A los propietarios de los recursos naturales, los y las bolivianas

A los propietarios de los recursos naturales, los y las bolivianas
Colectivo Comuna

Si la Constitución dice que los bolivianos y las bolivianas, es decir, todos nosotros, que nacimos en estas tierras andinas, amazónicas y chaqueñas, tierras de hombres y mujeres insurgentes, por lo menos, en los momentos de crisis y convocatorias emergentes. Ahora, que se repite la historia de la dependencia, que no es otra situación que el de la sumisión, de manera perversa, condenándonos nuevamente al colonialismo y a la colonialidad, cuando se vuelven a entregar nuestros recursos minerales a la vorágine colonial del capitalismo, son pues ustedes, los bolivianos y bolivianas, las que deben defender lo que es nuestro. Lo que no puede volverse a entregar a la vorágine del capitalismo depredador.

La Ley Minera, como lo ha dicho el propio presidente, es una traición a la patria. Si el presidente lo dice y después se manda a cambiar, en un tema ciertamente crucial, sobre la cuestión marítima; sin embargo, manejado todavía en una forma ambigua y endeble[1], a pesar de su presentación al tribunal de la Haya; no es algo que podemos dejar pasar. Si lo ha dicho es por algo, porque de alguna manera lo afecta. No sabemos cómo y por dónde. Lo que importa es que nosotros sí sabemos, con certeza, que la Ley Minera, tal como ha sido aprobada por la Cámara de Diputados, tal como parece ser devuelta a la Asamblea Legislativa, con sólo el artículo 151 revisado y discutido, acompañado quizás por otros artículos menores, entrega, de una manera sorprendentemente desmesurada sumisa, los recursos naturales a la vorágine destructiva del capitalismo, en condiciones que no podían ser más entreguistas y subordinadas. Cuando ocurre esto, cuando entregan los bienes geológicos, los recursos minerales, destinados al vivir bien, como reza la Constitución, a la pulsión de muerte del capitalismo, el deber, la responsabilidad nuestra es luchar porque esto no acontezca. Si se deja que ocurra, será una corresponsabilidad nuestra con este atentado mortal contra la madre tierra y el destino de nuestros hijos.
La historia no es un tribunal, es memoria, memoria social; la historia no juzga, transcurre; nosotros, los bolivianos y bolivianas no somos historia, somos presente. Tenemos la oportunidad de decidir por donde vamos, qué es lo que viene. Si no aprovechamos el momento, que está aquí, esperando una respuesta, si dejamos que las cosas sucedan, no somos más que cómplices miserables, de una reiterada destrucción de las formas y ciclos de la vida.
Ante una Ley, que es resultado de corrosivas prácticas de corrupción, que involucran a altos personeros del gobierno con empresas trasnacionales del extractivismo, intermediando la burguesía cooperativista minera, expoliadora y explotadora del joven proletariado nómada minero, nadie puede quedar callado, estático, pues esta actitud pasiva es comprometedora, es una especia de aval no dicho a este atentado contra los bienes de los bolivianos y de la patria; es una aceptación implícita al saqueo recurrente.
Una Ley que contraviene violentamente, no sólo la Constitución, sino también, la concepción constitucional anterior, donde se establecía claramente la propiedad, la potestad exclusiva del Estado, sobre los recursos naturales, prohibiendo cualquier transferencia de la posesión de estos recursos estratégicos. Entonces, estamos ante una Ley Minera perversa, no solamente entreguista, sino desvergonzadamente subyugada; marco legal, paraíso fiscal de las empresas trasnacionales extractivistas. Una Ley aprobada, ahora reelaborada, con el teatro de que se la revisa, cuando, en realidad, se la consolida, discutiendo superficialmente sólo el artículo 151. Ante esta Ley nadie puede ni debe quedarse callado, tiene la responsabilidad de revelarse, de levantarse, inclusive de manera extrema, pues está en juego el destino de la patria, de los y las bolivianas, de los seres y ciclos vitales de la madre tierra.
Se ha llegado muy lejos. Los gobernantes no sopesan nada, ni miden consecuencias. Están demasiado atrapados por la gravitación de esa compulsa privada del gozo individual, apropiándose, regalando a terceros, bienes primordiales, como si fuesen mercancías despreciables, cuando son bienes y bondades de la vida. Esta desdichada conducta de los gobernantes y legisladores nos coloca en una situación extremadamente peligrosa. Nos pone ante el dilema de ser o no ser de Hamlet de Shakespeare; si dejamos pasar esta inconducta descomunal de los gobernantes y legisladores, comprados por las trasnacionales extractivistas, no somos. Si nos hacemos escuchar, si nos insubordinamos ante estas bajezas humanas, somos. ¿Qué es lo que decidimos? Esa es nuestra pregunta. La tarea nuestra es mantener el fuego, convocar al pueblo a salir a las calles y los caminos, intervenir, evitar que este saqueo despavorido continúe, como si se tratara de una condena.
La Ley minera contraviene totalmente a la Constitución, mantiene la mercantilización de los recursos minerales, en su extensión, de los recursos naturales, así como de los bienes para la vida como el agua, regalándola gratuitamente a las empresas. La Ley Minera despoja a los bolivianos y bolivianas de las reservas fiscales, condenando a COMIBOL a la inanición, entregando concesiones a empresas privadas, encubiertas como cooperativas, y a las empresas trasnacionales, ocasionando con este paraíso fiscal para las empresas privadas mineras la continuidad exacerbada de la privatización de los recursos minerales. La Ley Minera atenta contra los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, contra los derechos fundamentales de los bolivianos y bolivianas, contra los derechos de los seres de la madre tierra. La Ley Minera mantiene el mismo régimen tributario, impositivo y de regalías neoliberal, el mismo que deja sólo el 8% del valor de la producción minera al Estado. A todas luces es una Ley que descubre la escandalosa corrupción que la ha ocasionado, que es la causa de este entreguismo y esta privatización desmedida.
Rechazamos esta Ley Minera por inconstitucional y por traición a la patria. Convocamos al pueblo a la movilización general en defensa de los recursos que son de su propiedad, resguardando el futuro de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos.Nota:
1. Si bien es una iniciativa que no se puede dejar de apoyar, en la que debemos unirnos bolivianos y bolivianas, no se puede perder de vista que se trata de un mínimo desplazamiento de lo que fue el perfil blandengue de la diplomacia de los gobiernos anteriores, desde los liberales de principios del siglo XX hasta el gobierno de Carlos Mesa; esto es, la gestión puesta en escena en negociaciones interminables, agitadas sobre todo en crisis de legitimidad de los gobiernos. Se espera de un gobierno “revolucionario” un cambio radical respecto al manejo chauvinista, poniendo bien en claro que fueron las oligarquías liberales las que firmaron el tratado de 1904, entregando casi definitivamente Atacama a la geopolítica regional de la burguesía trasandina. Un gobierno “revolucionario”, que asume una posición radical ante todo despojo, lo mínimo que puede hacer es desconocer el tratado de 1904, tratado entreguista, que expresa claramente el manejo desapegado de las oligarquías en relación a nuestros territorios.