Rechazamos la politica publica minera impulsada por el estado colombiano basada en principio en garantizar la seguridad jurídica para los 31 títulos mineros ya otorgados y la 103 solicitudes de contratos a traves de la agencia nacional minera en los municipios del que comprenden el macizo, que desconocen la posición reiterada, abierta, y franca de las comunidades contra la minería