la salud integral y financiada por el Estado, a un empleo digno, estable y bien remunerado, a una vivienda amplia, cómoda y digna, a un aparato judicial con sentido social y con equidad, a la disminución de los impuestos, a una política con grandes beneficios y desarrollo para el campo, que optemos por la eliminación de la pobreza, la marginalidad y la exclusión entre muchos otros más.
No tratamos de hacer montonera, queremos construir “unidad” concibiéndola, como la unión del pueblo o de las masas para la acción con criterios y derroteros claros, que no haya ventajas de unos sobre otros, que la solución sea de carácter general e integral, el aporte también debe ser mancomunado en esfuerzos, recursos, logística, planeación, propuestas y sobre todo metodológicamente esta agenda social no puede ni debe ser permeada por aquellas personalidades que son proclives a los abusos de la política electorera o politiquería.
De nosotros depende, solo de nosotros el construir una propuesta amplia, contundente y agresiva en defensa de nuestros derechos reconocidos constitucionalmente y violentados en todo momento por los gobernantes de turno en todos los niveles, debemos ascender en términos de legislar a favor del pueblo, él será quien nos juzgue a futuro.
Finalmente debemos propender por la Hermandad entre los pueblos, aquellos hombres y mujeres de diversos sectores, poblaciones, territorios y naciones que al igual que nosotros sufren las implacables consecuencias de la aplicación del capitalismo y su modelo globalizante de mercados, que igualmente son expoliados, esclavizados, estigmatizados, marginados por quienes detentan el poder económico, político y social en cada franja de territorio, con las comunidades de esas naciones hermanas podemos construir un ideario de unidad, de alianza en temas comunes, de construcción y fortalecimiento de las economías alternativas. NO de Estados, ni de gobiernos porque justamente ese ordenamiento mundial es el que ha generado tanta desigualdad en el mundo, bloques de países alineados y no alineados, el G-8, las grandes potencias, son los que ocultan la ciencia y la tecnología, son los que generan conflictos bélicos para acrecentar más su poderío mundial, asfixian económicamente a los pueblos para poderlos controlar y subyugar.
Responsables:
CABILDO DE CERRO TIJERAS
DPTO. DE LUCHA CONTRA ETN’s – CUT VALLE