Por años, no encontraron respuesta en las autoridades nacionales, provinciales y locales a sus demandas de justicia frente a las arbitrariedades y atropellos que vienen sufriendo, entre ellas, la falta de consulta ambiental con respecto al proyecto minero. Al amparo del derecho constitucional y humano a la resistencia tomaron esta medida de hecho para garantizar su derecho fundamental al agua y, ‘de paso’, garantizar el derecho de muchas otras poblaciones.