Autogestión urbana y derechos ciudadanos

Autogestión urbana y derechos ciudadanos
Schteingart, Martha

Martha Schteingart: Arquitecta y socióloga urbana mexicana. Profesora-investiga-
dora del Centro de Estudios Demográficos y de Desarrollo Urbano de El Colegio
de México. Autora de varios libros y numerosos artículos sobre suelo y vivienda
estructura urbana, movimientos sociales y medio ambiente urbano.
El tema de la autogestión ha estado casi ausente en los
trabajos tanto teóricos como empíricos de la sociología
urbana latinoamericana y también, me atrevería a decir, de la
sociología urbana en general. Ello resulta bastante lógico si
se tiene en cuenta que las experiencias autogestivas en
diferentes tipos y niveles de la administración urbana han
sido muy limitadas y, por lo tanto, no han llegado a
convertirse en objetos de análisis de aquellos interesados en
la problemática social de las ciudades.
Sin embargo, nos ha parecido de indudable interés tomar el mencionado tema
como centro de este trabajo. Primeramente, porque el término autogestión aparece
mencionado, cada vez con mayor frecuencia, en trabajos referidos a los movimien-
tos sociales urbanos o a la participación popular en las ciudades de América Latina
aunque, en general, de manera poco rigurosa y precisa, confundido frecuentemen-
te con otros conceptos cercanos o similares; ello requiere, por lo tanto, algunas acla-
raciones teóricas o conceptuales. En segundo lugar, porque dentro de la discusión
referida al sector informal y a las relaciones entre Estado y sociedad civil en esta re-
gión también esta implícita, de alguna manera, la idea de la autogestión. Por últi-
mo, porque ya existen algunas experiencias autogestivas o propuestas programáti-
cas de los sectores populares, que vale la pena analizar en el contexto más amplio
de las luchas de las organizaciones de esos sectores urbanos.
La autogestión
Partiremos, entonces, de algunas precisiones conceptuales para luego hacer refe-
rencia a ciertos intentos de autogestión urbana en países latinoamericanos, ponien-
do énfasis en la experiencia mexicana. Sin embargo, los trabajos que hemos conoci-
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do de Chile y Perú también nos han proporcionado ejemplos importantes para in-
troducirnos al análisis de la autogestión urbana en América Latina.
Se entiende por autogestión la forma de organización de las actividades sociales,
tanto de tipo productivo, de servicios como administrativas, en las que las decisio-
nes respecto de su conducción son tomadas directamente por los que participan en
las mismas. Esta forma puede implicar al individuo tanto como productor en la fá-
brica o como consumidor en la comunidad local y trae aparejada una transforma-
ción de la estructura de las actividades, de manera que todos puedan decidir con
conocimiento de causa gracias a su experiencia directa en los problemas. La auto-
gestión también significa la superación de las diferencias entre quienes toman deci-
siones y quienes las ejecutan y la superación de la intervención de presiones ajenas
a la colectividad en la definición del proceso decisional. Si bien la autogestión es un
mecanismo social referido a actividades y decisiones de tipo no estrictamente polí-
tico, no puede darse en un sentido amplio sin una profunda reestructuración del
sistema político, sobre todo en cuanto a la descentralización del poder en diferen-
tes centros de decisión (Bobbio y Matteucci).
Como el término autogestión se usa muchas veces en forma indiscriminada es con-
veniente distinguirlo, por ejemplo, de la participación. Si bien existen diferentes
formas de concebir la participación, podemos decir que ese concepto es mucho más
indefinido que el de autogestión, y se aplica a un conjunto de procesos diferentes
dentro de la sociedad1. Asimismo, la autogestión puede darse tanto dentro del sec-
tor formal como informal de la economía, y no debe interpretarse que este último
implica necesariamente la autogestión porque se dé al margen del Estado, como de
alguna manera lo sugieren algunas posturas neoliberales, que han mistificado las
bondades de la «informalidad».
