Si el Estado no recoge, procesa y negocia sus demandas de reparación y reconocimiento, no habrá paz, convivencia civil y progreso en la Araucanía.
El actual conflicto entre el pueblo mapuche y el Estado de Chile tiene su origen en 1866, año en que por ley se determinó que todos los territorios al sur del Biobío pasaban a ser de propiedad fiscal. Dicha disposición contravenía más de tres siglos de política colonial y republicana, que a través de sucesivos Parlamentos, estableció la soberanía colonial y republicana sobre los territorios indígenas, a cambio del reconocimiento a las comunidades mapuches de la completa autonomía territorial y de autogobierno local. El último Parlamento fue celebrado en Tapihue en 1825 en el que se firmó un Tratado de Paz entre la joven República y el Lonko Francisco Marihuán, donde se señala de manera explícita que “el Biobío es la línea divisoria entre estos dos nuevos aliados hermanos”.