Contra la Constitución, contra la democracia, contra el voto popular, sin ninguna vergüenza, el susodicho Tribunal Constitucional avala un nuevo atentado contra el ejercicio y contra la institucionalidad democrática. Al avalar la reelección del presidente y de otras autoridades, sin contar con los atributos ni la competencia para hacerlo; destrozando las reglas del juego y las normas, además de desechar flagrantemente la voluntad popular, un Tribunal sin competencia resume en este acto toda la pestilencia de una forma de gubernamentalidad, la clientelar, y todo el engranaje y el funcionamiento de la máquina del chantaje[1]. Es eso lo que son, los magistrados del Tribunal, los gobernantes, los funcionarios de gobierno y del aparato de Estado, además de la masa elocuente de llunk’us, la degradación política llevada a fondo, la decadencia llevada al extremo, el derrumbe ético y moral más patético y sin precedentes.
Ya no hay un ápice de institucionalidad, ha desaparecido todo vestigio de la democracia, fuera de haberse hundido, hace un tiempo, todo comportamiento que guarde, por lo menos, las mínimas apariencias. Asistimos al desborde grotesco del desquicio de la política más vil. Esta calamitosa situación descalabrada no puede cubrirse con nada, menos con discursos demagógicos, que, además, se pretenden de “izquierda” o de “representar” algo así como un “proceso de cambio”; proceso que desapareció una vez promulgada la Constitución. Ocurre como si la promulgación hubiese sido hecha para encubrir toda la cadena deleznable de fechorías que se iban a comentar y ya fueron cometidas.