Algunos autores han afirmado que la autogestión, en su sentido más amplio y radi-
cal, es un sistema opuesto a una sociedad de clases, significa la abolición del poder
de toda minoría dirigente, y que una sociedad verdaderamente autogestionaria es
más bien un modelo o una utopía (Bourdet). Sin embargo, existen también algunas
experiencias autogestivas más limitadas, tanto en los países antes llamados socia-
listas como en los capitalistas desarrollados o en desarrollo y, por supuesto, es ne-
cesario distinguir el sentido y alcances de esas experiencias teniendo en cuenta los
1
Se habla muchas veces de participación para referirse indistintamente al hecho de limpiar la calle
emitir un voto, intervenir en un movimiento social urbano, gestionar una empresa, formar parte de
consejos obreros, etc. Esta ambigüedad produce una enorme confusión, ya que se aplica a procesos
totalmente diversos. Más específicamente, la participación obrera o la democracia participativa son
conceptos que deben diferenciarse de la autogestión en la fábrica o en el plano más político, ya que
implican conceptos más limitados (Markovic, 1975).
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diferentes contextos en los que se desarrollan. Por otra parte, las ideas autogestio-
narias tienen distintos orígenes, los cuales se pueden ubicar dentro de los movi-
mientos cristianos, como prolongación de un liberalismo corregido y ampliado, o
dentro de las corrientes anarquista y marxista (Avron)2.
En los países antes llamados socialistas, las ideas y proyectos autogestionarios fue-
ron desarrollados sobre todo en Yugoslavia, a partir de 1950, y para algunos defen-
sores de esa autogestión (Markovic) ella es la negación dialéctiva del llamado so-
cialismo de Estado, con sus tendencias a la burocratización; sin embargo, también
afirman que esas experiencias no pueden limitarse sólo a las relaciones de produc-
ción a nivel de la empresa y las instituciones locales, ya que la completa y definiti-
va superación de la burocracia sólo es posible cuando los organismos centrales de
Estado se convierten en organismos de autogestión.
La autogestión urbana en América Latina
En América Latina se vive, en este momento, una angustiosa búsqueda de estrate-
gias alternativas y todo parece indicar que la mayor parte de los países de la región
se encuentra al final de un largo transitar entre esquemas y modelos de distinto
signo que en general han fracasado y sólo han llevado a esos países a mayores ni-
veles de pobreza, desequilibrios y malestar social. Un aspecto que parece prevale-
cer en la búsqueda de un nuevo enfoque para hacer frente a los problemas, es que
hay que abandonar el modo de pensar tradicional, intentando un nuevo desarrollo
y una nueva forma de superar lo convencional (Espinosa). Dentro de este enfoque
la idea de una organización autogestiva de la sociedad, que deje de lado esquemas
burocráticos, centralistas y autoritarios, que dé lugar al desarrollo de las potenciali-
dades creadoras de las grandes mayorías y estimule, más que nada, la satisfacción
de las necesidades de las mismas, parece difundirse en diferentes medios intelec-
tuales y políticos latinoamericanos.
De acuerdo con la literatura que hemos consultado, los colectivos de trabajadores
involucrados en procesos autogestivos han estado creciendo, en parte, como conse-
cuencia de la crisis, de la acentuación del desempleo y de las carencias del consu-
mo. Así, grupos de obreros, campesinos, pobladores barriales, jóvenes, mujeres
etc., se organizan y constituyen ensayos de estrategias de sobrevivencia, formas al-
2
Ese autor es refiere a los movimientos que continúan la acción del Papa León XIII y la Encíclica Re
rum Novarum en la que se menciona la participación de los asalariados en las empresas para termi
nar con los «excesos del capitalismo». En cuanto al marxismo clásico se señala que éste muestra una
gran indecisión con respecto a la propuesta autogestiva, ya que se ubicaría a medio camino entre la
lógica del Partido, que ejerce una acción hacia abajo, y la espontaneidad representada por las masas
que impulsan la revolución de abajo hacia arriba.
