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EJERCITO DE LIBERACION NACIONAL DE COLOMBIA
Revista Insurrección No.040 - 21 de julio de 2005
Contenido
EL “EMBUCHADO” QUE SE LE METIÓ AL PAÍS
HAY QUE CONOCER LA HISTORIA PARA TRANSFORMARLA, NO PARA REPETIRLA. 20 de Julio de 1810
BAJO LA LLUVIA DE VENENO. Sobre las fumigaciones.
REUNION DEL G8 EN ESCOCIA, NEOLIBERALISMO Y PROPAGANDA
Editorial
EL “EMBUCHADO” QUE SE LE METIÓ AL PAÍS
No cabe la menor duda que el papel de los medios de comunicación es la defensa de los intereses de los dueños del poder y su gobierno, y el avasallamiento de la opinión pública.
Con ese propósito manipulan la verdad, arrojando cortinas de humo sobre los problemas más graves que tiene el país y resaltando solo aquellos que afectan a los dueños del capital. De la misma manera ocultan las causas y las soluciones reales, poniendo los énfasis donde no es o dejándolas a medio camino.
Dentro de este tipo de comunicación sobresale el aparato de propaganda uribista y su entorno, que bebe en las aguas del siniestro jefe de la propaganda nazi y de su enseñanza: “una mentira repetida cien veces se convierte en verdad”.
Este aparato busca la eficiencia manipulando la verdad para “embrujar” la opinión pública.
Distorsiona los problemas que reflejan la crisis del país, irradia odio irracional hacia la insurgencia, la izquierda, las ONGs de derechos humanos y todo el que defienda cambios y reivindique el nuevo orden social, inculca con fuerza la idea del ungido y promociona a Uribe Vélez como el salvador que va a redimir a Colombia.
Niega hechos tan evidentes como el conflicto social y armado colombiano, un fenómeno que recorre toda la historia del país y sus raíces más cercanas se hunden en la década del cuarenta del XX. Desconoce la existencia del delito político en las actividades que despliegan los luchadores que enfrentan al Estado terrorista, en cambio reconoce como actores políticos a los narcoparamilitares.
Intenta poner en el mismo nivel y bajo el mismo rótulo la lucha altruista de la insurgencia por construir una nueva sociedad y las actividades mafiosas y criminales de los narcoparamilitares que buscan actualmente resolver su situación jurídica para disfrutar la riqueza acumulada.
Esta comparación no empalma entre dos fenómenos sociales de naturaleza y propósitos bien distintos.
Justifica decisiones del gobierno como la ley hecha sobre medida y al gusto de los “patrones” del narcoparamilitarismo, mal llamada de “Justicia y paz”, cuestionada por todo el mundo. Vendida como la base para hacer la paz, es una catedral a la impunidad y una jugada maestra a dos bandas para evitar que se prenda el “ventilador” y destape los que están detrás y dirigen la empresa criminal.
Una ley talanquera para impedir que aflore la verdad y el país conozca los verdaderos jefes, responsables intelectuales de la guerra sucia y de la expansión del negocio del narcotráfico, para que refinados criminales sigan posando como honorables señores, funcionarios sin mancha, militares patriotas, políticos respetables y empresarios virtuosos.
Los gringos saben quienes son porque tienen “velas en ese entierro”, manejan esa información como cartas debajo la manga para chantajearlos cuando por alguna circunstancia se deslicen o no convenga al imperio.
El país necesita que se arroje luz sobre la horrible pesadilla de la guerra sucia. Que se desentrañe la estructura terrorista que tiene el Estado y se conozcan los diseñadores, financiadores de los planes macabros, así como los que ordenan las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones y desplazamientos forzados.
Que se conozcan impulsores y protectores de la expansión de la mancha narcoparamilitar a todo el país, los que entregaron zonas y puertos permitiendo que se impusiera la ley mafiosa para invadir el mercado mundial con miles de toneladas de cocaína y heroína.
