La llamada Ley del Código Penal por ningún lado cumple ni con los requisitos clásicos, ni con los de la democracia formal, menos de la democracia pluralista y participativa, que establece la Constitución. No es racional, por sus evidentes contradicciones; no es una ley que ratifica la justicia, sino, al contrario, es una ley represora, que criminaliza la protesta social, la expresión libre, la profesión, las ocupaciones. No es una ley democrática, al contrario, restringe y amputa el ejercicio democrático. Tampoco es una ley que defiende el medio ambiente y castiga a los depredadores, como insinúa con cierta pretensión demagógica; es, mas bien, coercitiva, destinada al chantaje; no a la defensa ecológica. Un gobierno clientelar, entregado de lleno a modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente, que ha promulgado una Ley de la Madre Tierra y Desarrollo Integral, que convierte a la Madre Tierra en cenicienta del “desarrollo” y en víctima del extractivismo, no expresa ninguna vocación de defensa de la vida, en la Ley Penal, sino que manifiesta abiertamente la disposición coercitiva, funcional al Estado Rentista y a la economía extractivista.