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ternativas de organización del trabajo y de la vida comunal, que a veces pueden ser
considerados como espacios democráticos o escuelas autoeducativas de nueva de-
mocracia o de una nueva sociedad. Estas experiencias autogestivas están vincula-
das, en algunos casos, con grupos de inspiración evangélica, en otros, con antiguas
tradiciones comunitarias locales y también, frecuentemente, con movimientos de
orientación marxista; ellos tienen en común la idea central de conseguir para sus
respectivas sociedades el desarrollo de un proceso de democratización integral que
abarque las dimensiones económica, social, cultural y política de la vida naciona
(Razeto y Calcagni).
Relatos referidos a las cooperativas agrarias y de servicios en el campo, a las em-
presas de propiedad social o cooperativas de producción y consumo en las ciuda-
des, a las comunidades barriales autogestionarias urbanas y a las cooperativas de
vivienda, nos dan la pauta de la existencia de algunas experiencias relevantes, a las
que trataremos de hacer referencia más adelante; no obstante, la información resul-
ta frecuentemente muy limitada y sería necesario, a nuestro criterio, llevar a cabo
una evaluación realista de las mismas, con sus éxitos y fracasos, que debería reem-
plazar a veces las expresiones un poco acríticas sobre sus bondades, presentadas
como la panacea para superar los problemas del subdesarrollo. No nos propone-
mos cuestionar las iniciativas que intentan desarrollar un modelo pluralista en lo
que se refiere a los agentes organizadores de la economía y la sociedad, las formas
de propiedad y los sistemas de asignación de recursos, sino señalar la importancia
de conocer sus verdaderos aportes, dentro de un proceso de transformación demo-
crática de los países de la región.
En este trabajo nos referiremos más específicamente a la autogestión urbana, que
puede ser considerada como una forma alternativa de organizar y decidir algunos
aspectos fundamentales que hacen a las actividades de la ciudad y a la vida socia
de sus habitantes. Aunque estas actividades autogestivas están más referidas a
consumo o a los servicios que a la producción misma, también consideraremos
aquí algunas actividades de producción desarrolladas por movimientos u organi-
zaciones que tienen una base territorial, a nivel de los barrios de la ciudad. En este
sentido coincidimos con Calderón en que un verdadero proyecto urbano autogesti-
vo sería aquel que está a cargo de organizaciones representativas de los poblado-
res, incluyendo funciones de planificación urbana local, provisión de vivienda y
servicios de generación de empleo, que son asumidas colectivamente por la base
social. Veremos a continuación algunas experiencias de autogestión urbana en Chi-
le, Perú y México, en particular.
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Análisis de algunas experiencias
En el caso de Chile, como consecuencia de la política económica neoliberal de la
dictadura, el Estado se retiró del campo de la acción social, sobre todo para los sec-
tores más necesitados y, además, aplicó medidas que produjeron un incremento
violento de la desocupación y una baja impresionante en los niveles de consumo
de amplios sectores de la población. En este contexto, las áreas urbanas empobreci-
das fueron el escenario de la proliferación de una diversidad de organizaciones de
pobladores: agrupaciones de tipo reivindicativo, religioso, político y cultural; aso-
ciaciones comunitarias que se planteaban problemáticas urbanas, asociaciones de
mujeres y jóvenes, etc. De todas estas variadas experiencias, las organizaciones
destinadas a juntar esfuerzos para resolver los problemas de la subsistencia diaria
de las familias, parecían ser las más numerosas y extendidas (Hardy). En general,
este proceso se dio con apoyos, no oficiales, externos a los grupos y reunió particu-
larmente a sectores tradicionalmente no organizados y con mayores niveles de po-
breza, entre los que se encontraban las mujeres. Las organizaciones de subsistencia
tenían un carácter autogestionario, con un predominio de funciones operativas
para la resolución diaria de problemas y necesidades, aplicándose además meca-
nismos participativos y democráticos internos como la renovación periódica de di-
rigentes, la participación en asambleas generales colectivas para la toma de decisio-
nes, la obligatoriedad de informar sobre el manejo de los recursos material es y
económicos , etc. De esta manera, las mencionadas experiencias proporcionaron es-
pacios de aprendizaje gestionario y de administración de recursos , permitieron
reinsertar mano de obra calificada que había quedado desempleada y, al mismo
tiempo, calificar fuerza de trabajo femenina, solucionando además algunas necesi-
dades materiales, en un marco de fuertes restricciones materiales y en ausencia de
apoyos provenientes del Estado.
