En el mes de octubre hubo dos noticias muy importantes respecto de Vaca Muerta, cuyo contraste merece ser notado. Por un lado, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU emitió un informe muy preocupante sobre la explotación de combustibles fósiles no convencionales en dicha zona, mediante el fracking. Por otro lado, el gobierno avanzó aún más en lo que llama, de modo sugestivo, el “blindaje” a Vaca Muerta.
En 2017 asistimos a la desaparición y muerte por ahogamiento de Santiago Maldonado en un contexto de represión, y al posterior asesinato de Rafael Nahuel en el lago Mascardi, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, por parte de las fuerzas de seguridad estatal. Luego de eso, a principios de 2018, el gobierno fue por más: después de difundir un informe sobre la supuesta RAM (Resistencia Ancestral Mapuche), realizado sin rigor investigativo y con argumentos notoriamente endebles, creó un comando con fuerzas de seguridad de carácter interprovincial y nacional, cuyo objetivo es combatir al “enemigo interno”, de carácter “etnonacionalista”. El objetivo es claro: se trata de disociar las demandas de los mapuches de la defensa de los derechos humanos y colectivos, asociándolos a la violencia, creando un nuevo adversario interno, el “enemigo mapuche”.