El gobierno clientelar, ya en su fase de franca decadencia y degradación extrema, pretende imponerse, contra viento y marea, a pesar de lo que establece la Constitución, de su derrota en el referéndum sobre la reforma constitucional, de sus derrotas consecutivas en las elecciones de magistrados, de su derrota demoledora ante la movilización social en contra del proyecto de la ley del Código Penal, ley inquisidora. Pretende relanzar la candidatura del presidente, como si nada, como si se tratara solo de decidir, de hacer hablar a sus ventrílocuos, las organizaciones chutas y su brazo de choque, la Federación del Trópico de Cochabamba. Los gestores de semejante patraña antidemocrática y anticonstitucional no entienden que no todo es montaje, puesta en escena, simulación; estas mimesis políticas solo son posibles cuando hay fuerza para imponerse. En la coyuntura presente el gobierno no cuenta con esta fuerza; una fuerza compuesta por convocatoria, impulsada por el entusiasmo, sostenida por verídicas organizaciones sociales y por fidedignos movimientos sociales. Cuando el “gobierno progresista” pierde la convocatoria, al mostrarse parecido a los gobiernos anteriores, sobre todo por sus prácticas, no tanto por sus discursos, cuando llega el desencanto y opta por la expansión de las redes clientelares, la fuerza que tenía es carcomida por dentro. Es más, cuando considera que puede improvisar organizaciones sociales afines, que le sean fieles, boicoteando las prácticas sindicales y las prácticas comunitarias, el vaciamiento por dentro va más lejos, a tal punto que destruye la cohesión social, el tejido social de las organizaciones, al destruir la democracia sindical y comunitaria. Entonces se queda sin organizaciones sociales, solo tiene la fachada, ocupada por dirigentes chutos, que no representan a nadie, salvo a las pulsiones delirantes del jefe.

Esto aplica a los casos de Nicaragua, Bolivia y aún Venezuela.