Las intenciones de los empresarios son: no quieren la renuncia del gobierno Ortega-Murillo, sino que este, en conjunto con la OEA y los Estados Unidos, aplique un paquete de reformas democráticas para adelantar las elecciones, para evitar que triunfe la insurrección popular sobre el régimen. Quieren cambios graduales que no pongan en riesgo sus negocios, no desean el triunfo de una verdadera revolución democrática, y en este punto vuelven a coincidir con el gobierno Ortega-Murillo.