Que se conozca los que se enriquecieron a la sombra de la exportación de las drogas y el robo de la tierra de los tres millones de campesinos desplazados.
La ley de justicia y paz y las negociaciones de “Ralito” son un embuchado que se le metió al país y a la comunidad internacional.
El aparato de la propaganda uribista pretende vender esta ley como el modelo y marco para hacer la paz y la desmovilización de las bandas mercenarias, como un éxito de la política de “seguridad democrática”.
Cuando lo que concretó en el proceso de “Ralito” es el cumplimiento de la palabra empeñada, durante la campaña electoral del 2002, entre el candidato presidencial y algunos “patrones” de la droga: el desmonte de las bandas mercenarias a cambio de la ley de perdón y olvido.
El mal llamado proceso de Santa Fe de Ralito es una pantomima de paz que, ni es modelo de negociación, ni el camino para llegar a la solución del conflicto interno existente, entre la mayoría de los colombianos que reclamamos un nuevo país y los dueños del capital que impiden florezca la Nueva Colombia.
La propuesta de solución política que plantea la insurgencia colombiana es bien distinta, tiene otros contenidos y alcances. Pone al centro y sobre la mesa los problemas del país y la solución de éstos, que son el originen y el alimento del conflicto interno.
Tiene como horizonte la construcción del nuevo país, donde los colombianos nos reconciliemos y juntos trabajemos por la paz con justicia social, el bienestar con desarrollo, la democracia real, donde el pueblo soberano sea dueño de su futuro. ¡Por ahí es la cosa!
Coyuntura Nacional
HAY QUE CONOCER LA HISTORIA PARA TRANSFORMARLA, NO PARA REPETIRLA
La historia oficial, esa que imponen desde la escuela con la pretensión de amansar a sus ciudadanos, ha querido siempre distorsionar los fenómenos sociales, ocultando sus verdaderas causas y sus protagonistas.
195 años han transcurrido desde que José Maria Carbonell, joven bogotano de profunda sensibilidad social, defensor de los humildes y oprimidos por la corona española y por la oligarquía criolla, organizó y movilizó al pueblo santafereño y sus alrededores para exigir un cabildo abierto y no un cabildo a puerta cerrada reducido tan solo a dirimir los intereses de poder entre los españoles y el estamento criollo.
Este cabildo concebido como expresión de poder representado en el pueblo, pretendió plantear la necesidad política de la independencia de España, pero también, cuestionar los altos niveles de explotación ejercidos por la oligarquía criolla de la que hacían parte los grandes hacendados, comerciantes, plantadores esclavistas y abogados.
Carbonell, junto a otros dirigentes y el torrente popular, se declaró en “Manifestación Permanente” contra la firma del Acta del 20 de julio, que a juicio del recién nombrado presidente de la Junta Suprema del Reino y virrey de la Nueva Granada, Antonio Amar y Borbón y sus conciliadores “patricios criollos”, como los vocales Camilo Torres (de gran prestancia económica) y el regidor José Acevedo y Gómez, sellaba la “independencia” y daba por terminada la sublevación de nueve mil personas que en Santa Fe de Bogotá clamaron por un Cabildo Abierto anti colonial.
José Maria Carbonell, fue totalmente descartado de la Junta de Gobierno nombrada y posteriormente fue condenado a la cárcel. Su arresto fue firmado y ordenado por José Miguel Pey, electo vicepresidente de la Junta, hijo del oidor, que había escrito la sentencia de muerte de nuestro heroico comunero José Antonio Galán.
Nueve años más tarde, el 7 de agosto de 1819 en Boyacá, Simón Bolívar conduciría una gran batalla que daría a la Nueva Granada la independencia definitiva de España. El Pantano de Vargas, sería escenario de la batalla que haría justicia a una de las exigencias planteadas por el pueblo santafereño, que al mando de Carbonell, reclamó por la independencia aquel 20 de julio de 1810.
