El gobierno venezolano oficializó la puesta en marcha de un proyecto para la expansión de la minería en diferentes escalas al sur de Venezuela, específicamente en el área norte de nuestra Amazonía. Pueblos indígenas, movimientos sociales, organizaciones ambientales, académicos, congregaciones religiosas y diferentes agrupaciones civiles se oponen firmemente a este proyecto, alegando que con el mismo se sacrifica la existencia de las comunidades indígenas, las reservas de agua dulce más importantes del país y la biodiversidad de la región. En medio de una grave crisis política, económica y social que también ha debilitado a las luchas socio-ambientales, tales actores plantean la necesidad de promover el debate nacional acerca del tipo de desarrollo y el modelo económico más idóneo para la sociedad venezolana.