La ONU-DH considera que en primera instancia la administración de justicia no habría observado en todas sus dimensiones el derecho al debido proceso legal de Lorenzo Sánchez Berriozábal, Marco Antonio Pérez González y Dominga González Martínez, personas defensoras indígenas nahua de Tlanixco, quienes fueron condenadas a 50 años de prisión el 27 de noviembre de 2017.[1]El actual proceso de apelación es una oportunidad única para que el Poder Judicial repare los derechos violados.