Vendrían nuevas victorias en el continente que culminarían en 1824 con la batalla de Ayacucho en el Perú.
Nos queda la segunda tarea planteada por Carbonell. Mantener la lucha contra la naciente oligarquía criolla, contagiada de violencia, avaricia y corrupción. Y enfrentar al nuevo monstruo que Bolívar en su momento revelara: El imperialismo norteamericano.
El grito de una verdadera independencia aun está por pronunciarse. La oligarquía que nacía en tiempos de la primera colonia, ha reforzado su poder y erigido su autodenominada democracia a base del terror auspiciado y ordenado por Washington, capital del nuevo imperio, que no cesa de querer recolonizar a Colombia y al continente.
El conflicto continua al igual que la protesta social. Seguimos conviviendo con una oligarquía lacaya, leal al imperio, que arrodillada no duda en traicionar la soberanía nacional a cambio de que le garanticen su “legitimidad” desde la fuerza y el apoyo económico del norte.
Hoy, como en la colonia pero de forma más agudizada, nuestro pueblo sigue siendo ultrajado. El 90% de la población trabaja para el 10% poseedor del total de las riquezas.
Las violaciones a todos los derechos políticos, sociales, económicos, laborales y culturales, han sumido al país en la peor crisis social de su historia.
La batalla contra el imperialismo norteamericano es hoy más espinosa que la que libraron nuestros antepasados contra la corona de España.
El conflicto social interno viene siendo enfrentado por los diferentes sectores de nuestra población que no descansará hasta ver culminada la tarea que inició la resistencia indígena desde 1492.
El 20 de julio de 1810, nos sigue recordando cada año que la lucha en pos de una verdadera y definitiva independencia trasciende las triquiñuelas del imperialismo y la oligarquía local que desde las mesas y firmas de documentos, no ahorra esfuerzos para confundir y desviar el logro de la liberación nacional y social.
Nuestra segunda independencia está marcada con un profundo clamor antiimperialista, en él reposan toda la resistencia acumulada de los pueblos americanos hacia una victoria que habrá que viabilizar para que su llegada no tarde.
En el seno de la nación colombiana perviven aún los herederos de los “patricios criollos” de antaño, que creen dormir tranquilos al lado de su nuevo virrey y su corona.
Pero en todo el territorio de nuestra nación, hay también un pueblo que se levanta y se organiza.
Un pueblo que se engrandece con el ejemplo perenne del indígena, la resistencia del campesino y el obrero, el heroísmo de mujeres y hombres dirigentes o en el anonimato.
Y un pueblo en armas que desde 1964 ha seguido abriendo caminos para que el sueño de José Maria Carbonell, ese que quiso apuntalar la noche del 20 de julio de 1810 a través de un Cabildo Abierto, sea por fin una realidad.
Coyuntura Nacional
BAJO LA LLUVIA DE VENENO
A los colombianos las desgracias no solo nos llegan por tierra, también nos llueven.
Las fumigaciones aéreas con sustancias químicas cuya verdadera composición solamente conocen la embajada de Estados Unidos, el ejército y el alto gobierno, no han cesado desde que se inició la ejecución del Plan Colombia hace cinco años, y sin embargo está comprobado que los cultivos de coca y amapola no han disminuido, y por tanto, el mercado se mantiene intacto y con enormes ganancias.
Es decir, como ya muchos han señalado, este modo de adelantar la “guerra contra el narcotráfico” no solo es un fracaso, sino que levanta sospechas de si existe una voluntad real de acabar con este flagelo o simplemente se mantiene como pretexto para intervenir tras otros objetivos.
Los desplazamientos y afecciones de salud de campesinos, indígenas y afrocolombianos a causa de las aspersiones con las nocivas y misteriosas sustancias y la represión que las acompaña, si han tenido resultados para las bandas de ultraderecha y el enriquecimiento ilimitado de los jefes narcoparamilitares a costa de las tierras abandonadas.