En términos generales, las organizaciones de sobrevivencia agruparon sobre todo a
mujeres adultas con familia que buscaban generar algún ingreso y abaratar los cos-
tos de subsistencia, se definieron como respuestas defensivas, en niveles micro-so-
ciales, a través de una economía de solidaridad (Campero). Sin embargo, a pesar
de haber sido consideradas como iniciativas insuficientes y relativamente margina-
les, de haberse cuestionado su capacidad de «construir espacios alternativos legiti-
mados» para organizar la vida económica, de que no habían mostrado potenciali-
dades para atraer a otros grupos, además de los que entraban a la actividad en los
momentos más agudos de una crisis recesiva (Campero), parece existir un acuerdo
de que esas experiencias han representado espacios de solidaridad, sociabilidad y
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sobrevivencia moral, frente a un proceso desintegrador como se había dado en
Chile durante los años de la dictadura pinochetista.
En el caso de Perú, en el marco de la violencia del Estado y de los grupos insurgen-
tes, la «democracia representativa» no logró dar soluciones al empobrecimiento de
la mayoría de los habitantes de ese país y allí también se presentaron los procesos
autogestionarios (organizaciones productivas y comunales populares) como nue-
vas alternativas democráticas, económicas y culturales, que podrían ir avanzando
desde estrategias de sobrevivencia hacia una nueva democracia y una sociedad
nueva. Durante el gobierno militar populista de Velazco Alvarado (1968-1975) sur-
gieron en Perú diferentes formas de autogestión controladas por el Estado, que tu-
vieron serias limitaciones y problemas ya que los trabajadores o pobladores no po-
dían participar en las decisiones más importantes, mientras que los funcionarios
del gobierno dirigían esas experiencias y, al final, muchas de ellas fracasaron
(Meister; Moreno y Jaime). Un ejemplo interesante lo constituye el caso de Villa el
Salvador, en el Area Metropolitana de Lima (Calderón), cuyo modelo autogestio-
nario fue propuesto en 1973 por el Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización
Social (SINAMOS), entidad del gobierno que «buscaba generar bases sociales de
apoyo al reformismo militar». Este modelo ponía énfasis en lo productivo, a través
del desarrollo de empresas comunales administradas por la «Comunidad Urbana
Autogestionaria», manipulada por sinamos, y se desdeñó, en cambio, toda acción
relativa a la consolidación del asentamiento (problemas del suelo, vivienda, servi-
cios básicos, etc.). A partir de 1975, con el cambio de gobierno, las empresas auto-
gestivas dejaron de recibir apoyo del Estado y comenzaron a entrar en crisis, mien-
tras la población expresaba una mayor preocupación por los aspectos de la consoli-
dación urbana, siendo el agua y el drenaje, la educación y el transporte, los objeti-
vos de las movilizaciones de los pobladores, que llevaron además a su organiza-
ción a independizarse del Estado. A partir de 1983, comenzó una nueva etapa para
Villa el Salvador, después que la alcaldía local fue conquistada por la Izquierda
Unida, la que propició la idea del autogobierno popular, reconoció a la organiza-
ción representativa de los pobladores y constituyó comisiones integradas por
miembros del municipio y de esa organización. De esta manera el gobierno local se
transformó en agente de apoyo a la autogestión, y propuso un Plan Integral de De-
sarrollo que incluyó tanto aspectos urbanísticos, habitacionales, recreativos, como
productivos. No podemos en este trabajo presentar con detalle todos los aspectos
de esta experiencia que, en general, se ha considerado positiva para los pobladores
(y que constituye uno de los pocos proyectos urbanos de auto gestión integral en e
país); en cambio, resulta interesante rescatar algunas reflexiones que han surgido a
partir del análisis de la misma (Calderón).
