Las concesiones en el Salar de Uyuni, es más, la historia de las concesiones en dicho salar, muestran los altos grados de dependencia y subalternización del Estado al monopolio de las empresas trasnacionales. En ensayos anteriores[1] describimos y analizamos las situaciones en las que se repite la increíble y triste historia de la economía basada en el extractivismo, condición exacerbada de la colonialidad heredada y continuada. El caso QUIBORAX alumbra por los niveles de extorsión económica a la que se ha llegado, no solo en lo que respecta a la empresa comprometida en el asunto, sino con participación de dispositivos internacionales jurídicos que defienden las inversiones.
Que la empresa haya invertido solo menos de un millón de U$ o alrededor de este monto, que reclame, en principio, 3 millones de U$, y que después del pleito y el veredicto jurídico internacional tenga que pagar el Estado boliviano un poco más de 42 millones de U$, se hace patente que se trata descarnadamente de una extorsión económica. Sin embargo, el “gobierno progresista” declara que esto se debe a un error técnico jurídico del expresidente Carlos Mesa Gisbert; acatando el fallo, que basa su revisión en un documento fraudulento. Esta respuesta, que acepta un fallo incongruente, que solo se sostiene en argumentos leguleyos, de parte de un gobierno que se declara “antiimperialista”, es patética; muestra la enorme degradación a la que se ha llegado. A todas luces resalta la complicidad de un gobierno que debería defender los recursos naturales del pueblo boliviano y que administra el Estado con la empresa expoliadora, que ha incumplido con el convenio y el contrato asignado.