Además de servir para adelantar dicha contrarreforma agraria, no hay duda que el pretexto de que los cultivos se han extendido a los parques naturales, donde se encuentra la gran reserva de la biodiversidad de nuestro país, despierta sospechas también.
Lo cierto es que la empresa Chemonics de Estados Unidos, por supuesto, y empresarios colombianos se proponen alcanzar la privatización de estas reservas de biodiversidad.
Chemonics ya hizo su trabajo en países como Ecuador, Chile y Bolivia y ya ha dado algunos pasos en Colombia pues administra el Programa Colombia Forestal y está al frente de un proyecto para crear la Empresa Colombiana Promotora de Bosques (Procolbosques) que tendría el manejo de la política forestal.
Desde luego, para esa empresa “mixta” sus intereses están muy lejos de la conservación de nuestros recursos y sí muy cerca de obtener colosales ganancias con ellos, sin que el ecosistema cuente para nada en sus planes comerciales.
El pretexto para fumigar los parques es el mismo que el Consejo Nacional de Estupefacientes esgrimió hace un año: que los cultivos en estas áreas protegidas han aumentado.
Las tres reservas que se señalan son la Sierra Nevada de Santa Marta, con 230 hectáreas de cultivos ilícitos, que representan el 0,05% de su extensión, el Parque Catatumbo-Barí con 107 hectáreas o sea el 0.06% de su territorio y 2.630 hectáreas de la Sierra de La Macarena, que son el 0,4%.
Por cada hectárea de coca que se fumiga, se ha comprobado que se destruyen tres de bosques y esta situación se agrava por dos razones más: una, que los cultivos ya no se hacen en grandes extensiones, sino en pequeños y dispersos terrenos y la segunda que implica la deforestación de las fuentes de agua y su contaminación. Evidentemente el desastre está a la vista.
Todo esto tiene sin duda un fuerte olor a TLC amarrado, a invasión.
El gobierno de los Estados Unidos no ha ocultado su gran interés por la rica biodiversidad colombiana, recordemos que somos el segundo país del mundo con ese privilegio, y presiona no solo en cada ronda sino a través de su embajada a sabiendas de que no es en estos parques donde se encuentran la mayoría de los cultivos de coca y amapola.
Como puede observarse los parques condenados están ubicados en lugares estratégicos del país, al norte, oriente (frontera con Venezuela) y al suroriente y son además territorios con conocidas riquezas forestales, animales y especialmente minerales.
Por otra parte, es bien significativo que se intensifiquen las fumigaciones en estos lugares donde hay una importante presencia insurgente y los cultivos son una mínima parte de los que existen y sin embargo no se hable de fumigar zonas donde están las grandes producciones de coca, marihuana y amapola, como Urabá y otros territorios bajo dominio paramilitar.
Tanto el Congreso colombiano, como las entidades gubernamentales implicadas han consultado a los empresarios interesados en las riquezas de los parques naturales pero no a los pueblos nativos ni a los campesinos que viven allí y son los reales dueños y protectores de esos territorios.
Ellos son acusados de sembrar las plantas narcóticas y de ser colaboradores de la insurgencia, por tanto se les tilda de terroristas, son asesinados, perseguidos y encarcelados y todo esto está contemplado dentro de los objetivos del Plan Colombia.
Son innumerables las denuncias sobre las consecuencias que para la salud y la alimentación traen las aspersiones, pero el gobierno sigue sin emprender una acción investigativa.
Ninguna de las propuestas que han surgido para la erradicación manual de la coca y la amapola, ni las promesas de ayuda mediante la creación y apoyo de las familias guardabosques han sido cumplidas.
Es fácil deducir entonces que hay una clara disposición de colaboración con el gobierno estadounidense y sus transnacionales y que evidentemente las fumigaciones se utilizan como arma química en la guerra contra el pueblo colombiano.
