Los análisis y la atención de la opinión pública nacional sobre la ley de organizaciones políticas (Nº 1096 de septiembre de 2018), se han concentrado principalmente en las razones que precipitaron su rápida aprobación, como en los efectos y consecuencias inmediatas de su aplicación y puesta en vigencia.
La razón más obvia y descarada para su rápida aprobación, ha sido que esta norma es la nueva excusa y el más oportuno instrumento encontrado por el oficialismo para legitimar su candidatura anticonstitucional y antidemocrática. Pero al mismo tiempo, ese mismo instrumento le permitió anular, deshacerse y dejar fuera de juego al movimiento ciudadano movilizado que, como un actor protagónico emergente (vía plataformas, colectivos y grupos ciudadanos autoconvocados), se había convertido en una gran pesadilla para el gobierno por su defensa del 21F y la democracia. Tanto así que paralizaron el país en varias ocasiones.