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Las dos etapas de autogestión que se han señalado para Villa el Salvador implica-
ron algún tipo de intervención del Estado. Sin embargo, en la primera etapa la in-
tervención desde el gobierno central no pudo ocultar un autoritarismo que en defi-
nitiva repercutió en un relativo fracaso de la experiencia mientras que, en la segun-
da etapa, la relación municipio-organización popular, basada en la cogestión y la
autonomía de esta organización, propició una relación más democrática y el desa-
rrollo de un proyecto aparentemente más exitoso surgido, en gran parte, de las
propias necesidades y aspiraciones de los pobladores.
En el caso de México, los ejemplos de autogestión urbana son más recientes y me-
nos desarrollados que en los casos anteriores, y existen sólo algunas pocas expe-
riencias autogestivas más amplias, a nivel de barrio. La idea de la autogestión ur-
bana o los proyectos autogestivos no está todavía muy presente dentro de los obje-
tivos, programas y prácticas corrientes de las organizaciones del movimiento po-
pular, que atraviesa todavía, a pesar de sus importantes avances, por una etapa de
tipo defensivo o reivindicativo en la que se privilegian las movilizaciones, denun-
cias, reuniones de coordinación, más que proyectos alternativos tanto de tipo gene-
ral para las ciudades como de tipo más sectorial o parcial. Sin embargo, las ideas
de autogestión comienzan a estar presentes en algunas prácticas, todavía incipien-
tes, de esas organizaciones, sin dejar de lado las luchas reinvindicativas por vivien-
da, servicios urbanos, etc., o por conseguir nuevos espacios políticos para los secto-
res populares y una mayor democracia representativa.
De esta manera, la experiencia ha demostrado a los pobladores que no se trata sólo
de autoproveerse de aquellos elementos del consumo urbano que no son atendidos
a través de las diferentes instancias oficiales, sino más bien de organizarse en espa-
cios autogestivos pero al mismo tiempo de movilizarse para conseguir los apoyos
necesarios del gobierno (sobre todo en lo que se refiere a la ayuda financiera para
sus proyectos), luchando asimismo en el plano político para obtener una represen-
tatividad que les permita discutir y participar en las decisiones relativas a la asig-
nación de los recursos, la fijación de prioridades, y el diseño de los planes urbanos
que los afectan.
En este sentido, la posición de algunos líderes de los pobladores, que hemos entre-
vistado, es coincidente con las enseñanzas extraídas de la experiencia chilena o pe-
ruana, que presentamos más arriba, en cuanto a que la autoayuda considerada
como opción excluyente de la reivindicación implica que las personas no se consi-
deren «sujetos de derecho», renunciando así a sus derechos frente al Estado; éste,
ante la imposibilidad de la autosuficiencia de los grupos más pobres, debe, necesa-
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riamente, tener una presencia importante para colaborar en la satisfacción de sus
necesidades esenciales. Lo importante, entonces, es considerar el tipo de relaciones
que debería existir entre Estado y sociedad civil, sin renunciar a los derechos ciu-
dadanos y reconociendo las reales limitaciones de los proyectos llamados autoges-
tivos que sólo implican una autogestión de la miseria o la autoprovisión de medios
de consumo a través de una superexplotación de la fuerza de trabajo de los pobla-
dores urbanos.
Proyectos de autogestión urbana en México
La «participación popular» ha sido ampliamente promovida por los gobiernos lo-
cales de las ciudades mexicanas dentro de sus programas de introducción de servi-
cios urbanos en los asentamientos populares, pero ella no se ha dado en el contexto
de experiencias autogestionarias sino, básicamente, de intentos de abaratar las
obras necesarias de provisión de agua, drenaje o pavimentación, por medio de la
incorporación de la mano de obra de la población. Por otra parte, han proliferado
pequeñas experiencias autogestivas promovidas por las organizaciones de colonos
en numerosos asentamientos populares de las ciudades mexicanas y algunas de
ellas van más allá de la «autogestión de la miseria», apuntando hacia verdaderas
alternativas técnicas de construcción, administración y control colectivo de los sis-
temas (Coulomb). Primero nos referiremos a las experiencias más limitadas, de las
cuales no existe un análisis sistemático de conjunto (como ocurre para el caso chile-
no, por ejemplo), ni una evaluación de sus éxitos y fracasos, para luego presentar
un caso en el que la autogestión ha tenido mayores alcances.
