Desde hace varios años, defensores y organizaciones han denunciado el contubernio de empresas privadas con autoridades para desarrollar mega proyectos de infraestructura, sin consultar a las comunidades indígenas, dueñas de los territorios y los recursos naturales donde se van a instalar las obras. También han señalado que las acciones del Estado y los grupos empresariales resquebrajan el tejido social, dividiendo y enfrentando a los pueblos.