El Senado aprobó también, como si fuera un mero detalle administrativo, la Ley General de Biodiversidad. Lejos de ello, es una ley que instaura una nueva plataforma para la privatización de la biodiversidad: legaliza la venta y patentamiento de conocimientos tradicionales indígenas y campesinos, además de la apropiación a manos de empresas trasnacionales de plantas medicinales, semillas, insectos, microbios y otros elementos de la biodiversidad englobados en el término recursos genéticos. Como si fuera poco, la ley permite que mineras, petroleras y otros emprendimientos altamente contaminantes se instalen en áreas naturales protegidas.