En varios documentos de las propias organizaciones o en evaluaciones de expe-
riencias realizados por investigadores (Hernández; Estudios Ecuménicos; Arau) se
mencionan, por ejemplo, experiencias como las de «los pueblos y colonias del Sur
de la Ciudad de México», donde la organización de colonos, con el apoyo de las
Comunidades Eclesiásticas de Base,3 además de sus luchas reivindicativas por la
regularización de la tenencia de la tierra y la obtención de algunos servicios urba-
nos básicos, han desarrollado actividades autogestivas referidas a la administra-
ción de tiendas CONASUP4 en cuatro colonias; ellas representan «un centro de po-
der popular», que se administra colectivamente, con asesoría de grupos de profe-
3
Estas comunidades, que han tenido particular desarrollo en Brasil, también han comenzado a cre
cer en México y, sobre todo en los últimos años, han aumentado su presencia en los asentamientos
urbanos populares, donde realizan tareas de tipo educativo y de apoyo a la movilización de los po
bladores. Si bien se trata de grupos de inspiración religiosa, en México sus miembros están adop
tando últimamente una posición de mayor compromiso político, no como comunidades eclesiásti
cas sino como individuos. En algunos casos su actividad ha sido positiva para el desarrollo de orga
nizaciones de base (Revista Estudios Ecuménicos, varios números).
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sionales elegidos por la propia organización y que, además, rinde cuentas a la co-
munidad de todas sus actividades. Otra experiencia destacada es la de la Coopera-
tiva Campo y Ciudad, promovida por la Coordinadora Nacional del Movimiento
Urbano Popular (CONAMUP)5 a través de la cual se está consolidando una red de
intercambio y distribución de productos, sin intermediarios entre el campo y la
ciudad, que permite la venta directa de productos del campo a las colonias popula-
res organizadas, a menores costos. También se mencionan proyectos autogestivos
de salud, educación, comedores populares, y pequeños talleres productivos. Los
proyectos se orientan, en general, hacia la satisfacción de algunas necesidades ele-
mentales de los sectores pobre urbanos, sobre todo al abastecimiento de productos
básicos para la subsistencia (particularmente la alimentación) y también a la provi-
sión de servicios indispensables para la comunidad, en una etapa de restricción del
gasto público, producto de la crisis.
Entre las experiencias de autogestión urbana más avanzada podemos citar el caso
de El Molino, que incluye un proyecto de vivienda y servicios, al que luego se fue-
ron agregando empresas o talleres autogestionados. Esta experiencia se ha dado en
una zona periférica de la Ciudad de México, donde proliferan los asentamientos
irregulares de todos aquellos sectores de la población que no tienen acceso a la tie-
rra fraccionada por las empresas privadas o el Estado, o a las viviendas producidas
a través de los distintos programas gubernamentales de interés social. El proyecto
que fue impulsado por una organización independiente de pobladores pertene-
ciente a la ya citada CONAMUP, agrupaba a unas mil familias provenientes de di-
versos lugares de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México y el asentamiento
se produjo en un lugar llamado El Molino, cuyos terrenos fueron provistos por e
Fondo Nacional de las Habitaciones Populares (FONHAPO), una relativamente
nueva institución del Estado dedicada a la vivienda popular, la que también otorgó
el crédito para la realización de las viviendas6. El procedimiento aplicado por los
4
Las tiendas CONASUPO (Comisión Nacional de Subsistencias Populares) pertenecen a un sistema
de comercialización de productos básicos para la subsistencia de los sectores populares organizado
por el Estado; en algunos lugares, donde esas tiendas no existen, se dejan en manos de la comuni
dad organirzada; sin embargo, últimamente la CONASUPO ha tratado de frenar este tipo de expe
riencias.
