El contenido del documento destaca que su principal propósito programático radica en lograr “la transición del actual Estado autoritario corporativo, hacia un Estado democrático que garantice los derechos de las personas, los pueblos y la naturaleza”. Es decir, se propone transitar hacia un tipo de democracia diferente y un nuevo Estado de derecho, cuyo impulso emerge de la indignación nacional que rechaza el inconstitucional como obcecado intento para prorrogar en el poder al actual gobierno de Bolivia.
Para ello se propone un cambio de régimen, cuyo resultado sería “la vigencia plena del Estado social y democrático de derecho” que Bolivia tuvo en el pasado solo de una manera embrionaria.
Dicho tipo de Estado estaría basado en la independencia de poderes, una institucionalidad que garantice el cumplimiento de derechos y “en el principio republicano de la igualdad de todos frente a la ley y la limitación de los poderes públicos al derecho”.
Como se puede apreciar claramente, dicha caracterización corresponde al modelo liberal y republicano, consustancial con el sistema capitalista y la democracia burguesa. Es decir, un tipo de Estado y una forma de democracia, que supondría un retorno al pasado para cumplir un ansiado (como conservador) proyecto burgués que siempre quiso desarrollar plenamente el ciclo capitalista en el país.