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La represa de Belo Monte en el río Xingu, en el estado de Pará, en el corazón de la Amazonia, es uno de los proyectos más controversiales que se desarrollan hoy día en esa región. Conforme lo sostiene Fernando Manero, de la Universidad de Valladolid, España, la producción de energía, entendida como respuesta al incremento de la demanda y a las expectativas de su progresión creciente, se ha convertido en un objetivo primordial de política pública que se pretende ubicar por encima de las ideologías. Desde el poder, nunca se han cuestionado las grandes actuaciones encaminadas a la construcción de las infraestructuras necesarias para que la obtención de electricidad no sufra menoscabo alguno ni plantee problemas de insuficiencia ante la evolución del consumo. Tan poderosos son los argumentos a favor de su condición de sector estratégico para la soberanía y el desarrollo internos como su capacidad para fortalecer la balanza comercial, atendiendo necesidades ajenas, que cualquier gobierno asume lo que ello implica, anteponiéndolo a cualquier otro tipo de consideraciones, obviamente motivadas por el impacto que una obra de estas características trae consigo.
Las dimensiones de este proyecto son impresionantes. Amazon Watch describe que su capacidad instalada planeada será de 11.000 MW, por lo que será la segunda mayor hidroeléctrica brasileña (después de la gigantesca Itaipú de 14.000 MW), y la tercera del mundo detrás de Tres Gargantas (China), representando 11% de la potencia instalada de Brasil. La represa tiene un costo estimado de 3 mil millones de dólares, y la línea de transmisión 2,5 mil millones. El proyecto está siendo desarrollado por la compañía eléctrica estatal Eletronorte.
Sin embargo, el proyecto también ha despertado una fuerte y mediatizada oposición por parte de los grupos indígenas afectados. El jefe Kayapó, Raoni Metuktire, líder de los pueblos indígenas que se enfrentan al avance de proyectos destructores del Amazonas, se ha opuesto abierta y activamente a esta iniciativa. Raoni fue uno de los más fieros opositores al proyecto de la represa de Kararao, el cual fue abortado en 1989. Este proceso resultó, gracias a una campaña mundial realizada en conjunto con varias organizaciones y el apoyo del cantante Sting, en la creación de la mayor reserva de selvas tropicales del planeta. Asimismo, se liberaron fondos del G7 para financiar la demarcación de las reservas indígenas de Brasil. Varios líderes distinguidos como Francois Mitterand, Jacques Chirac y Juan Pablo II apoyaron esta campaña.
A mediados del 2011, el Instituto Brasilero del Medio Ambiente da vía libre a la realización de la represa de Belo Monte. Raoni ha seguido firme en su oposición a la represa. Ha dicho “La Presidenta Dilma deberá matarme frente al Palacio del Planalto. Y en ese momento solamente se podrá construir la represa de Belo Monte”. Esta campaña ha recibido recientemente el apoyo de personalidades internacionales como James Cameron, Sigourney Weaver y Arnold Schwarzenegger.
Entre los grupos que aprenden de la oposición al proyecto Belo Monte, se encuentran los tuxaxuas y los líderes de la Región de las Sierras Tierra Indígena Serra do Sol (TIRSS). En su encuentro entre el 9 y el 12 de abril recién pasados se dio especial atención a la comunidad de Tamanduá, junto al río Cotingo, en el norte del Amazonas, donde se pretende ejecutar otro proyecto hidroeléctrico. De acuerdo con Maxim Repetto de la Universidad de Brasilia, este proyecto se encuentra dentro del marco del Proyecto “Calha Norte” que busca la integración económica e integración energética transnacional de la región fronteriza Venezuela-Brasil. Se trata de la región Norte y Este del Estado de Roraima, frontera con Venezuela y Guyana. Roraima es un Estado que posee cerca de un 46 % de su superficie como Tierras Indígenas. En los años 1980, fueron proyectadas 5 represas en el alto rio Cotingo, totalmente dentro de la TIRSS. Las organizaciones indígenas de la región han pasado por procesos de lucha por la demarcación de sus tierras y han adquirido buenos niveles de organización. Entre tanto, el gobierno del Estado ha planteado un apoyo decidido al desarrollo energético como parte esencial de sus metas. El resultado ha sido un alto grado de conflictividad que ha llevado a encuentros armados, logrando atención internacional y el freno al proyecto en el año 1995.
En su reciente encuentro, los líderes indígenas aprendieron de la experiencia del I Seminario Mundial contra la Hidroeléctrica de Belo Monte que denunció el Programa de Aceleración del Crecimiento del gobierno de la Presidenta Dilma Rouseff, por no respetar la “vida de los pueblos, ríos y selvas de la región, condenadas a muerte con las presas.” Los líderes lanzaron en este encuentro una oposición categórica manifestando “Presidenta Dilma, escucha a los pueblos indígenas: ¡No queremos la hidroeléctrica de Tamanduá!”.