5
Esta coordinadora se creó en 1980 y desde entonces ha realizado avances importantes en diferen
tes lugares del país, apoyando a diversas organizaciones locales, tratando de aumentar su área de
influencia, organizando reuniones nacionales del movimientos etc. Sin embargo, en los últimos
años, ella ha entrado en crisis, sobre todo en la Ciudad de México, frente al avance de algunas otras
organizaciones, entre las que se destaca la Asamblea de Barrios, que surgió en 1987, desarrollando
nuevas estrategias para el movimiento urbano popular, particularmente en lo que se refiere a su
vinculación al reciente proceso político del país.
6
Es importante aclarar que en parte el éxito de este proyecto se debe al hecho de haberse conjugado
la iniciativa organizada de los pobladores, a través de una organización con experiencia en este
campo, con el apoyo de un organismo de vivienda del Estado que, por razones coyunturales, ha de
sarrollado una política más amplia de vivienda que las demás instituciones existentes en el país, so
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pobladores fue de «administración directa», es decir que la organización era res-
ponsable de la utilización de los recursos, incluyendo la contratación de trabajado-
res, la compra de materiales y el control de las finanzas. El grupo recibió, además,
asesoría técnica de organismos no gubernamentales, en lo que se refiere al diseño
del barrio, proyecto de servicios y viviendas, propuestas de tecnologías alternati-
vas, sobre todo para servicios, etc. Se ha reconocido que las experiencias adquiri-
das han sido fundamentales para enfrentar nuevos retos en otros programas simi-
lares, y que se han obtenido valiosas enseñanzas y un instrumental metodológico
importante (Suárez). Además del programa de autogestión habitacional, que ya
terminó su primera etapa, se ha comenzado a desarrollar una empresa de produc-
ción de materiales de construcción, con el objetivo de reducir costos en la construc-
ción de las viviendas de las siguientes etapas del programa y con la idea de apoyar
posteriormente a otras organizaciones y similares; este proyecto forma parte de un
plan más ambicioso de poner en marcha cadenas más amplias de producción que
incluyan una empresa constructora popular y otras productoras de insumos para
la construcción. Mientras tanto, la empresa ya creada fabrica bloques mediante una
máquina donada a la organización, y se están iniciando además talleres de carpin-
tería y herrería. Sin embargo, evaluaciones que se han realizado de estas iniciativas
señalan algunos problemas para el desarrollo del proyecto, que consideramos im-
portante mencionar porque, a nuestro criterio, expresan los problemas comunes a
muchas empresas de ese tipo, que están tratando de llevar adelante organizaciones
del movimiento urbano popular.
Nos referimos, por ejemplo, al hecho de que no se han asumido correctamente, por
falta de experiencia, las funciones de administración, de planeación de la produc-
ción y de ventas, privilegiándose la generación de empleo entre los integrantes de
la organización, lo cual produce un número excesivo de empleados. Sin embargo,
el balance efectuado es positivo, ya que representa una excelente oportunidad para
la formación y entrenamiento de los pobladores que, de esta manera, aprenden a
organizar la producción de su vivienda, a gestionar los servicios y a organizar a su
comunidad a nivel de asentamiento. Por otra parte, el proceso político que está
ocurriendo en el país estaría abriendo la posibilidad de que representantes del mo-
vimiento urbano popular puedan llegar a ocupar cargos de representación popular
(como alcaldías en los municipios) y para ello es necesario contar con experiencias
autogestivas de promoción y administración urbana (Suárez).
bre todo en cuanto a la adjudicación de créditos para vivienda a grupos organizados que no perte
necen al partido oficial.
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Algunas reflexiones finales
Quisiéramos concluir con algunos comentarios comparativos de las experiencias
presentadas, incluyendo algunas reflexiones en cuanto a su significado en un pro-
ceso de transformación democrática de las sociedades latinoamericanas.
