En junio de 2018, los pueblos mayas de la península ganaron definitivamente un proceso judicial contra el llamado “Acuerdo para la sustentabilidad de la península de Yucatán” (ASPY), que fue declarado “insubsistente” por un Tribunal de Quintana Roo, hasta que las autoridades cumplan las condiciones de la demanda que emprendieron las organizaciones del Consejo Regional Indígena Maya de Bacalar, la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Muuch´Xíimbal y el Colectivo de Semillas Nativas Muuch Kanan I´ínaj, acompañados por la organización Educe y asistidos jurídicamente por el abogado Raymundo Espinosa de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales.
Paradójicamente, ante su victoria, los pueblos mayas recibieron críticas y nuevos ataques de parte de autoridades, de grandes ONG e instituciones, acusándolos de oponerse a la “sustentabilidad” en la península.