Hasta ahora, participar en el proceso de consulta popular del Proyecto de Constitución de la República de Cuba, que comenzó en el país el 13 de agosto y concluirá el 15 de noviembre, más que un ejercicio democrático, parece un acto de fe. Ningún ciudadano cubano cuenta con la garantía de que sus opiniones serán consideradas por quienes elaboren la versión definitiva de la Carta Magna, ni de que sus propuestas –eliminar, agregar o modificar algún artículo– serán incluidas en caso de coincidir con las propuestas de una mayoría.