La seguridad de los habitantes del territorio colombiano en todo sentido y la de nuestras reservas naturales figuran en la constitución como obligaciones del Estado. Por el contrario, hay un claro y determinado interés por brindar facilidades a las empresas extranjeras del turismo, de las medicinas y de la biogenética.
El objetivo de las fumigaciones no es acabar con el cultivo de la coca y la amapola y tampoco con el narcotráfico. El verdadero propósito es mantener una apariencia de lucha contra ese flagelo y contra el “terrorismo”, mientras de las enormes ganancias del narcotráfico se benefician los capos colombianos y los estadounidenses y, lo más importante, se adelantan los megaproyectos económicos y la geoestrategia del imperio.
La defensa de nuestros recursos, de nuestra salud, de nuestra seguridad alimentaria está en las manos del pueblo, está claro que no se puede contar ni con la oligarquía, ni el gobierno, sumisos a la voluntad de los yanquis.
La lucha es desigual por el gran poder militar y económico del enemigo, pero la historia ha demostrado que la victoria es posible. Los colombianos, a pesar de los enormes sufrimientos a que nos está sometiendo el gobierno de Uribe Vélez, a pesar de que llueva veneno, seguiremos buscando los caminos hacia la soberanía y la paz con justicia social.
Coyuntura Internacional
REUNION DEL G8 EN ESCOCIA, NEOLIBERALISMO Y PROPAGANDA
Dentro del entramado mundial del poder, el espacio más mediático es la reunión de los Jefes de Estado de los ocho países más poderosos. Es un espacio de propaganda del capitalismo y su hegemonía, del guerrerismo y la autocracia.
Su reunión anual se convierte en la presentación de quienes gobiernan el mundo, para que no nos olvidemos. Estados Unidos de América a la cabeza, con Alemania, Francia, Japón, Inglaterra, Italia. Canadá y Rusia son los integrantes de este cónclave. En esta ocasión se reunieron en Escocia e invitaron hasta el antejardín a Brasil, China, Sudáfrica e India, como potencias emergentes y al Presidente de la Unión Africana como representante de los pobres países del continente olvidado. Participaron también los presidentes del Banco Mundial y el FMI, para que las cosas quedaran claras y completas.
Esta llamada “gobernanza del mundo”, tan ilegitima como sus decisiones que implican, contra su voluntad, al resto de los 191 países del mundo, entroncadas exclusivamente en las necesidades del capital internacional y en las políticas neoliberales, se vio acompañada de fuertes manifestaciones de los luchadores que no comparten esta forma de globalización.
Debatieron los representantes de los dueños del mundo, asediados por las organizaciones de diversas partes de Europa que se dieron cita en Escocia en representación de los miles de millones de pobres de la tierra, y que con diversas formas impidieron la impunidad y la tranquilidad en la reunión de estos grandes depredadores planetarios.
Grandes concentraciones rompieron las paredes de hasta tres metros que se levantaron para aislar el conclave, caravanas de bicicletas, comparsas, campamentos, llevaron consignas contra la guerra en Iraq, contra el terrorismo de estado de las grandes potencias, por la defensa del medio ambiente, el desarrollo sostenible, la condonación sin condiciones de la deuda a la totalidad de los países pobres con gran deuda, por un orden económico internacional justo.
En otros países la embajada de los Estados Unidos sirvió de marco para la protesta. En Edimburgo se realizaron marchas donde participaron casi 300.000 personas y en Malí se dio una contra cumbre de los pueblos de África.
Las resoluciones más publicitadas de esta informal estructura de gobierno mundial están referidas al dios dinero. Decidieron en un acto de magnanimidad neoliberal, condonar la deuda total con el BM, el FMI y en los países africanos con el Banco de Desarrollo Africano, a 18 Estados de los que se denominan países pobres con gran deuda.
