Una estructura criminal integrada por funcionarios públicos, aparatos de seguridad del Estado, altos directivos, mandos intermedios y miembros de la seguridad privada de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (Desa), titular de la concesión para construir el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, planeó por meses y ejecutó el asesinato de la dirigente indígena Berta Cáceres, en el marco de una estrategia más amplia que tenía el objetivo de controlar, neutralizar y eliminar cualquier obstáculo al desarrollo del proyecto energético.