Como vimos, la experiencia chilena se dio en el marco de una situación de autorita-
rismo político y de liberalización económica, en la que el Estado había dejado de
participar en la reproducción, aunque fuera mínima, de la fuerza de trabajo, y los
pobladores pauperizados, a veces con la ayuda de la Iglesia Católica o de otros
agentes externos, tuvieron que asumir, a través de organizaciones de autoayuda y
autoempleo, su propia subsistencia. En el caso peruano, en un contexto de mayor
democracia política (en el que incluso han existido experiencias de gestión munici-
pal de grupos de izquierda), el tremendo deterioro económico y la violencia desa-
tada sólo dejaron un saldo muy limitado de esas experiencias, aun cuando deben
reconocerse los avances realizados por las comunidades organizadas.
En México, con una tradición mucho más limitada de autogestión y, sobre todo
con un desarrollo más reciente de un movimiento urbano popular combativo e in-
dependiente, los casos de experiencias autogestivas urbanas han sido, en general,
más incipientes y menos numerosos. Sin embargo, la fuerte crisis económica que se
ha acelerado desde 1982, la apertura política y el lento proceso de democratización
han producido un importante avance de las organizaciones populares indepen-
dientes, que ya comienzan a plantear interesantes proyectos autogestivos, los cua-
les se acompañan, además, de luchas reivindicativas por un mayor acceso al consu-
mo urbano y a la participación política, sobre todo a nivel del Gobierno de la Ciu-
dad de México.
Si bien existen coincidencias, en el sentido de que la organización de los sectores
populares en espacios autogestivos de ninguna manera implica renunciar a sus de-
rechos frente al Estado y a la lucha reivindicativa, de hecho existen diferencias im-
portantes en cuanto a la relación entre los grupos autogestionarios y el poder pú-
blico en los tres: casos considerados. Mientras en Chile esos grupos se han movido
en forma completamente independientes del Estado, habiendo recibido sólo ayuda
del exterior o de la Iglesia, en el caso peruano la mencionada relación llegó a la co-
gestión con un gobierno local de la Izquierda Unida. Sin embargo, el tema de la re-
lación entre Estado y grupos autogestionarios plantea problemas importantes a
discutir, sobre todo en lo que se refiere a la posibilidad de superar la intervención
de presiones ajenas a la colectividad en la definición del proceso decisional, como
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indicábamos al comienzo de este trabajo; por supuesto que esa relación dependerá
del sistema político vigente en cada caso.
En cuanto al significado de estas experiencias dentro de un proceso de transforma-
ción democrática de los países, existen diferentes visiones de las mismas, según la
posición política e ideológica de los observadores o de los agentes involucrados
Las posiciones más optimistas, presentadas mayormente por los «militantes» de la
autogestión, algunos de ellos de orientación evangélica, ven en estas experiencias
un camino para la democratización integral de las sociedades latinoamericanas, y
estiman que crear espacios democráticos en el interior de empresas u organizacio-
nes de base, aún cuando éstas sean pequeñas y de escasa proyección a nivel nacio-
nal, puede tener en el largo plazo un efecto relevante en el cambio social. En el otro
extremo, los grupos políticamente más radicales insisten en lo limitado de esos en-
sayos, si no se combinan con un proceso de cambio a nivel del sistema económico y
político global, para que no queden sólo como experiencias aisladas, mientras las
decisiones continúan tomándose al margen de las grandes mayorías. Quizás una
evaluación más matizada y realista de la autogestión podría ser aquella que toma
en cuenta la necesidad de estimular la creación de espacios democráticos, que se
constituyan en escuelas de participación y formación de amplios sectores de la po-
blación (además de colaborar en la solución de las necesidades básicas de los gru-
pos más pobres), pero sin considerarlos como el factor más decisivo del desarrollo
porque éste debe involucrar al conjunto de la sociedad. Por otra parte, la autoges-
tión para la subsistencia, tal como se da en muchas experiencias latinoamericanas,
si bien está muy lejos del modelo de sociedad autogestiva que mencionamos al co-
mienzo de este trabajo, implica frecuentemente «un elevado nivel de desarrollo de
las propias necesidades de trabajo y de autogestión, y es un error minimizarlo o
contraponerlo a lo que serían las actividades de desarrollo» (Razeto).
Referencias
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