Entre ellos se encuentran Bolivia, Honduras, Nicaragua y Guyana. Es importante aclarar que no es una acción compasiva de la reunión esta decisión. Es producto de un proceso que lleva mas de diez años y en el cual está envuelto el FMI, sobre todo, que es el encargado de decidir que país es hábil para ser incluido en esta lista. Todos los países han sido monitoreados por el FMI y su economía avalada dentro de los parámetros macroeconómicos de apertura a la iniciativa privada extranjera y nacional, ajuste fiscal y transparencia, que bien sabemos los pueblos del sur que significan privatizaciones, pobreza, desempleo y perdida de soberanía económica y nacional.
En realidad hasta ahora y sobre la base de este programa neoliberal se han cancelado una deuda de 54.000 millones de dólares, mientras que más de 60 países pobres de bajos ingresos y grandes deudas deben una cifra superior a los 600 mil millones, de un total de 2.4 billones de dólares de los países en vías de desarrollo.
Esta deuda nunca nos cansaremos de decir que es ilegal, injusta e incobrable. Una deuda que nuestros países ya han pagado y siguen pagando en un proceso de extracción financiera que por ejemplo en el 2002, significo una transferencia neta de US$ 100.000 millones de Sur a Norte.
Esta condonación frente a los 350.000 millones de los subsidios a los productores agrícolas de los países desarrollados que conllevan una competencia desleal impuesta a partir de la apertura comercial y que conllevó la quiebra del agro de nuestros países o a los 700.000 millones anuales de los gastos militares del G8, que son improductivos, inflacionarios y generan solo destrucción y daño a nuestros pueblos, son una muestra clara de los verdaderos intereses de las grandes potencias.
Los medios de comunicación crean una gran expectativa hacia estas reuniones como si de ellas pudieran salir soluciones a los graves problemas de la humanidad, olvidando que precisamente estos son, en su mayor parte, creados por el conjunto de economías de estos potentados.
La negativa reiterada del gobierno de Bush Jr. de acogerse al Protocolo de Kyoto que regula las emisiones de gas carbónico y por ende el efecto invernadero y el cambio climático, se consideró la principal frustración de la reunión.
La administración Bush Jr. fiel representante de la industria del petróleo, entiende la firma como una perdida de ganancia y argumenta falsamente que no hay una comprobación científica del efecto invernadero. Sin embargo la mayor parte de las academias de ciencias del mundo le enviaron una carta a la reunión del G8 explicando la urgencia de firmar el protocolo, pues la catástrofe del cambio climático es una realidad y se está al borde de no poder enfrentarla.
Por otra parte, el G8 acordó entregar a la Autoridad Palestina un paquete de ayuda de más de 3.000 millones de dólares anuales en los próximos tres años, Según Tony Blair, Primer Ministro del Reino Unido, este acuerdo permitiría que “dos Estados, Israel y Palestina, dos pueblos y dos religiones vivan juntos en paz”.
El problema no es de dinero, lo sabe el mundo, inclusive ellos, es un asunto de decisión política, donde los Estados Unidos dejen de apoyar irrestrictamente a la entidad sionista creadora del caos en la región y gendarme de su política genocida contra el pueblo árabe.
La guerra de Iraq apareció de forma terrible en medio de la reunión del G8, con los atentados al sistema de transporte londinense donde casi un centenar de ciudadanos británicos fueron asesinados por las bombas de la misteriosa Al Qaeda.
Los integrantes de la Coalición no tienen la más mínima intención de retroceder y aunque en cada país los escándalos por las mentiras y el cinismo son pan cotidiano, el voraz apetito petrolero y colonialista es superior a las razones esgrimidas y al sufrimiento del pueblo heroico de Iraq.
Esta reunión del G8 le mostró al mundo, en medio de la propaganda del poder hegemónico, que los intereses de las grandes potencias están en contra del bienestar de la humanidad y de las mayorías pobres y desheredadas de la tierra. Es decir, no se produjo ninguna sorpresa estos días de julio en Escocia.
