Se ha convertido en lugar común en el discurso de la clase política, cuando de pueblos originarios se trata, repetir como conjuro mágico: ¡Se cumplirán los Acuerdos de San Andrés! Si en verdad éste fuera uno de los objetivos del próximo gobierno, ¿qué significaría semejante paso, más allá de la retórica que omite contextos históricos y realidades estructurales, o se limita a formalismos jurídicos intrascendentes?